Los líderes, lideresas, campesinos, campesinas, comerciantes y organizaciones sociales del Municipio de Ituango, denunciamos a nivel nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en nuestro territorio:
1. El principal impacto de la construcción de la represa Pescadero Ituango ha sido la agudización del conflicto armado en la zona, en la disputa por un territorio en el que todos los grupos armados legales e ilegales con sus distintos intereses, se les ha olvido que en medio están las comunidades, los enfrentamientos entre la fuerza pública y la insurgencia prácticamente todas las semanas, bombardeos, aumento de accidentes e incidentes por minas antipersonal y por consiguiente las hectáreas sembradas de estos artefactos lo que dificulta la movilidad de la población y pone en riesgo la producción agropecuaria, voladura de torres de energía eléctrica (5 municipios de la zona de influencia estuvieron tres semanas sin energía entre septiembre y octubre de 2011), con graves afectaciones para el comercio y la población en general, quema de buses de transporte público, vehículos y maquinaria del proyecto, aumento de la delincuencia común y casas de vicio en los municipios de la zona de incidencia del proyecto hidroeléctrico.
2. El blog http://colombialibresiempre.blogspot.com/ publicado en el pasado mes de junio de 2011 en internet en el que se expusieron listados con datos personales de más de 2000 pobladores de la región los cuales son señalados (as) de tener algún nexo con el grupo armado FARC-EP, entre los que se cuentan entre otros, líderes y lideresas pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Ituango, directivos de las Juntas de Acción Comunal, mujeres de la Asociación de Mujeres Ideales, integrantes de la Asociación de Comerciantes de Ituango y el representante legal de la Asociación de Pequeños Ganaderos de Ituango. De igual forma en este blog aparece publicada la base de datos de los campesinos que fueron desplazados de sus territorios en el año 2009, además de las bases de datos de funcionarios y funcionarias vinculados con entidades estatales.
Al respecto en el mes de Julio, 405 pobladores de Ituango que aparecían en esta lista enviaron derechos de petición a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, donde solicitaban se les comunicara si en contra de alguno de ellos había un proceso de investigación, la respuesta fue dada por la fiscal 8 especializada de Unidad Nacional contra los delitos de desaparición y desplazamiento forzado, a tan sólo 205 derechos de petición, se desconoce que ha ocurrido con el resto, además fue la misma para todos, desplazados (as) lideres, funcionarios (as) y demás grupos afectados por este hecho.
Llama la atención que no se haga ninguna referencia por parte de la Fiscalía Seccional de Antioquia a quien se dirigió el derecho de petición no a una unidad especializada en particular, al Blog en el que de manera ilegal se publicó información que está sólo en manos del Estado (base de datos de población desplazada de 2009, y las bases de de datos y nóminas de instituciones del estado, solicitadas en ese año por funcionarios del Das y el CTI). Además del absoluto silencio con relación a la publicación de informes de inteligencia en donde se leen actuaciones presuntamente irregulares de estos organismos.
Pese a que 32 grupos poblacionales entre habitantes de diferentes sectores del municipio y organizaciones sociales, en el mes de julio solicitaron por medio escrito al gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos el restablecimiento de los derechos vulnerados descolgando la información que se presentaba en el blog, además de las investigaciones necesarias y hasta tanto no se esclarecieran los hechos se brindara seguridad para las personas afectadas y las actividades que adelantan, esta petición no ha sido respondida a ninguno de los grupos y por el contrario, 3 meses después este portal sigue funcionando.
Este tipo de hechos afecta gravemente la labor de defensa de los derechos humanos, pues ponen en grave riesgo la vida de los líderes, liderezas, campesinos, campesinas y organizaciones sociales que en la actualidad se están organizando para defender el derecho al territorio, ya que en el Municipio se viene desarrollando el proyecto Hidroeléctrico Pescadero- Ituango.
