El lunes 28 de enero de 2019, Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, presentó a representantes de la Caja de fondos públicos de Quebec (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) denuncias relacionadas a la construcción de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, bajo la responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El propósito de la reunión con la Caja fue garantizar que representantes de los propios movimientos sociales colombianos pudieran señalar la responsabilidad de empresas y de fondos extranjeros en las violaciones de derechos humanos e impactos ambientales relacionados a proyectos donde inciden.
Además de Isabela Zuleta, participaron de la reunión: Francisco Ramírez Cuellar, abogado responsable de acciones legales internacionales del Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales y Transnacionales, y representantes de organizaciones sindicales y de la sociedad civil canadiense : el sindicato Métallos, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Quebec (FTQ) y el Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), que hace muchos años acompaña las demandas del Movimiento Ríos Vivos por visibilidad, responsabilización y justicia por los crímenes cometidos contra miles de personas afectadas por el proyecto Hidroituango.
Hidroituango y la CDPQ
Hace un año, en enero de 2018, la CDPQ lanzó un comunicado anunciando el préstamo de 313 millones de dólares canadienses a EPM para contribuir con el proyecto de Hidroituango. En ese mismo documento, la Caja se refirió a EPM como una compañía de excelente reputación, de gran experiencia y que apoya soluciones energéticas sostenibles.
Sin embargo, Isabela Zuleta, como vocera del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a comunidades afectadas por la obra de Hidroituango, presentó muchos elementos y datos que demuestran lo contrario. De hecho, desde su implantación en 2010, dicho proyecto hidroeléctrico ha dejado un rastro de destrucción en términos ambientales y sociales, como desplazamiento forzado, persecución, desapariciones y asesinatos de líderes sociales opositores a la obra
Isabela Zuleta señaló tres principales problemas relacionados al megaproyecto :
En primer lugar, los daños sociales y psicológicos que afligen las personas de las zonas afectadas en razón de la angustia y zozobra por el riesgo al que están siendo sometidas desde hace ya casi un año, por el conflicto armado y la violencia socio-política que Hidroituango ha exacerbado, por los desplazamientos forzados (aún sin ningún tipo de compensación o reparación), ausencia de participación e información real y suficiente de las comunidades en las decisiones que les afectan, por los ataques a la organización social que agrupa a comunidades afectadas, asesinatos de líderes y por el hecho de que en la zona de afectación hay más de dos mil personas desaparecidas y cientos de cadáveres se conoce que fueron enterrados en las riberas del río Cauca hoy inundadas. La pérdida de sus trabajos, medios de vida y subsistencia para las comunidades que hoy está generando hambre y empobrecimiento de la población.
A ese respecto, el abogado Ramírez Cuellar añadió que en la región hubo fuerte presencia de grupos de mercenarios, militares y paramilitares del gobierno y de las multinacionales que dieron como resultado la muerte de más de 1000 personas. Además, el agua de la represa habría tapado muchas fosas comunes, impidiendo que las familias puedan encontrar y velar sus parientes muertos.
El segundo punto señalado por Isabela Zuleta fueron los daños ambientales. Aunque el proyecto de Hidroituango sea difundido como “sostenible y generador de energía limpia”, ha ocasionado considerables pérdidas agrícolas y en la cantidad de peces que en los últimos días se calcula una mortandad superior a los 100.000 ejemplares. Además, en la inmensa extensión de la obra de Hidroituango fue inundado el bosque seco tropical (que está en vía de extinción en el planeta y conserva especies endémicas) que EPM se negó a retirar en su totalidad generando gas metano que es 34 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de generación de gases de efecto invernadero que es liberado por la descomposición de la materia orgánica inundada. Así, los daños a considerar no se restringen al nivel local, sino también global.
Isabel destacó igualmente que el megaproyecto es inviable también en términos técnicos. Desde abril 2018 hay una alerta de inminente ruptura que podría convertirse en una catástrofe social y medioambiental de gran envergadura. Esta ruptura provocaría el desplazamiento y pondría en riesgo la vida de alrededor de 300 mil personas. Según Zuleta, investigadores/expertos independientes que acompañan al Movimiento afirman que, al contrario de lo que dicen públicamente la empresa, hay muchos indicios de que la montaña que sostiene la presa y contiene las obras principales podría desplomarse y que la población no está informada de procedimientos de seguridad.
