Ituango, 16 de Abril de 2012
Señor:
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Bogotá – Colombia
Asunto: Violación de derechos a comerciantes y ciudadanos en el municipio de Ituango Antioquia.
Los comerciantes y la comunidad del municipio de Ituango queremos poner en su conocimiento algunas situaciones que se vienen presentando en nuestro territorio de forma sistemática, que violan derechos fundamentales y nos ponen en riesgo como población.
Es de resaltar que como ciudadanos de Colombia acatamos, respetamos y legitimamos la institucionalidad del Estado, la cual hace presencia en nuestro municipio y la vemos como una necesidad y un derecho.
Es de amplio conocimiento la delicada situación de orden público en Ituango, hay presencia de grupos al margen de la ley, una alta presencia militar, y enfrentamientos regulares y bajo diversas modalidades, con cada vez mayor presencia en los cascos urbanos que generan un riesgo permanente para la vida de los ciudadanos y ciudadanas, ya se han presentado múltiples heridos y heridas civiles en los enfrentamientos. Los y las habitantes del municipio vivimos en permanente zozobra y vemos con preocupación la agudización del conflicto.
Queremos describir algunos de los hechos que se vienen presentando desde hace mucho tiempo y que están violando nuestros derechos como ciudadanos.
Los desplazamientos a causa del conflicto son constantes, familias enteras son obligadas a abandonar sus territorios cada semana a causa del conflicto armado, las diferentes amenazas son la principal razón, no hay garantías para que podamos habitar el territorio.
La fuerza pública bloquea y controla el abastecimiento de alimentos, insumos agrícolas, ropa, materiales para la construcción de los campesinos Ituanguinos, los somete a hacer tramites y filas que en muchas ocasiones no son realizadas de una manera ágil de modo que el campesino pueda viajar en el transporte que lo lleva a su verada, ocasionando con esto un incremento en los gastos, ya que deben viajar al día siguiente y en ocasiones sin los productos que requieren para sus familias y sus fincas; empadronamientos, requisas e indagatorias irrespetuosas donde se les acusa de ser auxiliadores de grupos armados al margen de la ley, son fotografiados y reseñados permanentemente.
Las personas son sometidas a constantes requisas las cuales se convierten en muchas ocasiones en golpizas, maltratos y señalamientos por parte de la fuerza pública.
Las calles del municipio son cerradas con cintas reflectivas, vallas y obstáculos corto punzantes, impidiendo la circulación de vehículos y peatones por más de 8 calles de la zona urbana del municipio y en el corregimiento de Santa Rita es cerrada la única calle del centro urbano sin que medie decreto o resolución alguna de la autoridad competente, los peatones que intentan pasar por estas calles son maltratados verbal y físicamente por los agentes de la Policía Nacional que prestan guardia aunque los ciudadanos sean reconocidos como vecinos del sector en donde se ubica la fuerza pública, las personas son obligadas a recorrer grandes trayectos oscuros y peligrosos para poder llegar a sus casas, los establecimientos comerciales pierden sus clientelas, pues nadie quiere someterse a estos abusos.
La agresión y acoso a comerciantes, transportadores y ciudadanos es constante, tal es el caso de RAUL DE JESUS TABARES AMAYA de profesión moto taxista, el cual fue capturado y presentado como miliciano de las Farc y luego dejado en libertad por un Juez, en los días posteriores a estos hechos fue sometido a constantes requisa, golpizas, insultos y amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional, este denunció ante la personería municipal y en una reunión citada para discutir la problemática que se presenta con la fuerza pública, en las instalaciones del Concejo Municipal el pasado13 de Abril, manifestó que “tendría que abandonar el municipio por que temía por su vida”, en la reunión se encontraba la personera municipal ASTRID ELENA GARCIA ANGULO, el alcalde JAIME ELIAS MONTOYA LONDOÑO, el secretario de gobierno GERMAN AREIZA, los concejal DAIRO CORREA, HERNAN ALVAREZ, GILBERTO RESTREPO, representantes de algunas organizaciones sociales como la Asociación de comerciantes de Ituango “ASCOMI”, la Asociación de cacaoteros de Ituango “ASOCAI”, la Asociación de mujeres ideales de Ituango “AMII”, la Asociación de productores agrícolas de Ituango “ASOPRAI”, la Asociación de pequeños ganaderos de Ituango “ASOGADI” y miembros de la comunidad en general. A la salida de dicha reunión el joven JUAN ESTEBAN CIRO, administrador de un establecimiento comercial, fue agredido brutalmente por varios agentes de la Policía Nacional los cuales responden a los apellidos de LOPEZ, miembro de la SIJIN, VILLA, sargento de la Policía, quienes sin mediar palabras desaseguraron sus fusiles y apuntándole e insultándolo lo agredieron delante de los transeúntes que pasaban por la calle peatonal (una de las principales calles del municipio), al lugar hizo presencia el concejal GILBERTO RESTREPO, el cual llamó a la personera ASTRID GARCIA, para que tomara cartas en el asunto, esta hizo presencia inmediata y la acción que tomo fue llevar al agredido ante los agresores a un careo, donde el capitán de la Policía, manifestó que la acción había sido fruto de una llamada anónima donde le manifestaron que en el establecimiento se encontraba el responsable de tirar el artefacto explosivo que detonaron en cercanías a la Institución Educativa Pedro Nel Ospina de la cabecera municipal el día anterior, cabe anotar que la personera ASTRID GARCIA no recibió la denuncia de JUAN ESTEBAN CIRO por escrito, por lo tanto no reposa documento alguno, otro hecho extraño es la actitud del fiscal seccional IVAN ALBERTO JURADO, quien respondió a JUAN ESTEBAN CIRO cuando este fue a realizar la denuncia respectiva ante la actitud de la personera, el martes 17 de Abril, que “debía venir al día siguiente con el agente LOPEZ a las 4 de la tarde”, ante lo cual el joven sintió temor y no se presentó.
Se hacen capturas masivas sin pruebas contundentes, estigmatizado a comunidades enteras por parte de la fuerza pública, retenciones sin que haya reporte alguno.
Por estas situaciones y muchas más los habitantes del municipio de Ituango, Antioquia solicitamos que se haga presente una comisión de derechos humanos para que atienda y verifique estas denuncias, que se busque alternativas de solución y que haya un acompañamiento constante a las comunidades, ya que este ambiente de conflicto ha hecho que en muchas ocasiones la fuerza pública se desborde en sus funciones y la personería municipal se muestra pasiva ante los hechos.
“No puede olvidarse que el manejo del orden público, en el cual los cuerpos armados prestan valioso concurso y apoyo a la autoridad civil, es una función constitucionala cuya cabeza se encuentra el Presidente de la República (art. 189, numeral 4, C.P.), ni que, en cuanto lo es y por serlo, está sometida a la Constitución en todo tiempo, sin que ese sometimiento se pierda o desdibuje en circunstancias de guerra o conmoción interior (arts. 1, 4, 6, 212, 213, 214, 216 y 217 C.P., entre otros)”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-257 del 28 de mayo de 1997).” Sentencia T-303/97.
Cordialmente,
Comerciantes y comunidad del municipio de Ituango.