Las denuncias hacia la Fuerza Pública crecen en los municipios impactados por Hidroituango y así mismo crecen las amenazas
El Movimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Territorios Ríos Vivos expresa su repudio ante las amenazas que el día 15 de octubre de 2013 recibieron siete (7) educadores de Ituango, uno de los 12 municipios impactados por el Megaproyecto Hidroituango.
La educación en Antioquia está en crisis. La situación de los docentes en Ituango y en toda la zona de influencia de Hidroituango es crítica, el Ministerio de Educación, así como la Secretaria de Educación departamental, y el Ministerio del Interior no ha tomado las medidas pertinentes para que la comunidad educativa tenga las medidas de protección a las que está obligado el Estado. Ya han sido múltiples las amenazas que han recibido docentes en la zona, en Ituango ya se habían desplazado hace poco otros docentes por las mismas circunstancias.
Hay que recordar que los docentes amenazados lideraron (entre otros actores sociales) la primera gran marcha que se vivió en Ituango por los impactos del megaproyecto más grande del país Hidroituango en el año 2010, además en el año 2012 y 2013 realizaron fuertes denuncias por la ocupación de bienes destinados a la educación por el Ejército Nacional y de la infracción al principio de distinción con los niños, niñas y adolescentes cometidas por la Policía Nacional. Han participado de diferentes iniciativas sociales y comunitarias en defensa de los Derechos Humanos y principalmente el Derecho a la Educación, por tal razón son Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que requieren la actuación prioritaria de las instituciones para su protección.
En las Seis escuelas del municipio de Briceño se encuentran en situación crítica por el temor a los enfrentamientos armados en la zona, por las minas antipersonales en sus alrededores y por las infracciones al DIH.
El gobierno departamental desconoce en sus actuaciones las dinámicas de la ruralidad, el 80% de la infraestructura educativa en el departamento requiere atención, es muy escasa la conectividad y se vio reducida en el último periodo de gobierno. La Secretaría de Educación Departamental no tiene respuestas claras para la situación de inseguridad y los requerimientos de garantías para las comunidades educativas en las zonas de conflicto.
Las y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos exigimos:
1. A la justicia colombiana investigar y judicializar a los autores intelectuales y materiales de estos hechos lo más pronto posible.
2. A la Unidad Nacional de Protección (UNP) brindar medidas de carácter urgente a todos y cada uno de los docentes amenazados que les permitan continuar con su labor docente y en defensa de los Derechos Humanos.
3. Al Ministerio del Interior analizar las condiciones de seguridad de las comunidades educativas rurales de cada uno de los municipios de la zona de influencia de Hidroituango y tomar medidas para garantizar el derecho a la vida e integridad física y emocional de las comunidades educativas
4. Al gobierno departamental tomar acciones inmediatas para que las reivindicaciones de las y los educadores que como defensores han liderado, no sean opacadas por estas viles acciones y por el contrario se concreten lo más pronto posible.