En Medellín, Ituango (Nordeste Antioqueño) y el Oriente Antioqueño también se hizo bulla el 14 de marzo, Día internacional de acción contra las represas, por los ríos, el agua y la vida. Medellín fue el lugar de concentración de gran parte del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y de los Afectados por Represas ¡Ríos Vivos! y Granada fue el lugar de la movilización del Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza contra las hidroeléctricas.

El Movimiento ¡Ríos Vivos! está compuesto, entre otras organizaciones, por la Mesa de Integración de Organizaciones Sociales de Ituango que surgió ante los impactos sociales, ambientales y económicos en los inicios del proyecto hidroeléctrico Hidroituango; la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG), afectados por el proyecto energético Urrá y amenazados por Urrá II; también los afectados por las represas de Anchicayá o el “gran berrugoso”, como lo llaman las comunidades de esta región; los afectados con la construcción de la represa El Quimbo (Huila); el movimiento social por la defensa del río Sogamoso; y habitantes de Puerto Wilches afectados por Hidrosogamoso. También se hicieron notar en la concentración habitantes de La Dorada (Caldas) con una colorida pancarta alertando sobre las consecuencias del transvase del río Guarinó hacia la represa La Miel, en límites con Honda (Tolima).

En el acto cultural sobresalieron las marimbas y voces de mujeres afrodescendientes con el grupo artístico “Remolinos del Ovejas” del municipio de Suárez (Cauca) afectado por la represa La Salvajina y los músicos de la comunidad Inga Kametza (Putumayo). Igual de importante fue el acompañamiento del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y pobladores de Caramanta (limítrofe con el departamento de Caldas) y otros municipios agrupados en el Cinturón Occidental Ambiental (COA); lo mismo que el acompañamiento de algunos sindicatos del sector energético, de estudiantes y de quienes, frente a la construcción del túnel de oriente, dicen «preferimos agua para toda la vida que ahorrar 20 minutos de viaje».

En la tarde se realizó el Foro “¡Agua, Energía y Minería: Gobierno, instituciones, academia y comunidades al debate!”. Allí se escucharon muchas propuestas que tuvieron como eje de discusión la participación comunitaria en los planes de desarrollo territorial, los megaproyectos y las alternativas desde los sectores sociales.

Los afectados por el proyecto El Quimbo proponen que se conserve «una reserva campesina agroalimentaria». En respuesta a la explotación minera de las trasnacionales que han nombrado los territorios comprendidos entre Antioquia y Caldas “Cinturón occidental de oro”, el movimiento Cinturón Occidental Ambiental continuará concienciando en su región la necesidad de defender el territorio y la vida frente a la irrupción del plan minero: reuniones en comunidades estratégicas, caminatas ecológicas con temas dirigidos hacia la protección del ambiente, programas de radio y televisión, entre otras, son propuestas a seguir desarrollando.

¡Ríos Vivos! plantea mantener el apoyo entre las diversas luchas contra los grandes proyectos hidroeléctricos, luchar por el cumplimiento de los acuerdos de ley entre comunidades y las empresas durante su construcción y manejo, además de mantener la pugna por el desmantelamiento de la represa Urrá y la no construcción del proyecto Sinú (Urrá II). Como ya hay suficiente capacidad energética instalada en el país el planteamiento es maximizar su eficiencia y consumir menos y se seguirán impulsando debates públicos nacionales sobre la política minero-energética para construir propuestas de soberanía energética e hídrica que partan del reconocimiento de los saberes ancestrales y la particularidad de cada territorio, en función de preservar la vida y satisfacer las necesidades de la gente por encima del crecimiento económico y las políticas gubernamentales. Estas y más propuestas se dan en torno a la necesidad de transformar la matriz energética en el marco de un nuevo paradigma de desarrollo.

Por otro lado, en el municipio de Granada se realizó el pasado 19 de marzo el Festival del Agua enmarcado en esta jornada de protesta y organizado por el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza con la consigna “Por la dignidad, la defensa del territorio, los recursos naturales y en oposición al despojo en la zona que produce el 35 % de la energía del país: el Oriente Antioqueño”. Allí se movilizaron más de 1.000 campesinos que llegaron en chivas y buses desde diferentes veredas de municipios como San Francisco, Cocorná, San Luis, San Carlos, El Santuario, Carmen de Viboral e incluso desde Medellín. El coliseo municipal fue el sitio de concentración.

