Con gran esperanza en la búsqueda de la verdad, la justicia y garantías de no repetición diferentes organizaciones como El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado —MOVICE— el Movimiento Ríos Vivos y la Corporación Jurídica Libertad —CJL—, entre otras solicitamos ante la JEP medidas cautelares de 16 lugares en Colombia en los cuales se presume fueron inhumadas víctimas de desaparición forzada ocurridas en el marco o con ocasión del conflicto. Entre ellas, los casos de La Escombrera y La Arenera en la Comuna Trece de Medellín y los municipios afectados por el megaproyecto Hidroituango en al menos tres subregiones de Antioquia occidente, norte y bajo Cauca.
La solicitud se fundamenta en el derecho de los familiares y sociedad en general a exigir que se desplieguen todas las acciones posibles para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de las víctimas; y cuando hayan sido ubicadas, la exhumación, identificación y entrega digna de sus restos a las familias. Si bien hemos coordinado acciones con la Fiscalía General de la Nación, en particular con el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE), de la Dirección de Justicia Transicional, consideramos que es fundamental que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición —SIVJRNR— realice todas las acciones pertinentes para garantizar los derechos de las víctimas, tal como quedó establecido en el Acuerdo de Paz. El otorgamiento de medidas de cuidado, prevención y preservación por parte de la JEP genera condiciones para el desarrollo de los planes de búsqueda que posteriormente adelantará la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), con la cual se están coordinando acciones pertinentes.
Es de público conocimiento la magnitud de las desapariciones forzadas en todo Antioquia y en particular en la Comuna Trece y las zonas afectadas por Hidroituango. Sin embargo, las acciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación (FGN) y demás entidades encargadas no se corresponden con la magnitud del problema. Aunque la FGN señala que existen planes de búsqueda, la verdad es que no se cuenta con una estrategia clara que evidencie avances para encontrar a las personas desaparecidas, muchos de los casos permanecen en total impunidad. Insistentemente hemos denunciado la falta de continuidad en las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas de la Comuna Trece y cómo los riesgos generados por el proyecto Hidroituango están dejando sin esperanza de hallar a sus seres queridos a cientos de familias.
En el caso particular de Hidroituango, desde el año 2009 el Movimiento Ríos Vivos ha denunciado los riesgos que genera este proyecto no sólo en materia ambiental, sino también en la afectación para las familias campesinas que buscan a sus seres queridos. Fue de público conocimiento que, en el 2010, hallaron una fosa común con 10 cuerpos cuando Empresas Públicas de Medellín EPM construía uno de los primeros campamentos. En el escrito presentado a la JEP se señala como “las comunidades identificaron que uno de los impactos de la mega obra era la afectación de sitios de enterramiento, fosas comunes, cementerios veredales e informales, iconos religiosos referentes de los sitios de los últimos lugares en donde se vio a los seres queridos o en donde fueron asesinados, lugares de duelo y memoria como los puentes Pescadero (entre Ituango y Toledo), La Garrucha (Entre Sabanalarga y Peque) y Puente Viejo (en Puerto Valdivia) que cruzan el río Cauca en donde ocurrieron masacres y han sido sitios recurrentes de sacrificio de personas arrojadas al río”.
En el año 2018 la misma Fiscalía reconoció la magnitud del problema, la cual fue corroborada por la Misión Internacional no gubernamental de Observación y verificación sobre las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas y preservación de las zonas donde se presumen están inhumados los cuerpos sin identificar a lo largo del cauce del cañón del río Cauca, Antioquia, Colombia.
Ante la inminencia del llenado del embalse, el Movimiento Ríos Vivos desplegó varias acciones para intentar proteger los derechos de las víctimas, entre ellas una solicitud radicada ante la JEP el 5 de febrero firmada por 533 habitantes de la zona afectada expresando su preocupación y haciendo un llamado puntual a la JEP. Una solicitud que previamente habían enviado a Fiscalía, Procuraduría, Defensora del Pueblo, el Gobierno Nacional e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien otorgó audiencia en el 168 periodo de sesiones de la CIDH el 9 de mayo de 2018 bajo el título de “Medidas para la Protección de Pruebas en Casos de Desaparición Forzada en Colombia”.
Son innumerables los esfuerzos que desde la sociedad civil hemos desarrollado para llamar la atención de la institucionalidad nacional e internacionalmente. A pesar de ello, son pocos los avances en la respuesta a estos llamados, y más aún, vemos a un sector del país encabezado por el presidente Iván Duque empecinado en que las víctimas no avancemos en la búsqueda de verdad y justicia.
Por lo anterior, valoramos que la JEP y la UBPD estén atendiendo nuestro llamado y creemos que es fundamental que las demás instituciones, en particular, la Fiscalía General de la Nación, se disponga a entablar un proceso de coordinación armónica con la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que permita avances concretos en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y el reconocimiento de los derechos de las víctimas.