3. Se denuncia que en la actualidad ocho (8) comerciantes de Ituango vienen siendo judicializados, por “concurso para delinquir y rebelión”, los cuales se encuentran con detención domiciliaria como medida de aseguramiento. En el escrito de acusación del Fiscal 29 especializado de Medellín se señala que: “la gran influencia que el frente 18 de las FARC tiene en la región de Ituango y sus alrededores ha hecho que mucha gente de dichas poblaciones se les integre o les colabore para el mantenimiento de sus actividades las que incluyen ataques a la fuerza pública bajo la modalidad de atentados terroristas con minas antipersonal y explosivos con tecnología que han incorporado de otros grupos terroristas en el mundo y que aquí operan con celulares que son de fácil manejo por el campesinado, al igual que prácticamente el 100% de la población campesina se haya dedicada al negocio del tráfico y de estupefacientes de forma directa o transportando los insumos que se requiere para ello en toda la cadena de producción que va desde la producción de la hoja de coca hasta la comercialización y vigilancia del producto final”.
Este tipo de generalizaciones irresponsables basadas en hipótesis por parte de funcionarios del Estado para toda la comunidad ituanguina la exponen a graves riesgos, además de vulnerarse nuevamente como en el caso del blog, los derechos a la HONRA Y BUEN NOMBRE (art. 21 CN), DIGNIDAD HUMANA (art.1 CN) y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (art. 29 CN). No es posible con estos señalamientos expresar la necesidad de organización social que se requiere para enfrentar los efectos del proyecto hidroeléctrico, ni para nada relacionado con el Estado, mucho menos veedurías ciudadanas (En Ituango sólo ha habido una veeduría ciudadana y sus integrantes tuvieron que huir del municipio por amenazas a su vida) puesto que esto significaría asumir una posición contraria al Estado y por tanto reforzar dichos señalamientos en una sociedad polarizada.
Estos hechos afectan la vida personal y laboral de todos los implicados ya que por ejemplo para los comerciantes se les suprime la posibilidad de acceder a créditos, contratos, proyectos y otros donde se pide “no estar involucrados con grupos al margen de la ley, ni tener antecedentes penales”, por otro lado limita el desplazamiento por todo el territorio de la región dada la polarización en algunas zonas, donde cargar con el estigma de ser de Ituango es prácticamente cargar la lapida encima. Es de anotar que la corrupción y negligencia de los organismos de investigación señala y acusa sin pruebas contundentes a los comerciantes con el único propósito de mostrar resultados a cualquier costo provocando con esto la congestión judicial, el desgaste de los ciudadanos y los jueces en procesos que se mantienen por la intervención de altos funcionarios en medios de comunicación. La desconfianza en la fuerza pública y los organismos de control son producto de las acciones corruptas y mal intencionadas de las mismos y no por la real simpatía con grupos armados al margen de la ley, en el blog antes mencionado se publican informes de los organismos de investigación que dan cuenta de esto, además, a pesar del incremento en el número de agentes de la policía, del ejército y la instalación de cámaras de vigilancia en el municipio de Ituango los robos y daños a establecimientos comerciales y viviendas no disminuyen, la creación de frentes de seguridad de forma fraudulenta por parte de la policía, la cual recolecta información de los comerciantes con el fin de “actualizar la base de datos de la policía” y luego aparecen como miembros del “frente de seguridad del municipio de Ituango” involucrando la población civil con el conflicto armado.
4. En el caso de los pequeños mineros y mineras artesanales del rio Cauca, no ha sido distinto, denunciamos el censo minero por sus claros vicios, realizado sólo en las playas y lugares de fácil acceso y sin tener en cuenta la condición cultural de trashumancia y las múltiples formas de ser minero o minera, denunciamos la manera como han sido desalojados violando sus derechos, a su forma de vida, a su empleo, al buen trato, a la compensación económica establecida en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico. Han sido engañados y engañadas en múltiples ocasiones por la empresas que ha estado a cargo del proyecto y las autoridades locales han estado del lado de estas empresas, incluso jueces, personeros e inspectores de policía expresan abiertamente su afinidad con el proyecto. En el primero de los desalojos realizado el día 16 de diciembre del año 2010 en las playas del sector conocido como Tenche Ituango, mediante orden de desalojo proferida por el inspector de policía del municipio de Ituango, 19 ranchos fueron destruidos por la fuerza pública y con gases lacrimógenos y a empujones fueron despojados de su trabajo y forma de vida a 22 personas y sus familias, este fue el primer paso en la historia de abusos que las comunidad minera viene padeciendo a raíz de la construcción del proyecto hidroeléctrico por parte de las empresas constructoras. Los mineros y mineras han salido engañados de las playas en las que laboraban, con la promesa de ser incluidos con posterioridad en el censo y para permitir las obras, otros firmaron contratos de reconocimiento de medida transitoria por cese de actividad económica con la promesa de ser indemnizados en tres meses, situación que hasta hoy más de un año después sigue sin solución. El principal argumento del proyecto es que en las playas hoy ocupadas, no había población minera en otro momento, olvidando e imponiendo lógicas culturales distintas a las propias de la zona y de esta actividad económica ejercida en algunos casos de manera permanente y trashumante, y en otros, intermitente, combinada con actividades como la agricultura.
