El día de ayer, 17 de abril, la Revista RAYA publicó en su sección de opinión, un artículo de Juan Pablo Soler Villamizar (Corte en cualquier momento), así mismo, encontramos que han publicado otros artículos del señor Soler (Ecuador vota no al petróleo, sí a la reserva del Yasuní y Ministras no priorizaron el diálogo con la niñez y la juventud), presentándolo como integrante del Movimiento Ríos Vivos Colombia, lo cual no es cierto. En este sentido, denunciamos que se está suplantando nuestra identidad, registrada en Cámara de Comercio e identificada con el NIT 901266420 – 0 como Movimiento Ríos Vivos Colombia.
Informamos que esta situación de suplantación se viene presentando desde el año 2020, por lo cual nos encontramos en un proceso judicial en contra de Juan Pablo Soler, dado que, el uso de nuestro nombre, el cual nos denomina desde el año 2008 y que se encuentra registrado desde el año 2018, es de uso exclusivo nuestro. Además, la homonimia va en contra de lo estipulado por los artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los cuales buscan evitar imitaciones o usurpación de nombres y confusiones a terceros. Por lo tanto, no existe en Colombia otra organización con nuestro nombre, pues está prohibido su registro.
Somos un Movimiento social que nace en el año 2008, cuando comenzamos a reunirnos y a hacer llamado a las comunidades, advirtiendo la inminente construcción de Hidroituango, un proyecto que ha generado afectaciones de inmensa magnitud al Río Cauca y a las comunidades del Cañón. Hoy en día, nuestro Movimiento está conformado por 14 asociaciones de base, integradas por pescadores, barequeros y barequeras, agricultores, mujeres, campesinos y jóvenes del Norte, Occidente y Bajo Cauca de Antioquia; que, juntos, luchamos por la defensa del territorio, la soberanía, la autodeterminación del pueblo cañonero y los derechos de las comunidades afectadas por Hidroituango.
Solicitamos la Revista RAYA, hacer pública esta información a fin de no permitir más la suplantación de nuestra identidad y, a las autoridades competentes, iniciar las acciones necesarias para evitar la vulneración de nuestros derechos como persona jurídica.