El Movimientos Social Ríos Vivos hace un llamado a los órganos de administración y a los diferentes estamentos que hacen parte de la Universidad de Antioquia, para que se realice una profunda reflexión en torno a la participación que tuvo esta institución en los procedimientos irregulares de identificación, exhumación y traslado de cuerpos, llevados a cabo en la zona de influencia del proyecto energético de Hidroituango, en el marco de un convenio con las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la empresa Integral S.A.
Lo que hemos observado, como víctimas del conflicto armado y del proyecto energético, es que esos procedimientos han violado nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, toda vez que la ejecución de los mismos significan la imposibilidad de esclarecer posibles casos de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, pues fueron llevados a cabo sin los más mínimos criterios técnicos y éticos, alterando las evidencias que podrían conducir a una investigación que arrojará luces sobre la muy probable ocurrencia de estos crímenes. En últimas, el desarrollo de las actividades de exhumación y traslado de los cuerpos a las instalaciones de la Universidad de Antioquia, han propiciado una situación de impunidad frente a la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Como quedó documentado en la audiencia del pasado 8 de octubre de 2019, y en las actuaciones posteriores de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz, la Universidad de Antioquia participó en la exhumación y traslado administrativo de cuerpos, sin contar con los avales necesarios para llevar a cabo estos procedimientos. En la audiencia ante la JEP, la representante de la Universidad señaló que la Fiscalía General de la Nación había avalado las intervenciones de los sitios en donde se llevaron a cabo estas labores, lo cual es totalmente falso, toda vez que esa entidad lo que señaló fue su falta de competencia legal para participar y autorizar dicho procedimiento, así como el de aclarar que no podía certificar que los cuerpos ubicados en los sitios intervenidos por la Universidad no tuvieran algún vínculo con hechos violentos. Todo lo anterior fue ratificado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el Auto AT 125 de 2020.
En el mismo Auto se señala que, en una visita realizada por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP al laboratorio de Osteología y Antropología Forense de la Universidad de Antioquia, lugar al cual fueron trasladados varios cuerpos humanos removidos de los cementerios de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, se encontró que en al menos tres casos hay evidencia de “presuntas alteraciones perimortem compatibles con mecanismo por proyectil de arma de fuego”.
Además de la profunda decepción que como víctimas del conflicto armado nos deja la actuación de la Universidad de Antioquia, también nos surgen múltiples interrogantes sobre el papel que esta institución pública tiene con la sociedad. Evidentemente, este tipo de convenios que le reportan ingresos económicos a la Universidad, terminan desnaturalizando la función que ésta tiene frente a las comunidades más vulnerables. Situarse al lado de actores que ejercen un poder arbitrario, del cual se derivan violaciones a los derechos humanos y ambientales, dejan mal parada a la Universidad frente a su responsabilidad misional para con la sociedad, pues en últimas termina privilegiando el lucro por sobre el conocimiento que en su seno se produce y su compromiso de transformación de las situaciones de injusticia social.
Es paradójico que, después de tantos años de proyectos de investigación, de actividades de extensión, y demás interacciones con nuestros territorios, la Universidad haga caso omiso a las voces de las y los investigadores, docentes y estudiantes que han diagnosticado, analizado y reflexionado sobre los graves efectos que tiene el extractivismo, con el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos, sobre los derechos humanos y ambientales.
Como víctimas del conflicto armado y del proyecto energético Hidroituango, le proponemos a todas las fuerzas vivas de la Universidad de Antioquia, una reflexión sobre la validez que tiene poner a nuestra querida institución de educación pública al servicio de intereses empresariales y particulares que terminan agrediendo a comunidades y territorios enteros por el solo ánimo de lucro. Creemos que este caso, nuestro caso, sirve para ilustrar los nefastos efectos de este tipo de prácticas institucionales. Consideramos que este es el camino para garantizar la no repetición de este tipo de daños irreparables, por lo inconmensurable de la afectación padecida.
Asimismo, convocamos a los órganos de administración y demás estamentos que conforman la Universidad, para que se generen escenarios de verdad y perdón sobre las actuaciones descritas. Creemos que este caso no puede terminar derivando en simples responsabilidades individuales sobre las personas que intervinieron directamente en la ejecución del convenio, sino que deben asumirse una responsabilidad colectiva, para que así se garantice el real resarcimiento de los daños ocasionados, desde la reivindicación de la dignidad de las víctimas.