El Movimiento Ríos Vivos como defensor de derechos humanos respalda este reiterado y justo reclamo
Ituango, 30 de Mayo de 2013
Señore(a)s
Concejo Municipal, Alcalde de Ituango, Personería Municipal, Sergio Fajardo Valderrama (Gobernador de Antioquia), Asamblea de Antioquia, Presidencia de la Republica, Vicepresidencia de la Republica, Senado de la Republica, Alejandro Ordoñez (Procurador General de la Nación), Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Dirección de DDHH y DIH Antioquia, OACNUDH, Organizaciones de Derechos Humanos, Organizaciones Sociales, Cruz Roja Internacional, Medios de Comunicación, Comunidad en General
¡Y AL QUE NOS DEBA ESCUCHAR Y NOS DEBA AYUDAR!
Asunto: Solicitud
La asociación de comerciantes de Ituango, ASCOMI, órgano que agremia los comerciantes del municipio de Ituango, solicita de manera formal atender las demandas de la comunidad de Ituango en lo que tiene que ver con la reubicación de la base militar-Brigada móvil N° 18- situada actualmente en el casco urbano del municipio; pues es preocupante y evidente los perjuicios que en materia de seguridad, convivencia y economía trae la presencia de ésta en todo el corazón del municipio.
La edificación que en la actualidad alberga a la brigada móvil N° 18 es de propiedad del municipio de Ituango y, desde su construcción, fue concebida como un espacio para la educación; inicialmente como sede del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que formaría en educación superior a los jóvenes del municipio. Hasta el día de hoy no ha sido posible adecuar, ni utilizar las instalaciones para propósitos educativos; ya que desde la llegada del ejército, a comienzos de la década del 2000, siempre ha sido ocupada por las brigadas que han pasado por el municipio. Las brigadas que la han residido se han negado y resistido a desocuparla, perdiéndose grandes oportunidades para el desarrollo humano de la población; por ejemplo, en el año 2006 existió la posibilidad de construir allí un centro de salud, pero el ejército se negó a desocupar y, por el contario, expresaron a manera de chantaje que al salir del edificio se irían de manera definitiva del municipio. El centro de salud nunca se pudo hacer. Otro ejemplo son las recientes convocatorias para los parques educativos de la Gobernación de Antioquía, en las que el Municipio ha participado, pero no ha logrado uno porque, entre otras cosas, hace falta un terreno vecino al parque principal y éste sería estratégicamente el mejor localizado.
Ituango necesita el lugar para fines educativos, recreativos, sociales y culturales. La comunidad lo reclama porque allí existe la posibilidad de transformar el tenebroso entorno que hoy existe, contrarrestar los altos índices de analfabetismo que hay en la población y prevenir y evitar la vinculación de los jóvenes y niños a actividades delincuenciales. Es la oportunidad de combatir las problemáticas del municipio a través de la implementación de un enfoque diferente, que contribuya más al desarrollo humano, en vez de seguir privilegiando las acciones de fuerza que han terminado afectando gravemente a la población civil; pues en el contexto de guerra y agudización del conflicto que soporta el territorio, Ituango es epicentro de desplazamientos masivos en los que, casi siempre, hay que desescolarizar a los estudiantes para atender la emergencia humanitaria de los desplazados.
Además, en los últimos años, el accionar de los grupos al margen de la ley y la respuesta de la fuerza pública en su legítimo acto de defensa también ha envuelto la comunidad; puesto que en el intento de control territorial, se ha presentado de manera sistemática una variedad de ataques contra la fuerza pública en los que, muchas veces, las reacciones de ambas partes han perdido la noción de enemigo y son los civiles y el entorno urbano quienes han debido soportar las desgracias de la guerra.
