Después del recorrido que realizamos, entre el 29 de julio y 1 de agosto, por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, pudimos constatar que la planeación de la obra sigue teniendo serias dificultades o falta de transparencia. Se hace preciso revisar el plan de prefactibilidad, los planes de aceleramiento y otras decisiones de cambio de diseño que están relacionadas con el lleno anticipado y forzoso del embalse, la emergencia aguas arriba y abajo provocada por la obra, la activación de taludes, los cambios en la licencia ambiental y las múltiples sanciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que nada han resuelto. Es claro que Empresas Públicas de Medellín (EPM) no genera propuestas concretas y reparadoras, se limita a intervenciones mínimas establecidas en los requerimientos exigidos por las Autoridades, muchos de ellos incumplidos y que han acarreado sanciones a EPM. Además, la empresa pretende mostrar estas intervenciones como si fueran parte de un enfoque proactivo y preventivo, olvidando que es un proceso de corrección y mitigación de una serie de desastres provocados por ellos mismos en complicidad con Hidroituango S.A. y que aún no se implementan medidas de conocimiento y reparación.
Es evidente que toda la construcción está basada en la experimentación y las obras no tienen antecedentes en el mundo, como los tapones de los túneles de desviación, el bypass, el muro de presa, el llenado anticipado y forzoso, entre otras. Por lo tanto, nos encontramos ante lo que para los ingenieros es una “hazaña ingenieril” pero que para las comunidades es una “experimentación inconsulta que aumenta el riesgo” al no tener un proceso de comparación y comprobación de estos métodos y estructuras; estamos obligados a que nuestra vida y la del territorio esté en riesgo, hecho que rechazamos. Aun así, EPM dice conocer el proyecto porque está modelando y tomando datos a partir de su monitoreo, como si el monitoreo resolviera el riesgo, pero desconoce la historia y cultura de quienes somos cañoneros y llevamos varias generaciones en el territorio y lo conocemos desde nuestro saber.
Entre otras cosas, constatamos que áreas como la casa de máquinas para las turbinas 5 a la 8 y la almenara 2 se encuentran por completo destruidas desde el año 2018 debido al desastre. No entendemos como EPM asegura que, a marzo de 2024, el proyecto presentaba un avance constructivo del 92,66 %.
De otro lado, observamos que el manejo de sedimentos es considerado por EPM como un plan de acción, no obstante, no es tenido en cuenta como un factor de posible inestabilidad de la obra, del macizo, la resistencia del muro de presa, la vida útil del proyecto o su eventual desmantelamiento, por ello, no tienen un plan definitivo para el manejo de sedimentos asociados a la remoción de materiales y colmatación del embalse. En este sentido, el nivel de sedimentos no es considerado dentro de los escenarios de riesgo, lo cual resulta gravoso para las comunidades, a lo cual se aúna la ineficacia del Sistema de Alertas Temprana, el cual debe ser un sistema institucional y comunitario, no sólo de monitoreo o instrumentación.
Así mismo, nos ofende y preocupa que EPM asegure que la represa ha mejorado la calidad del agua del río aguas abajo, desconociendo que el proyecto no es un sistema de potabilización y que un río no se compone solo de agua sino de sedimentos y de todo el movimiento hidrogeológico natural que tiene un cuerpo de agua como ecosistema.
Concluimos que no hay certeza de que el macizo rocoso sea estable y, por tanto, es imperante que un tercero especializado e independiente, realice el correspondiente estudio sobre la estabilidad del macizo rocoso del proyecto Hidroituango en el marco de la medida cautelar orden número dos emitida por el juzgado penal 75.
Hacemos un llamado urgente a la ANLA para que no perpetue su acción con daño, al darle continuidad de manera inexplicable a un peritaje que ordenó y desde un principio no cumplió.