El pasado 5 de febrero, promoviendo una jornada de desmovilización en el municipio de Ituango, el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que “esta región siempre ha sido afectada por la presencia del Frente 18, de la columna Mario Vélez de las FARC, y por eso estamos entrando con toda la fuerza y toda la contundencia”.
Lo que olvidó explicar es que para lograr tal objetivo recurrirían a métodos como el reemplazo de la acción cívica por la acción militar, encuestas para recabar información con eventual valor en informes de inteligencia, señalamientos directos hacia quienes no aceptan modelos de adoctrinamiento para los jóvenes, espacios formativos para tratar –supuestamente– asuntos como la Ley de Infancia y Adolescencia y el embarazo adolescente.
Y tal parece que olvidó, también, que ya en 2005 el Ministerio de Defensa manifestaba su preocupación por los menores en contextos de conflicto armado y recomendaba en la directiva No. 500-2 de ese año que “el Ejército Nacional se abstenga de promover la participación de los niños en actividades cívico-militares, como visitas de estudio a bases militares o la organización de eventos militares en las escuelas, ya que esta participación compromete uno de los principios del derecho humanitario, la distinción entre población civil y combatientes, y expone a los niños a posibles represalias de los miembros de los grupos armados ilegales”.
Pese a esta y a las posteriores recomendaciones que daba en el mismo sentido el Secretario General de Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, el Ministro y el Ministerio persisten en las mismas prácticas que atentan contra el derecho de los niños y las niñas a no ser vinculados al conflicto.
Ituango, escenario de confrontaciones
El Municipio de Ituango, ubicado en el extremo norte del departamento de Antioquia, es un escenario rico en recursos minero energéticos, que además permite acceso a los departamentos de Córdoba y Chocó, razón por la cual es un importante epicentro del conflicto armado en Colombia. En él han hecho presencia el falazmente desmovilizado Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los frentes 18 y 36 de las FARC, y unos dos mil hombres del Ejército.
Las confrontaciones, los desplazamientos forzados, la tensión permanente y el terror, por tanto, son lastres que se enquistan en la vida de sus habitantes, a quienes les ha quedado claro que su seguridad radica en establecer distancias con cualquiera de los grupos armados, legal o ilegal, haciendo uso de las defensas del Derecho Internacional Humanitario a través del principio de distinción y de las resoluciones 1612 de julio de 2005, 1882 de 2009 y 18892 de 2011 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Desafortunadamente los funcionarios del Ministerio de Defensa no lo comprenden de la misma forma e intentan vincular a la población a sus actividades. Dos de los proyectos que la Institución Educativa Pedro Nel Ospina y la Asociación de Mujeres Ideales enviaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Alcaldía Municipal, respectivamente, en lugar de ser financiados por estas instituciones civiles, recibirían recursos del Ministerio de Defensa, portarían sus logos y sus miembros quedarían indefensos ante las retaliaciones de la guerrilla (LEER CARTA DE RECTORA DE LA I.E. AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA).
Por otro lado, integrantes del Ejército han venido convocando a reuniones dentro de los colegios, a los estudiantes de últimos grados para tratar temas como la drogadicción, la prevención de embarazos no deseados que, en últimas, no se trabajan porque, por un lado, el personal militar no tiene la preparación para enfrentarse a estos asuntos polémicos y sensibles y, por el otro, pueden ser una simple cortina de humo que encubre el interés de difundir posiciones militaristas entre los jóvenes.
A ello se suma una encuesta contratada por el Ministerio de Defensa que pretendía conocer las percepciones de los jóvenes y los maestros sobre el conflicto en la zona. Hacia sus ideas sobre la Fuerza Pública y la guerrilla se enfocaban las preguntas que responderían quienes recibieran 20.000 pesos por dejarse encuestar.
El broche de oro ha sido, indudablemente, la estigmatización de la que son víctimas quienes se oponen al uso de estos mecanismos: las directivas de la institución académica, los maestros, padres de familia y autoridades municipales, que temen por su seguridad y la de los jóvenes del municipio, especialmente los que viven en las áreas rurales, más aún tras el peligroso comentario de un Coronel del Ejército que dijo, con respecto a las discrepancias evidenciadas durante una reunión, que éstas eran “un triunfo de la guerrilla”.
Esta serie de acontecimientos no pueden más que encadenarse a las amenazas, detenciones masivas de personas y demás violaciones a los Derechos Humanos de los habitantes de Ituango durante el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, que hoy se encuentra en la etapa de consolidación.
Y obliga, por tanto, a las instituciones académicas de todo el país, a las organizaciones sociales nacionales e internacionales, y a la sociedad civil, a cuestionarse sobre la práctica y el respeto de los Derechos Humanos y de los principios del Derechos Internacional Humanitario por parte de las instituciones armadas del Estado, quienes intervienen en los procesos curriculares y formativos con respecto a diversos temas de interés para los estudiantes, y aprovechando las dificultades financieras de los centros de formación, intentan reemplazar a las instituciones civiles del Estado ofreciendo recursos para la financiación de proyectos.
Para mayor información comuníquese con:
María Victoria Zapata
Rectora
Institución Educativa Pedro Nel Ospina.
Teléfono 314 731 95 98
Liliana Uribe Tirado
Abogada
Corporación Jurídica Libertad
Teléfono 231 83 55