En algo tiene razón este artículo es necesario “recalcular con independencia su costo-beneficio”* ambiental, social y económico, todos los megaproyectos del país como los de Autopistas de la montaña como lo dice el artículo, necesitan no sólo recalcular con independencia sino realizar todos los estudios de impacto ambiental y social con independencia.
Por más seriedad y objetividad que se aduzca por parte de las firmas que realizan este tipo de estudios y cálculos, no es posible tal seriedad sin independencia, el gran problema está en los intereses que imponen su lógica incluso en los estudios, por no ser estos independientes, son muchos los casos de biólogos, ingenieros, sociólogos en los que las presiones de la empresa que paga el estudio no permiten su actuación científica.
Para el caso del megaproyecto hidroeléctrico Ituango, los mineros y mineras del cañón del Cauca ubicados en la playa conocida como Sardinas han observado como las muestras sobre la existencia de oro en la zona tomadas por personal de la represa –que usan chalecos con el nombre de la Universidad de Antioquia- se extraen por los propios mineros, con indicación expresa en este sentido, de los lugares en los que menos oro hay “hagamos un cateo en donde no saquen casi nada” sin entender porque hacen esta solicitud, los mineros acceden porque les pagan el trabajo. A no ser que esta sea una clara intención para el estudio (estudio que las comunidades desconocen su finalidad y objetivos) lo cual es difícil, en tanto seria la contratación de los lugares en donde más oro se encuentra con los lugares en donde menos oro se encuentra, contrastación como parámetro científico indiscutible para la mayoría de estudios serios que se quieran realizar.
De tras de esta situación hay una discusión que más que poner en duda el grado de cientificidad del proceso, pone en duda la ética misma de los profesionales, no es nueva esta situación, por más que el procedimiento de laboratorio, de análisis de las muestras sea riguroso, todo depende de la muestra, de su tratamiento y por su puesto del lugar elegido para tomarla, tanto en estudios de aguas, como de suelos, de especies, entre otros, este es un aspecto metodológico fundamental para el estudio, podría decirse, el más débil de la cadena, él más fácil de influenciar.
Pero esto ocurre no sólo en los estudios de las ciencias duras, sino en las ciencias sociales, con grabes impactos sobre las comunidades, estos son los casos de supuestos consensos, o de marcos de referencia para el pago de compensaciones económicas realizados con un reducido número de miembros, por ejemplo sería interesante saber ¿Cuál fue la muestra poblacional que permitió establecer los valores, del Manual de Valores Unitarios?, que además no tuvo en ningún caso, discusión alguna con las comunidades afectadas en sus actividades económicas, distintas a los propietarios de terrenos, pues fueron estos últimos los que eligieron a su representante Rafael Mazo ante la comisión tripartirta y este firmó, aún desconociendo temáticas como la minería artesanal y ancestral del Cañón del Cauca, por toda esta comunidad. Repito Sería interesante saber por ejemplo la muestra poblacional específica para la comunidad minera a la luz de los nuevos datos censales aportados a la opinión pública por el proyecto hidroeléctrico Ituango, 1.402 mineros y mineras afectados, puesto que en el momento en que se firmó dicho manual, la población minera que se suponía censada era de 600 personas, estos datos variables siempre variables, no sólo por los intereses en juego sino por los enfoques y perperpectivas que inciden de forma determinante en los estudios sociales, son sólo la punta del iceberg de un tema que no se ha discutido en el país ¿Quién debe ser el responsable de la realización de estudios de impacto ambiental? ¿A cargo de quien deben estar los estudios sobre megaproyectos que afectan el ambiente y a las comunidades? ¿Será que en algún momento las empresas mineras y de generación de energía han tenido la seriedad suficiente para reconocer este sesgo evidente en sus estudios?
Sobre esta última pregunta vale la pena resaltar como recientemente se vienen utilizando los nombres de reconocidas universidades que legitimen los estudios, aunque la fuente del recurso sea la misma. Esta estrategia ha servido para ocultar las reales presiones que sienten los trabajadores y científicos de las distintas áreas, así sean contratados por una universidad, quien pone el dinero pone las condiciones. Resulta no menos que preocupante que las universidades públicas y sus profesionales se presten para este juego de intereses que más que beneficiar a la sociedad a la que se deben, lo que generan es aumento de desconfianza en las instituciones públicas, esta vez en las académicas.