“El año pasado, 2018, ha sido uno de los peores para el movimiento. Al contrario de lo que se esperaba, después del inicio de las negociaciones para el acuerdo de paz, hubo el recrudecimiento de la violencia hacia poblaciones que se oponen a los grandes proyectos. En el momento del llenado del embalse fueron asesinados dos líderes comunitarios y cuatro parientes de activistas.”
Delante de esos datos y denuncias, y en el contexto de un recién anuncio de la CDPQ de más de 500 millones de dólares en proyectos de infraestructura en Colombia, Marie-Eve Marleau, del CDHAL, preguntó a los representantes de la CDPQ por qué el fondo había elegido seguir invirtiendo en Colombia, un país reconocido por violaciones de derechos humanos y corrupción de gobernantes. Denise Gagnon, de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Quebec (FTQ), y Daniel Mallette, de la organización sindical Métallos, enfatizaron que, en el caso de Hidroituango, la mayor parte de los dólares invertidos por la CDPQ de hecho adviene de los fondos de pensión de casi toda la masa trabajadora de Quebec que no está a la par de los problemas sociales y ambientales en Colombia y seguramente no estaría de acuerdo.
Ante las preocupaciones, los representantes de la Caja de fondos de Quebec justificaron las inversiones en Colombia como una cuestión de diversificación de portafolio y, además, señaló el país como un mercado en crecimiento, justamente por los anuncios de los acuerdos de paz. Los ejecutivos del banco añadieron que la Caja presta dinero al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no directamente a la empresa EPM del gobierno colombiano, lo que limitaría su influencia, responsabilidad sobre las violaciones que ocurren en la región así como no representaría un gran riesgo en términos de inversión. Afirmaron también tener preocupación relativa a los problemas técnicos de la represa y solicitaron que Ríos Vivos Antioquia compartiera informes independientes.
Finalmente, los ejecutivos de la Caja expresaron que aún no han hecho el desembolso de los recursos a EPM, aunque la propia EPM haya publicado en su sitio Internet ya haber recibido 450 millones de dólares americanos como primer desembolso del crédito.
Reforzando reivindicaciones
El 13 de junio de 2018, el Comité por los derechos humanos en América Latina y el Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia realizaron una vigilia en frente de las oficinas de la Caja en Montreal en solidaridad con las comunidades afectadas. Una carta firmada por diecinueve organizaciones quebequenses, de Canadá y de América Latina con reivindicaciones dirigida a la CDPQ, a la embajada de Colombia en Canadá y al consulado de Colombia en Montreal fue puesta en mano a un miembro del comité de dirección, pero hasta hoy (febrero 2019) la CDPQ no se pronunció sobre el contenido. Presentamos aquí los principales puntos de la carta, que aún siguen actuales :
Que la CDPQ deje de apoyar con su financiación megaproyectos que generan graves impactos socioambientales y que vulnerabilizan los derechos humanos, como en el caso del proyecto Hidroituango.
Que sea ofrecida asistencia y garantías de seguridad a las poblaciones afectadas.
Que la licencia ambiental del megaproyecto sea suspendida y cancelada, una vez controlada el estado de emergencia, como lo han pedido las organizaciones locales.
Que haya una investigación rigurosa sobre los asesinatos ocurridos en la zona en cuestión y que sean condenadas las personas que cometieron los crímenes, así como las que los hayan planificado.
Que se garantice la protección, la seguridad y los derechos de los defensores y defensoras del agua, de la tierra y del medio ambiente en el cañón del río Cauca.
Este encuentro buscó exigir el retiro de estas inversiones de la Caja de fondos públicos de Quebec que contribuyen directamente a agravar los impactos sociales, ambientales y la violación de derechos humanos. Actualmente, diversas empresas extractivas se han visto involucradas en acusaciones por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y por lo tanto los movimientos sociales colombianos y la comunidad de solidaridad internacional de Canadá seguirán a presionar los agentes públicos y privados.
Fuentes:
Una guía rápida para entender lo que está pasando en Hidroituango [INFOGRAFÍA]
La Caisse appuie EPM, un producteur et distributeur d’électricité de premier plan en Colombie