Fue todo un ejercicio de reflexión y acción realizado con el objetivo y «la necesidad de acompañar la lucha de las comunidades de Granada a partir de la visibilización de la amenaza común que implica la construcción de hidroeléctricas y de la persecución en su contra, especialmente en Granada». Así lo reafirmaron en la lectura del documento base del evento quienes en representación de algunas de las organizaciones que defienden la vida en aquel municipio animaron al vecindario a vincularse a las iniciativas locales tanto en defensa de sus aguas como a las surgidas de la necesidad de memoria colectiva. La Asociación de Víctimas de Granada (ASOVIDA), fundadora del Salón del Nunca Más, propuso la creación de «un espacio para recordar y dignificar a las víctimas de homicidio, desaparición forzada y otros crímenes en este municipio».

La lectura de un comunicado del Comité de Vida, Territorio y Servicios Públicos (COMVITE SSPP) nos permite saber que «en Granada nos dispusimos en un ejercicio de reflexión y planeación desde la comunidad misma para priorizar a través de mandatos populares las necesidades y estrategias de construcción de municipio con vida digna, lográndose sintetizar la agenda política nuestro municipio La Casa de Todos» que exige en su principal mandato «protección y defensa de los recursos naturales como fuente de vida y riqueza para la comunidad». En otros de sus mandatos están la agenda de víctimas vinculada con la defensa de la propiedad colectiva de su entorno sobre si «la lucha regional de los municipios del Oriente se resume en una aspiración legítima y respaldada históricamente: Oriente quiere ser provincia … varios municipios unidos por vivencias históricas, culturales y territoriales», relata por los micrófonos otro de sus habitantes.

Al final del festival varios grupos artísticos hicieron bailar y sonreír a muchos asistentes animándolos a salir en comparsa con pitos haciendo bulla por algunas cuadras. Entre estos grupos contamos a los músicos de Carmen de Viboral, el grupo de El Santuario, Bakuru Kariyú — o madera cantora en lengua Emberá— con música andina; un trío de cuerda de señores de Cocorná; un grupo de jóvenes del municipio de San Francisco que realizó una representación teatral acerca de la resistencia ante el despojo del agua y el grupo “Renacer de la magia”, de Medellín, aparte de versos y poemas de campesinos.

La consigna que se quedó gravada en los asistentes a esta movilización fue que «los proyectos hidroeléctricos nos generan desarraigo y pobreza, no queremos más represas». En la subregión de embalses del Oriente Antioqueño hay cinco centrales hidroeléctricas, entre ellas el complejo hidroeléctrico Guatapé-Playas, que genera 621 Megawatios (MW) y está en operación desde 1988; es propiedad de Empresas Públicas de Medellín y ha sido elegido por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) como la obra de ingeniería más destacada del siglo XX. Propiedad de Isagen son las represas de Calderas (26 MW), Jaguas (170 MW) y San Carlos (1.240 MW), la de mayor capacidad instalada en el país.

El Oriente Antioqueño, y en particular Granada, ha sido despensa agrícola de Medellín aún después del conflicto armado, alimentado en gran medida por la construcción de esos complejos hidroeléctricos, resaltándose por ejemplo que desde inicios de su construcción fueron arrojados muchos líderes sociales y campesinos decapitados a la presa Punchiná (una de las represas de la Central San Carlos). La región es hoy por hoy, aparte de importante para la producción y exportación de energía, una de las zonas con más altos índices de violencia. En las denuncias hechas por campesinos al Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel) y a la Fiscalía, entre otros entes, se conoció que entre agosto de 2002 y junio de 2006 tuvieron lugar cerca de 110 ejecuciones extrajudiciales —entre las que se cuentan personas con discapacidad física— que comprometían a tropas adscritas a la IV Brigada de Medellín. De esas ejecuciones, el 48% ocurrieron en la subregión de embalses (Granada, Guatapé, el Peñol, San Carlos y San Rafael) y la mayoría en Granada. Eso sin conocerse la dimensión del desplazamiento en las últimas décadas, ni de los campos desolados y sembrados por guerrilla y paramilitares con minas antipersona. Muchas familias y sus descendientes habitan hoy las periferias y sitios más excluidos de la ciudad de Medellín, Bello, entre otros municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, y no tienen ni energía eléctrica ni acueducto.

