 |
|||
| Aspecto de uno de los frentes de obra del proyecto Hidroituango. Foto: Verdadabierta |
Una difícil tarea tendrá la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín: investigar si las operaciones paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil favorecieron el desarrollo del proyecto de construcción de la hidroeléctrica más grande que tendrá el país, conocida como Hidroituango, actualmente en ejecución.
La petición fue hecha por la Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que presidió la audiencia de legalización de cargos contra José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘Caballo’ y ‘8-5’, excomandante del Frente Briceño del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), durante la cual se detalló cómo operó esta estructura armada ilegal en el Norte de Antioquia .
La legalización estuvo a cargo de Patricia Hernández, Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, quien afirmó que “el principal obstáculo para este proyecto, fue la presencia de la guerrilla. En 1996 entró el Bloque Mineros a Ituango y justo dos años después se constituyó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.”.
Esa sociedad se creó el 31 de diciembre de 1997 en la Gobernación de Antioquia, es decir, el último día de gobierno del entonces mandatario regional Álvaro Uribe Vélez. Para la historia del departamento, es una fecha clave, pues se comenzaba a concretar un sueño de la dirigencia antioqueña iniciado en 1969, cuando se hizo el primer estudio sobre el aprovechamiento del río Cauca para la generación de energía en la subregión del Norte. En la actualidad, el proyecto es de propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y pequeños socios, del sector público y privado.
Pero a la par que evolucionaba el proyecto, el avance paramilitar también lo hacía. La Fiscal 15 detalló que entre 1996 y 1998 se perpetraron por lo menos 15 masacres en los municipios de influencia de la futura hidroeléctrica. Las primeras tres ocurrieron en 1996; en 1997, se perpetraron cuatro más; y en 1998, se realizaron ocho asesinatos masivos. Los municipios afectados fueron Ituango, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, Olaya, Yarumal y San Andrés de Cuerquia, entre otros. Luego, hasta el año 2002, la constante fue asesinar campesinos de manera selectiva, acusados de auxiliar a las guerrillas de las Farc y el Eln.
Aunque la Fiscal Hernández no presentó las pruebas que podrían confirmar su hipótesis, explico algunas razones que la llevan a plantear que “lo más importante para este proyecto era lograr sacar a la guerrilla y como dicen los militares, pacificar la zona para poder darle vía libre a las obras”. A su juicio, “el trabajo sucio lo hicieron los paramilitares”.
Si bien el Bloque Mineros no pudo consolidar su dominio en Ituango, un municipio donde históricamente las Farc han tenido su santuario en los alrededores del Nudo del Paramillo, si logró hacerlo en municipios vecinos como Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia, desde donde mantuvieron la ofensiva contra la guerrilla, hasta cuando en el 2003 llegó a la región una brigada móvil y un grupo de contraguerrilla del Ejército.
Según Hernández, “la riqueza en recursos naturales (de esos municipios) ha sido un motivo para que grandes grupos económicos se interesen en explotarlos. La presencia de este capital natural y económico es una de las razones por la que los grupos armados ilegales han hecho presencia activa en estos lugares”.
Ante las hipótesis planteadas por la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz, la Magistrada que presidió la legalización de cargos afirmó que “es muy importante conocer quiénes fueron los primeros dueños de las acciones que luego compraría el Idea, la Gobernación de Antioquia y EPM”. Por esta razón, le ordenó a la Fiscal investigar quiénes era los dueños de las acciones que adquirieron las instituciones departamentales para rastrear el origen de los vendedores y la forma en la qué se realizó el negocio de la venta.
La composición acccionaria de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango está distribuida de la siguiente manera: El Instituto para el Desarrollo de Antioquia tiene el 52,89%; Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) el 46,47%; y un restante 0,64% está en poder de otros accionistas, entre públicos y privados.
Al respecto, la Magistrada le solicitó a la Fiscal 15 identificar “quiénes son esos otros accionistas” con el fin de investigar si alguno tuvo relaciones con los paramilitares o se vio beneficiado por las acciones perpetradas por las Auc, a través del Bloque Mineros.
La hidroeléctrica de Ituango, una vez concluida, será la más grande del país, tanto en extensión como en capacidad para generar electricidad: la casa de máquinas albergará 8 turbinas, capaces de generar 2.400 megavatios de energía; el embalse tendrá una longitud de 75 kilómetros, que contendrá 2.700 millones de metros cúbicos de agua; la cuenca, incluyendo las zonas de protección, cubre 12.800 hectáreas; y la presa tendrá una altura de 225 metros. Se estima que tendrá un costo final de 5.500 millones de dólares.
El proyecto está localizado a 171 kilómetros de Medellín y beneficiará de manera directa a los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Briceño, Yarumal, Sabanalarga, Peque, Buriticá, Liborina, Santa Fe de Antioquia y Olaya.
Tras la desmovilización de los paramilitares del Bloque Mineros el 20 de enero de 2006, cobraron protagonismo nuevamente el Frente 36 de las Farc y algunas bandas criminales emergentes, que se establecieron en los sitios estratégicos para el control de la producción y el tráfico de la droga. Actualmente la zona está siendo asegurada por cerca de 2.000 hombres del Ejército.
Se espera que en próximos meses, los resultados de las investigaciones solicitadas por la Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sean presentadas por la Fiscalía 15, momento en el cual se comenzarán a tomar decisiones con respecto a la apertura o no de procesos penales contra aquellos que resultasen ligados al Bloque Mineros de las Auc.