En el municipio de Briceño, a partir del 25 de enero de 2011, fueron notificados alrededor de 150 mineros del sector conocido como Capitán, mediante resolución de la alcandía municipal. En los considerandos de dicha resolución se usa una declaración juramentada de un minero censado, cuyos extractos se tergiversan al sacarse de contexto. La comunidad minera interpuso un recurso de reposición el cual también falló en su contra y fueron desalojados el 1ro de junio de 2011, la orden la emitió el Alcalde de ese municipio, señor Libardo Muñoz, quien conoce a la mayoría de los desalojados, pues son nativos y residentes de esa localidad y su decisión, según le ha expresado a algunos, se debió a la fuerte presión ejercida por el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.
El día 18 de agosto de 2011, fueron notificados alrededor de otros 120 mineros y mineras ubicados en el sector conocido como Plan de Icura, la última de la playas del municipio de Briceño en la que el barequeo como forma de vida y de trabajo se viene ejerciendo, en la entrega del documento se expresó por parte del personero de Briceño que debido a que había guerrilla en la zona no iban a dar los nombres de los funcionarios que lo acompañaban de la empresa EPM ni de las demás autoridades, situación que aunada a las amenazas recibidas por parte del ejercito para no realizar movilizaciones o protestas con relación a la represa, realizadas en este sector el 19 de mayo de 2011, se torna preocupante por el alto riesgo de falsos positivos a los que se ve sometida la comunidad minera. Además afirmó el personero que él no tenía nada que ver con los mineros y mineras de los demás municipios como Toledo y San Andrés de Cuerquia. Ante esto la comunidad minera se dirigió a la personería de San Andrés y la personera no los atendió argumentando que no había nada que hacer, en repetidas ocasiones la personera de este municipio se ha negado a atender las denuncias y a dar asesoría a esta población.
Esta situación es más grave aún si se tienen en cuenta los múltiples incumplimientos a acuerdos realizados con la consorcios y la empresa constructora ante los peligros que corren por la construcción de la vía sustitutiva que va hacia Ituango, precisamente en la parte alta de esta playa, movimiento de tierra y roca y la contaminación del agua para el consumo de la población minera, han sido los principales atropellos, el día 21 de Junio de 2011 ante la encargada de gestión social y el ingeniero residente del consorcio Pescadero I, además del coordinador ambiental y un ingeniero de la interventoría al proyecto, se presentaron los mineros y mineras de este sector a exponer estos riesgos y afectaciones y el acuerdo fue no continuar con la obra hasta tanto no se solucione la situación, las obras fueron reanudadas el día 8 de septiembre, al realizar el reclamo correspondiente a la empresa, la respuesta fue que el asunto ya se había negociado con los 5 mineros censados que estaban en la zona y en reunión citada por el área social de EPM con el funcionario Carlos Zuluaga se les dijo que no tenían derecho porque en el 2008 ese sector estaba vacío y que además no corrían ningún riesgo con la construcción de la vía.