Que el ciento por ciento de la población de Granada fue afectada por la violencia de guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas estatales fue una conclusión del primer informe de la práctica solidaria para la atención psicosocial de la población afectada por el conflicto armado en el municipio de Granada fruto de la alianza Cooperativa de Ahorro y Crédito Coogranada-Alcaldía de Granada y la Universidad de Antioquia. Según Ignacio Jaramillo, estudiante de Trabajo Social y actual coordinador de la práctica en Granada, «estamos en cerca de 11 veredas de la Cuenca de Calderas (ubicación de la Central Calderas), donde había mucha población y dinámicas comunitarias», y en pleno periodo de «tensa calma», aún «cuentan con una fuerte capacidad organizativa, pero con dificultades de convivencia como secuelas del conflicto». Por ello, su idea es ayudar en la recuperación del tejido social y la desestigmatizacion de la juventud. Y es que por el mero hecho de ser joven y vivir en la cuenca de Calderas o el corregimiento de Santa Ana «te abaleaban y tildaban de colaborador paramilitar, o guerrillero», lo que incidió en la ruptura de la convivencia.

Para uno de los representantes de Sindicato de Trabajadores de Interconexion Eléctrica S.A (SINTRAISA) vinculado al Equipo Departamental de Servicios Públicos, en un territorio «que necesitan para explotar las caídas de agua, la riqueza de minerales, bosques y el potencial de desarrollo de sus comunidades», 40 años luego de los primeros embalses, «nos preguntamos el porqué las tarifas eléctricas en el Oriente Antioqueño hasta hace dos años eran tal vez las más caras en Colombia».

Consignas como «si el agua es vida, no la vendamos ni la rifemos ni a las empresas se las entreguemos» surgieron del conocimiento de las decenas de solicitudes para la construcción de microcentrales eléctricas hechas a la Corporación Regional de los ríos Rionegro y Nare (CORNARE), muchas de ellas resueltas en concesión de aguas a diferentes empresas. Están por aprobarse licencias ambientales a la trasnacional Integrales Ltda. para construir dos grandes proyectos: Porvenir I (que pretende generar 394 MW) a partir del represamiento del río Calderas inundando más de 5.000 hectáreas limítrofes de municipios de San Luis, San Francisco, Cocorná (con tres microcentrales en el río Santo Domingo) y Sonson. Además, dicho proyecto requiere del desvío de un tramo de la autopista Medellín-Bogotá.

Porvenir II (que generaría 306 MW) pretende ser nutrida por el río Samaná, en jurisdicción de San Luis, Puerto Nare y San Carlos y requiere inundar 2.500 hectáreas. Se proyecta una microcentral en el cañón del Melcocho (Carmen de Viboral) y en Granada la alerta es ante la entrega de los ríos San Matías y Tafetanes a HMV Ingenieros Ltda. Según explican sus afectados, con el proceso de enfriamiento por las inundaciones se impide la actividad agropecuaria y estas tierras serán aprovechadas por los más ricos para construir fincas de recreo; además, la gente será desplazada de cualquier forma con los altos impuestos que genera el Estado sobre las tierras en zona destinada al turismo.

Frente a posibles nuevos desplazamientos producidos con esos embalses y microcentrales proyectadas y el consiguiente arrasamiento de sus cultivos, el Festival expresó la «negativa de las comunidades del Oriente Antioqueño ante la construcción de proyectos que amenazan su permanencia en el territorio, además de su posición de defensa de los ríos Cocorná, Santo Domingo, Tafetanes, San Matías, Samaná, El Melcocho y demás ríos y quebradas» que brindan acueductos comunitarios y campesinos construidos con su esfuerzo.

Los habitantes de esta zona, agrupados en la Asociación de Productores Agropecuarios del Oriente Antioqueño (ASOPROA), afirmaron que seguirán trabajando junto a la Asociación Campesina de Antioquia la defensa de los valores campesinos y la resistencia a través de foros, encuentros, festivales y acuerdos en las veredas y de manera general acogerán la consigna por la defensa de los recursos naturales, el territorio y contra despojo. «Como hijos de la provincia del agua del Oriente Antioqueño asumimos que el agua es para tomarla y la tierra para sembrar comida como lo han hecho nuestros tíos y abuelos».