Un fallo histórico que reafirma el medio ambiente como derecho humano fundamental y reconoce a todos los colombianos como víctimas de Hidroituango
Las medidas cautelares adoptadas por el Juez 75 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá, recogen nuestro sentir y solicitudes, se comprendieron y agruparon adecuadamente los derechos que están en juego y se han visto vulnerados por parte de Hidroituango S.A. E.S.P. y Empresas Públicas de Medellín (EPM), como el derecho a la vida, a la salud, al mínimo vital, a la vida en condiciones de dignidad, entre otros. El Juez señaló expresamente la participación de las víctimas en la ejecución de las medidas adoptadas como un derecho, lo que es un gran paso para nosotros como Movimiento quienes hemos sufrido la discriminación, exclusión e imposibilidad de participar de las decisiones que nos afectan por el hecho de ser opositores a la obra y denunciar sus múltiples irregularidades.
La Mesa Técnica ordenada por el juez para determinar la viabilidad o inviabilidad de la obra, las condiciones de estabilidad y posibilidades de superación del riesgo, son la esperanza para que cese por fin la incertidumbre y zozobra en la que hemos permanecido por tanto tiempo. El carácter urgente para instalarla en 5 días y de 60 días para que produzca resultados, expresa la inminencia del riesgo al que estamos sometidos. De igual forma al hacerla pública y someterla a la observación de medios de comunicación, permitirá contar con información cierta, clara y oportuna a través de audiencias para la presentación de reportes cada 10 días, garantizando la independencia de este espacio y superando el control de información que venía ejerciendo EPM.
Durante cuatro días como víctimas estuvimos participando de la Audiencia de Medidas Cautelares solicitadas por la Fiscalía, estas jornadas permitieron evidenciar como EPM niega, a pesar de la evidencia, el riesgo que un año después de haberse declarado la emergencia en la zona afectada aún sufrimos las comunidades víctimas del megaproyecto hidroeléctrico. La evidencia del riesgo y la vulneración de derechos fundamentales, condujo a la decisión del Juez de otorgar medidas cautelares, en ella se indica como la cadena de hechos irregulares y de crisis, el taponamiento de los dos lunes de desviación, la construcción y colapso del tercer túnel de desviación, el llenado súbito del embalse, la posterior creciente con las afectaciones ocasionadas, el cierre de las compuertas, la consecuente sequía del río Cauca y la muerte de miles de especies, son un presunto ilícito, ya que estos hechos se derivan de la construcción de las obras de la Galería Auxiliar de Desviación – GAD- sin Licencia Ambiental, lo que resulta ilegal y nos encontramos ante presuntos delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y al menos un fraude procesal; incluso llego a comparar esta situación que vivimos hoy, con la Minería ilegal que explota los recursos naturales sin ningún tipo de permiso para ello y por lo tanto sin contar con plan de mitigación y gestión real del riesgo.
Agradecemos la fortuna de que en Colombia existan jueces con la capacidad de comprensión de la naturaleza como víctima, de reconocer y valorar la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas y campesinas, de la importancia del agua, los ríos y su protección, de la diferencia entre el valor y el precio, aceptando que la existencia humana depende de nuestra relación con el medio que nos rodea y la responsabilidad con el planeta. Podemos afirmar que es el primer Juez Ambiental que hemos conocido y esperamos que todos los jueces del país tengan una conciencia tan elevada de su responsabilidad y obligaciones en la administración de justicia. Con todas las enseñanzas que nos dejó sobre la Constitución Política de Colombia tenemos como conclusión que esta no ha llegado al departamento de Antioquia
Esperamos como comunidades afectadas y víctimas de Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos que las autoridades locales, regionales y nacionales involucradas en las órdenes impartidas por el juez adopten medidas en consecuencia y de manera proporcional con la magnitud del riego que sufrimos, que nos tomen en cuenta y no nos excluyan más de las decisiones que afectan nuestra vida. El juez constitucional hizo énfasis en las víctimas y nuestros derechos por lo tanto no más discriminación hacia las mujeres, campesinos, pescadores, barequeros organizados en Ríos Vivos.