La mayoría de los mineros y mineras ocasionales de las veredas enviaron su documentación a la empresa constructora del proyecto y a las personería de Briceño como indicaron funcionarios del Proyecto para ser incluidos en el citado censo, la respuesta fue que mediante investigaciones realizadas por la empresa EPM Ituango, fundamentalmente basadas el cruce de bases de datos, se había determinado que no tenían ningún tipo de derecho, aún cuando aparezcan registrados en las bases de datos del municipio o tengan propiedades en la zona con 30 años de antigüedad. Sólo 17 de las 83 familias de la vereda Chirí del municipio de Briceño fueron incluidas en el Censo, argumentando que las familias que mezclaban el agro con la minería, o los mineros ocasionales que sólo ejercen la minería en las mejores épocas del rio o para casos específicos como temporada escolar, no tenían ningún derecho.
Ahora, después de asistir el Panel Itinerante sobre política minero energética y sus conflictos en Colombia convocado por el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas –Ríos Vivos– y apoyado por diversas universidades y organizaciones locales, nacionales e internacionales, se les amenaza con la exclusión del censo y por tanto pérdida de derechos como afectados, supuestamente “por asistir a eventos en contra de la represa”, esto ocurrió el día miércoles 14 de septiembre en reunión realizada en el municipio de Ituango a cargo de Jesús Ávila, Administrador de Empresas y María Nolis Vélez, Trabajadora Social, representantes del Operador social de la obra en ejecución por parte de Empresas Públicas de Medellín. En clara violación a los derechos de asociación, libre expresión, formación y abordajes desde diferentes perspectivas de la realidad que nos aqueja.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos:
1. Se esclarezca todo lo relacionado con el blog en el que se señalan a miles de personas y organizaciones sociales de base de tener nexos con las FARC, como y quienes filtraron información de manejo exclusivo de Estado, quien y porque se publico esta información.
2. Se descuelgue dicho blog de manera inmediata de la red de internet.
3. Que la fiscalía 29 especializada se retracte públicamente en lo referido a sus señalamientos en contra del 100% de la población Ituanguina, por supuestos nexos con el narcotráfico.
4. Que la empresa EPM aclare porque limita los derechos de asociación y amenaza a la población minera con la pérdida de sus derechos económicos consagrados en la legislación y licencia ambiental.
5. Seguimiento especial a EPM Ituango y las demás empresas constructoras de megaproyectos en el país sobre sus estrategias para impedir, desarticular, deslegitimar la protesta social en contra de estos proyectos.
6. A las instancias nacionales revisar todos los procesos jurídicos referidos a la construcción de la represa, puesto que hay serios indicios de parcialidad por parte de la justicia local y departamental a favor del proyecto. Además de revisar con especial cuidado las violaciones al debido proceso y los vicios en los mecanismos mediante los cuales EPM Ituango viene obteniendo amparos policivos para desalojar mineros y mineras de las riberas del río Cauca, asentados en las playas del río Cauca, que según el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978, son de bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, por lo tanto son bienes de naturaleza pública.
7. Fiscales nombrados en propiedad y con permanente presencia en cada uno de los municipios de la zona de incidencia del proyecto, no por encargo y con el personal necesario para atender las denuncias de la ciudadanía y agilizar los procesos que la afectan.
8. Se exija a los agentes del ministerio público con presencia en la zona, especialmente a personeros y personeras municipales cumplir con su misión constitucional (proteger los derechos humanos, defender los intereses colectivos en especial el ambiente etc. art. 277 CN), además de iniciar investigación por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales al personero de Briceño y personeras de Ituango y San Andrés de Cuerquia, municipios del norte antioqueño.
9. Se anexe este comunicado al expediente número 2233 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas –Ríos Vivos
CENSAT AGUA VIVA – Amigos de la Tierra Colombia.
Corporación Jurídica Libertad
Corporación de Cristianos y Cristianas por la justicia y la paz,
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos,
CONTRACORRIENTE,
Corporación Gustavo Marulanda,
Fundación Sumapaz,
Instituto Popular de Capacitación
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- nodo Antioquia
Centros de Estudios del Trabajo CEDETRABAJO
Asociación de Campesinos del Bajo Cauca
Asociación de Pequeños Mineros Afectados por Hidroituango ASOMITUANGO
Asociación de Comerciantes del Municipio de Ituango ASCOMI
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango AMII
Diputado Jorge Gómez