A continuación se intenta reconstruir cronológicamente algunos eventos que evidencian la crisis social y los perjuicios económicos adyacentes a la permanencia de la fuerza pública en el parque principal del municipio, esto, teniendo presente otros hechos que no han tenido ocurrencia dentro del parque y/o su alrededor, pero han enlutado la comunidad comerciante y general, además deja ver la corrosión que ha traído el conflicto al casco urbano de Ituango. FECHA HECHO Marzo de 2012 Fue hostigada una patrulla de la policía con una granada y tiros de fusil por parte de grupos al margen de la ley, en la calle Santander, a un costado del parque principal, como consecuencia fue herido un agente de la policía y cinco personas civiles. Una de éstas era la joven Luz Mery Poso: estudiante de la Institución educativa Pedro Nel Ospina en su horario nocturno, la cual se dirigía a su casa luego de terminar la jornada académica, pues era la hora de salida, fue herida en la reacción de los agentes. Abril de 2012 Ataque a una patrulla del ejército en la calle peatonal, lugar muy concurrido por los habitantes de Ituango y que está ubicada a un costado del parque principal, como consecuencia fue herido un soldado y Fredy Alonso Arboleda, comerciante-administrador del bar Baco, un civil de los muchos que quedaron en medio del fuego cruzado. 26 de mayo de 2012 En la noche hubo dos hostigamientos, uno ocurrió en la carrera córdoba, frente a la “casa del adulto mayor Nena Duque”, lugar donde se reúnen los ciudadanos de la tercera edad del municipio, a una cuadra del parque; el otro, en el parque principal, en la trinchera del ejército, el cual dejo 8 personas heridas por esquirlas, 4 militares, dos civiles adultos, una niña de 6 años y un niño de dos meses.
5 de junio de 2012 En la madrugada, a 4 minutos del casco urbano, fue asesinado a machete el ciudadano Jaime Arturo Rojas Restrepo, un reconocido comerciante del municipio. Es absurdo que pese a la numerable presencia de fuerza pública en el municipio no fue posible hacer levantamiento al cadáver, supuestamente por razones de seguridad. El cuerpo fue recogido por los ciudadanos que transitaban por el lugar y dirigido en volqueta hasta la morgue, aunque es de conocimiento judicial que éste procedimiento es fundamental en la investigación del crimen, razón por la cual este hecho puede quedar en la impunidad. 7 de julio de 2012 Fue asesinado con arma de fuego el ciudadano y reconocido comerciante Pedro Martínez en las afueras del municipio, cuando regresaba de la ciudad de Medellín. Días pasados había denunciado amenazas contra su vida. El 26 de agosto de 2012 Agentes del CTI en compañía del ejército realizan una captura masiva de 23 ciudadanos, entre ellos: comerciantes, albañiles, conductores, mecánicos, estudiantes y moto taxistas. Estos fueron llevados ante un juez y dejados en libertad pocos días después por falta de pruebas. Es de anotar que una de las capturadas fue Luz Aleida Uribe Arboleda de 18 años de edad, presuntamente por colaborar con la guerrilla, quien meses después, en octubre del mismo año, fue asesinada con arma de fuego cerca a su casa por hombres desconocidos. 24 de septiembre de 2012 Fue lanzada una granada contra una trinchera de vigilancia de la policía ubicada en el parque principal, dejando heridos a dos policías y un soldado. En el hecho fue capturado y acusado por los policías como autor del hecho a Milton Jabín García Morales, un ciudadano que pocos minutos antes transitó por el lugar. Cuando lo llevaron a la estación fue maltratado y golpeado por los agentes. El ciudadano fue llevado ante un juez y dejado en libertad, Milton es un reconocido Ituanguino que nada tenía que ver con el hecho y que por coincidencia pasaba por el parque, cerca de la estación. Febrero de 2013 En la calle Santander, frente a la escuela Antonio José Araque, a tres cuadras y media del parque principal, aparece un grafiti escrito presuntamente por milicianos de las FARC; en este se hacía alusión a ellos y se amenazaba a las mujeres que sostienen relaciones sentimentales con agentes de la fuerza pública. El día 3 de este mes fue asesinada con arma de fuego la joven Sandra Yurley Higuita David de 18 años, presuntamente en cumplimiento de las amenazas de los grafitis, en el ataque resultó herida su hermana de 13 años. Ante estos dos eventos varias mujeres abandonaron el municipio, algunas por amenazas, otras por temor a ser asesinadas. En la personería municipal reposa información sobre algunos de estos hechos. El mismo 3 se registró un ataque a la fuerza pública con granada, sobre la calle Ituango con la carrera Jordán, frente al Hogar Infantil Bebitos. Cuatro soldados resultaron heridos; las instalaciones de la institución infantil, la casa y local comercial de propiedad del comerciante Samuel Roldan resultaron afectadas. Marzo de 2013 El día 4 fue lanzada una granada contra soldados que se encontraban prestando guardia en el atrio de la parroquia santa Bárbara, parque principal. En el hecho resultaron heridos dos soldados y un menor de edad por las esquirlas. En la reacción, el ciudadano Diego Alejandro Torres.
