El Movimiento Ríos Vivos hace un llamado a los organismos internacionales, las autoridades civiles y militares y a los actores alzados en armas para que protejan, respeten y no involucren a la población civil afectada por Hidroituango en el conflicto armado. La zona de influencia de este megaproyecto cuenta con presencia de grupos al margen de la ley desde hace varias décadas, por lo cual se adelantan operaciones militares por parte del Ejército y la Policía Nacional para combatirlos y viabilizar la obra. Estas acciones han incluido la ocupación de escuelas, acciones derivadas del uso de minas antipersonal, atentados con explosivos, enfrentamientos armados, las amenazas, intervención en protestas pacíficas por parte del Ejército, sobre vuelos y bombardeos que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de la población civil en los municipios del área de influencia de Hidroituango.
HECHOS:
1. Septiembre de 2012, se realiza la primera gran protesta pacífica de afectados por Hidroituango de Toledo, Ituango, Briceño y San Andrés de Cuerquia. El Ejercito realizó disparos desde los campamentos de los manifestantes, por el grave riesgo para la vida de los manifestantes se levanta el campamento. Hasta el momento se desconocen los avances en las investigaciones pertinentes.
2. Desde diciembre de 2012 se intensificó la presencia militar en todos los municipios impactados por el megaproyecto. Desde este mismo mes la guerrilla de las FARC anuncio el sembrado de minas antipersonal en estos mismo municipios, especialmente en Ituango y Briceño.
3. Enero de 2013. Mientras la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín tomaron la decisión de no volver a la mesa de diálogos sobre la crisis social generada por Hidroituango el conflicto armado en la región se agudizó dificultando la movilización y protesta social. El área de influencia de la represa en el municipio de Briceño ha sido minada por la guerrilla de las FARC, lo que ha provocado que la población civil pierda su movilidad natural para el ejercicio de sus actividades de sobrevivencia. Con estos artefactos los menores son los más afectados, ocasionaron la muerte de un menor, dos más heridos y causaron el desplazamiento forzado de cuatro familias en el municipio de Briceño; el cierre de la vía que conduce a Ituango por cargar con dinamita un bus de transporte público, los ataques a la fuerza pública por parte de francotiradores de las guerrilla y los enfrentamientos armados, hicieron del inicio del año el preludio de lo que se avizora para las comunidades mientras las obras avanzan en medio una crisis humanitaria que afecta la seguridad alimentaria, el derecho a la libre circulación y un constante riesgo para la vida.
4. Febrero 1 de 2013. Alrededor de 200 campesinos y barequeros protestaron en diferentes municipios. Pese al temor por el conflicto armado pero en vista de la decepción causada por el rechazo al dialogo por parte de la Gobernación de Antioquia y EPM deciden protestar por tres días, durante las protestas uno de los barequeros es detenido arbitrariamente por la Policía Nacional de EL Valle de Toledo, es amenazado, robado y señalado.
5. En el mismo mes los atentados de la guerrilla en Ituango ocasionaron la muerte de una mujer, hirieron a una niña y varios militares. Ha estos hechos se le sumaron en Briceño enfrentamientos armados, bombardeos (8 de febrero), la ocupación de la escuela de la Vereda Orejón por parte del Ejército, la instalación de más minas cercanas a la Escuela por parte de la guerrilla y el trágico accidente que dejó una joven de 16 años muerta y nueve heridos de los cuales cinco son menores de edad (18 de febrero). En el mismo sentido el Alcalde de Ituango realizó una alerta sobre la presencia de minas en cercanía a instituciones educativas. El mayor riesgo para la vida y la integridad física en la zona lo tiene la población infantil y juvenil[1].
6. Febrero 13, los habitantes del corregimiento de El Valle de Toledo inician una protesta que dura dos días en la que exigían el pronto inicio de las obras de acueducto y alcantarillado pactadas desde marzo de 2011. De igual manera, los habitantes de la vereda Chiri municipio de Briceño decidieron iniciar una acción de protesta pacífica dadas las limitaciones en la movilidad que ha impuesto la empresa EPM, entre otros aspectos, hasta el día de hoy continúan asentados en la construcción de una de las vías, mientras la respuesta del proyecto es ubicar una reja en vía pública que da entrada a la zona. El Ejército ha pernotado dentro de los campamentos de los manifestantes poniendo en riesgo sus vidas por la alta probabilidad de enfrentamientos armados.
7. El 15 de febrero, en medio de un gran despliegue militar hacen presencia en el municipio de Ituango al Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria y el gerente de EPM Juan Esteban Calle; además de los antecedentes ya expuestos, la noche anterior en el casco urbano se escucharon tres fuertes explosiones y se observaron amenazantes grafitis por parte de la guerrilla. No obstante, las instituciones educativas realizaron con niños y niñas un desfile en honor a los visitantes. Lo que claramente, según las delicadas condiciones de seguridad, fue una utilización de los niños como escudos de protección. A los dos días (17 de febrero) fue dinamitado un bus de transporte público que se dirigía al municipio de Toledo y un carro tanque y otro vehículo cargados de dinamita dejando confinada a la población del norte de Antioquia y en medio de la oscuridad por la voladura de una torre de energía la noche anterior.
8. El mismo 17 de febrero de 2013 el ELN y las FARC declararon objetivo militar las obras de Hidroituango[2]mientras las comunidades insisten en su derecho a protestar y las garantías que para ejercer este derecho debe garantizar el Estado, pues los impactos de la obra cada día se agudizan y continúan sin ser atendidas sus justas reclamaciones.
SOLICITUDES:
1. Se deben detener las obras de construcción de Hidroituango hasta que cese el conflicto armado en la zona y así impedir que hayan más víctimas en la zona y que sean más graves e irreparables las afectaciones por las obras.
2. El conflicto armado, la violación a los derechos humanos y la infracción del derecho internacional humanitario impiden visibilizar los reales impactos de la represa, es necesaria una comisión de alto nivel que evalúe estos impactos con las comunidades afectadas.