El día de hoy, 28 de febrero de 2025, se realizó audiencia en la cual se presentó la lectura del fallo de segunda instancia, que resuelve las pretensiones manifestadas en el recurso de apelación interpuesto por EPM e Hidroituango, en el proceso que se decretaron medidas cautelares.
Jaime Granados pierde la apelación que hizo como apoderado de EPM, para que en segunda instancia se revocara la decisión que ya había tomado el Juez 75 penal con funciones de control de garantías de Bogotá en el sentido de afirmar que EPM no cumplió la medida judicial ordenada para dar certeza científica sobre la estabilidad o no del macizo rocoso.
Mediante esta sentencia, se ordenó:
El mantenimiento de las medidas cautelares hasta el año 2028, toda vez que el riesgo a la vulneración de los derechos de la población y el medio ambiente permanecen latentes, ya que el proyecto hidroeléctrico no ha sido culminado.
Asimismo, la ANLA deberá emitir un pronunciamiento de fondo respecto del informe realizado por la firma Pöyry, contratada por EPM e Hidroituango, que data hasta el mes de septiembre de 2021, para lo cual le fue concedido un término de 10 días hábiles a partir de la realización de esta audiencia.
Adicionalmente, se ordenó a EPM e Hidroituango realizar una actualización del informe que dé cuenta de las condiciones del proyecto para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, el año 2022, el año 2023, el año 2024 y lo corrido de este año, hasta la fecha de la realización de esta audiencia inclusive, porque el informe presentado en el proceso revela las condiciones del proyecto hasta el mes de septiembre del año 2021.
Dicho informe, deberá presentarse en un término no mayor de tres meses y el mismo deberá ser revisado por la ANLA, quien, como órgano competente, deberá emitir un concepto técnico en un plazo máximo de seis meses.
Esta sentencia, ordena la continuación de las mesas técnicas, dando participación a las entidades del Estado expertas en el tema como el Ministerio de Minas y Energía, Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y las comunidades afectadas y entes territoriales y se mantendrá informada a las víctimas acerca de los avances en las mismas.
El Movimiento Ríos Vivos sigue dando la lucha por las comunidades afectadas y no cesa en su exigencia de desmantelamiento de una obra que genera riesgo para la población.