El día 10, a escasos 50m de la estación de policía y la base militar, en pleno parque, fueron asesinadas dos personas: Dora Emilse González Álvarez, una joven que se desempeñaba como vendedora de comidas rápidas en el parque principal, y un hombre que transitaba por el mismo, esto, sin reacción alguna por parte de la policía y/o el ejercito; pues ni evitaron el hecho, ni lograron capturar algún autor del doble homicidio. 16 de Mayo de 2013 Fue lanzada una granada contra una patrulla de la policía que hacia control en la calle Berrío con carrera córdoba, en frente de la Institución educativa Pedro Nel Ospina, a una cuadra del parque principal. Allí resultó herido un agente de la policía, se dañaron las instalaciones la institución educativa, el local del restaurante “Las delicias de Pipelón” de propiedad del comerciante Luis Arsenio Franco Quintero, quien manifiesta que producto de estos atentados a perdido más del 80% de su clientela y ha sufrido daños en su infraestructura; algo similar ocurre en la miscelánea “Principal Ituango”, cuyo propietario es Víctor Restrepo y que manifiesta que producto de estos atentados a perdido más de nueve millones de pesos en mercancías y reposición de vitrinas; otros establecimientos de comercio y viviendas también sufrieron daños en ventanales y fachadas.
Como se puede ver, en materia de seguridad y tránsito la comunidad ha resultado directamente afectada. A esto se le suma otras situaciones que tienen que ver con las medidas adoptadas por la fuerza pública para protegerse de los ataques dirigidos a sus agentes y sus cuarteles; ya que existe acordonamiento y escasa iluminación de varias cuadras, entre ellas las del parque principal.
Los estudiantes del nocturno Pedro Nel Ospina y del SENA deben afrontar cada noche la osadía de pasar por el parque, ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado o de sufrir heridas por los artefactos lanzados por los violentos; pues la sede del SENA queda en frente del edificio que hoy reclama la comunidad y que es ocupado por la Brigada móvil N° 18, y al lado de la Institución educativa hay un puesto de control de la policía. Asimismo, en entidades como salud pública, ubicada en el mismo sector y que a diario es visitada por decenas de beneficiarios de los programas de salud (madres gestantes, niños y ancianos), se siente el temor y la zozobra de estar en medio de sujetos fuertemente armados y atentos a cualquier posible ataque. Ser vecino del parque y/o habitar en algún barrio de la parte baja del municipio implica, en las noches, hacer largos recorridos por calles oscuras e inseguras y ser objeto de constantes requisas e interrogatorios para poder llegar a sus casas. El tránsito de vehículos es prohibido por las calles del parque y sus alrededores después de las 6 pm, sumando que las contiguas al edificio están todo el tiempo restringidas y que, en muchos casos, las ambulancias y los vehículos con enfermos deben hacer otros desplazamientos por vías más largas y deterioradas para lograr llegar al hospital, ubicado en el extremo más bajo de la zona urbana.
Económicamente, varios comerciantes de la zona se han declarado en quiebra. Las ventas han decaído en los últimos años en más de un 80% por la intensidad del conflicto principalmente, y se ha tenido que cerrar establecimientos de comercio como tiendas, mini mercados, carnicerías, restaurantes, panaderías, cafeterías, bares y almacenes; pues a los compradores se les restringe el paso por la zona después de las 6 pm o, en momentos de tensión, la restricción es total. Los locales y viviendas aledañas a las instalaciones del comando de policía y la brigada son difíciles de arrendar y cuando se arriendan son desocupados rápidamente por las tensiones del entorno.
En este sentido, han quebrado y han tenido que cerrar negocios como: La tienda El Alfa, la carnicería de Gilberto García, la cafetería de Diomedes Uribe, el restaurante El Antojo #2, el bar Víctor, la carnicería La Gran Esquina, el restaurante Sabor del Norte, que pertenecía a la asociación de mujeres ideales y daba empleo a mujeres cabeza de familia. El mini mercado San Miguel debió ser reubicado. El Sena ha tenido dificultades para entrar sus materiales de aprendizaje. Los apartamentos y locales del comerciante Bernardo Yepes, por ejemplo, hacen partes de los difíciles de arrendar, representando pérdidas mensuales que según él están por encima de los tres millones de pesos. El punto de atención al usuario de EPM está a punto de ser reubicado debido a que los usuarios son sometidos a intensas requisas. Todos los anteriores son vecinos de la fuerza pública. Finalmente, es inaceptable un robo ocurrido en el año 2011 al punto de venta Comcel, de propiedad de la señora Luz Posada; en éste, los delincuentes se llevaron siete millones de pesos, a pesar de que éste local queda a todo el frente del edificio donde está ubicada la Brigada, en la mitad de una cuadra totalmente acordonada.
