Introducción:
La propuesta metodológica que se presenta a continuación se hace para adelantar un diálogo entre las comunidades afectadas por la represa Hidroituango, de los municipios Briceño, Toledo, Ituango y San Andrés de Cuerquia que se encuentran agrupados en el Movimiento Colombiano Ríos Vivos Antioquia. Dialogo que permita dar respuesta a las exigencias de las comunidades frente a la ausencia de institucionalidad de Estado y del gobierno, con independencia del proyecto hidroeléctrico y que aborde los problemas derivados del desarrollo del proyecto.
Algunas de estas problemáticas se refieren al seguimiento y control de la ejecución de la obra, la contaminación de las aguas, restricción de la movilidad de campesinos y comunidad en general, derecho a la información, socialización y participación en relación a la represa Hidroituango, agudización del conflicto armado, relación entre conflicto armado y construcción de la represa, desplazamientos gota a gota en la zona, pérdida de trabajo y modos de sobrevivencia, censo errado, afectación del patrimonio histórico y cultural, afectación de los derechos de la víctimas, incremento de delincuencia común en la zona y otros problemas sociales, irrespeto a las comunidades, afectaciones ambientales, perdida de fuentes de alimentación y violación de otros derechos humanos fundamentales.
No sin antes aclarar que en lo concerniente al papel de la administración pública y haciendo referencia a la necesidad de la presencia de las instituciones de Estado y de gobierno para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, como requisito indispensable para adelantar cualquier tipo de proyecto que impacte a las comunidades, no se da exclusivamente por la vía del incremento de la fuerza pública, es más se advierte que por esta lógica se aumentan las problemáticas sociales en la zona.
Es necesario señalar que las propuestas aquí consignadas son directamente relacionadas a la construcción del proyecto Hidroeléctrico Hidroituango, y estas son separadas de aquellas responsabilidades directas de los gobiernos municipales, departamental y nacional en aspectos relacionados con la garantía de los derechos fundamentales de la población en general impactada por la megaobra.
Capítulo I. Condiciones de seguridad.
Debido a las condiciones del contexto en la zona de construcción de la represa, específicamente a la agudización del conflicto armado y a la presión sentida durante la movilización que evidenció una serie de infracciones por parte del ejército al Derecho Internacional Humanitario, poniendo en riesgo a los manifestantes del Movimiento Ríos Vivos que nos encontrábamos en el Valle de Toledo. Por ello solicitamos a quien corresponda que a través de la Gobernación de Antioquia e Hidroituango:
1. Se realicen las investigaciones pertinentes
2. Garantías y medidas de protección colectiva, tanto para el grupo de líderes como para todos los manifestantes que participaron en la Movilización Social de Afectados por Hidroituango.
3. Una ruta que permita la participación de comunidades afectadas en medio del conflicto armado frente al proyecto Hidroeléctrico HidroiItuango, en condiciones de seguridad para sus vidas, integridad física, emocional y el respeto a todos los derechos humanos.
Capítulo II. Quienes participan del proceso.
Para el desarrollo del proceso de diálogo se requiere la presencia de:
– Representantes de las Comunidades afectadas por la represa, congregadas en el Movimiento Ríos Vivos.
– Asesores elegidos por los y las afectadas que acompañaran a los representantes de las comunidades durante el proceso de diálogo. Las comunidades están en plena libertad de elegir a las personas que consideren necesarias como asesores para cada momento del proceso.
– Representantes de las instituciones de control del Estado: Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, del orden nacional.
– Exigimos que durante todo el proceso haya presencia de la Agencia Nacional Licencias Ambientales (AMLA), Ministerio del interior y Ministerio de Agricultura.
– Representantes de la gobernación con carácter plenipotenciario y capacidad de decisión.
– Representantes de EPM con carácter plenipotenciario y capacidad de decisión.
– Como garantes encargados de la moderación, actas, expertos en solución de conflictos, se propone a un representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, defensoría nacional del pueblo encargado de los derechos colectivos y un representante de la plataforma de DDHH Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
Durante el desarrollo del proceso de diálogo las partes podrán solicitar espacios autónomos para la toma de decisiones. Estas decisiones en el caso de las comunidades se tomarán siempre por consenso.
Capítulo II. Lugar para los diálogos
La mayoría de los encuentros se realizarán en el corregimiento de El Valle, municipio de Toledo.
Capítulo III. Costos del proceso.
Logística: Espacios, sonido, materiales de apoyo, materiales para las memorias, grabaciones, difusión, alquiler de mesas, sillas, movilidad, alimentación, alojamiento y todo lo necesario para cada una de las actividades requeridas para llevar a cabo el proceso de negociación.