Entre los establecimientos comerciales afectados por esquirlas e impactos de bala se encuentran: la carnicería de Orencio Morales, el restaurante Las Delicias de Pipelon, Miscelánea Principal, mini mercado San Miguel, restaurante Sabor del Norte, carnicería La Gran Esquina, heladería Candilejas, almacén Pintuco, almacén El Atrio, parroquia Santa Bárbara, Institución Educativa Pedro Nel Ospina, chuzos Moncho, bar Baco y las viviendas de Bernardo Yepes, Germán Espinal, Luis Palacio, la casa cural y la casa del Adulto Mayor. De igual manera, esto ha ocasionado la suspensión del servicio de electricidad al impactar transformadores y la suspensión de la TV por cable al impactar un amplificador. En suma, todo lo anterior ha dejado millonarias pérdidas para los comerciantes y propietarios de edificaciones y locales comerciales.
El presente comunicado resalta que como ciudadanos Colombianos se acata, respeta y reconoce la legitimidad de las instituciones Estatales que hacen presencia en nuestro municipio; éstas, se observan como una necesidad imperante dentro del mismo y como un derecho al que se tiene acceso. Sin embargo, como ciudadanos que legitiman y se reconocen dentro el Estado Social de Derecho, rechazamos todo abuso o violación a los derechos que éste nos somete, mucho más cuando los implicados son parte de la fuerza legalmente constituida; puesto que desdibujan el deber ser de las mismas y, además, alimentan el desencanto creado en la población civil durante años de delitos, escándalos y abusos de algunos que no han sabido llevar con decoro la bandera institucional. Por eso, se hace un llamado para que no suceda persecución alguna contra los comunicadores y la prensa local, como ha ocurrido con el corresponsal de Teleantioquía Noticias en Ituango, WILSON CARTAGENA, cuando en el ejercicio de la libertad de prensa informo anomalías sobre los excesivos y abusivos controles de la fuerza pública a los insumos agrícolas, víveres, cemento y otras mercancías; o en hechos del pasado 21 de mayo, cuando el comunicador del canal comunitario del municipio, HARRISON STEVEN MARQUEZ, fue retenido arbitrariamente cuando cubría la movilización pacífica ejecutada el mismo día por pobladores Ituanguinos, y en la que precisamente se exigía la reubicación de la Brigada Móvil N° 18.
Se aclara que la solicitud central del presente está dirigida a una reubicación de la fuerza pública, no de su salida total o parcial del municipio. Ituango siente la necesidad del espacio en que se atrincheran y, en cambio, solicita se ubiquen estratégicamente donde puedan garantizar los derechos delos ciudadanos, proteger sus vidas y sus bienes; pues como se ha expresado está ocurriendo lo contrario: la comunidad no se siente protegida, se siente utilizada, sometida y vulnerada por las partes en conflicto. Así, por los motivos y hechos acá narrados se acude a usted para que interceda frente a esta problemática y se logre un Ituango mejor.
“No puede olvidarse que el manejo del orden público, en el cual los cuerpos armados prestan valioso concurso y apoyo a la autoridad civil, es una función constitucional… (art. 189, numeral 4, C.P.), ni que, en cuanto lo es y por serlo, está sometida a la Constitución en todo tiempo, sin que ese sometimiento se pierda o desdibuje en circunstancias de guerra o conmoción interior (arts. 1, 4, 6, 212, 213, 214, 216 y 217 C.P., entre otros)”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-257 del 28 de mayo de 1997).” Sentencia T-303/97.
Además se hace un llamado a las autoridades locales, departamentales, nacionales y a EPM para que se le dé solución a la situación de nuestros campesinos albergados desde hace más de dos meses en la universidad de Antioquia, y que reclaman una pronta solución a los perjuicios ocasionados por la construcción del mega proyecto HIDROITUANGO.
Las notificaciones y respuesta a la presente solicitud pueden hacerse a través del correo electrónico ascomi@hotmail.com
Atentamente,
Asociación de Comerciantes de Ituango, ASCOMI