Asesores: Los pagos que sean necesarios para asesores elegidos por las comunidades.
Todos los rubros anteriormente mencionados serán cubiertos por el proyecto Hidroituango.
Capítulo IV. Dinámica del proceso de dialogo:
Garantías para el dialogo
Argumentos:
–
La mayoría de las personas de la zona no están enteradas de su condición de afectadas, en gran medida por la ausencia de información y su poca claridad en los casos en los que ha habido información sobre el proyecto Hidroeléctrico Hidroituango. La primera de las garantías es el cumplimiento del derecho a la información sobre todo lo relacionado con la represa.
– Ya en dos oportunidades se ha argumentado la necesidad de definir garantías para que la apertura y desarrollo de los diálogos se den en un ambiente de confianza entre las partes, especialmente en términos del principio de precaución que se invoca a partir del reconocimiento de afectaciones sociales, ambientales, culturales y económicas que motivaron la movilización y la protesta social; pues, si las obras de la represa continúan sin tener en cuenta los impactos que vienen causando, se incrementará y agudizará la vulneración de derechos humanos fundamentales de los afectados por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
– La construcción de campamentos, vías, el ensanchamiento de las existentes, el movimiento de tierras aledañas, entre otras obras que se vienen adelantando, sin terminar el proceso de negociación y compra de predios (el cual ha generado muchas dudas e inconformidades), ha impuesto cargas excesivas y por la fuerza a propietarios, poseedores de buena fe, jornaleros, arrendatarios, mayordomos y en general a las comunidades de la zona.
– Las comunidades desconocen las áreas exactas contenidas en la declaratoria de utilidad pública, entre otras razones por la falta de difusión y pedagogía para hacerlo, no es pertinente llegar con planos que expresen esas áreas en polígonos, sino en la terminología propia de la zona que explique y dé claridad a las comunidades afectadas.
– El artículo 18 del Decreto 2024 de 1982, y la razón expresada en el artículo 9° de la Ley 56 de 1981 establece un término de dos años de vigencia para que el proyecto tenga la primera opción de compra de los predios declarados de utilizada pública, este término caduco y sin embargo, la empresa no ha atendido la necesaria difusión al respecto solicitada por el Ministerio de Minas y Energía (se adjuntan respuestas a derechos de petición relacionados).
– Diversas actividades económicas han sido impactadas de diferentes maneras por la construcción de la represa, entre estas se encuentran: Pesca, minería artesanal, comercio local, transportadores, extracción de material de playa que afecta a paleros, volqueteros, constructores y familias entre otros. De avanzar la obra se profundizarían estos impactos ya generados.
– Preocupa el hecho de que la zona de construcción de la hidroeléctrica sea una zona endémica de múltiples enfermedades tropicales, especialmente las transmitidas por mosquitos asociadas a la construcción de represas, como: Malaria o paludismo, los diferentes tipos dengue, fiebre amarilla, leishmaniasis, entre otras. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud OMS no se deben construir represas en zonas tropicales por estar comprobados el aumento de problemáticas de salud. “Antes de empezar las obras y en términos preventivos y de mitigación un aspecto fundamental en el planeamiento es tener en cuenta a la comunidad impactada y se define como comunidad impactada las que están cerca al sitio o aún más a cualquier persona que esté interesada o se vea afectada por la construcción de la represa, deben estar involucrados en todos los aspectos relacionados con la valoración de los impactos en salud, y en general en todos los aspectos relacionados con la construcción y operación de la represa”. (HUMAN HEALTH AND DAMS. OMS: 2000)[1].
Solicitudes:
1. Se suspendan las obras sobre predios que no han sido comprados total o parcialmente, sobre aquellos que no se tengan claridades jurídicas, sobre los que se han dañado cultivos hasta tanto no se reparen los daños y hasta tanto no se realice la compra total en condiciones de equidad para las partes.
2. Garantizar el acceso a la información. Solicitamos se entregue previamente la siguiente información a cada uno de los y las líderes, además del equipo asesor, para el inicio de los diálogos:
a) Estudio socioeconómico de que trata el artículo 1º del decreto 2024 de 1982.
b) Estudio de impacto ambiental, licencia ambiental, diagnostico ambiental de alternativas y todos los documentos derivados de estos, como: caracterizaciones poblacionales o censos, manual de valores unitarios, Planes de manejo, entre otros.
c) Informe de cumplimiento del artículo 15 del decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 el cual dispone sobre la participación de las comunidades frente a las represas, y los términos de referencia HE – TER-1-01 para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas generadoras, la cual es requisito para la expedición de la licencia ambiental.
d) Análisis sobre impactos sociales, ambientales, culturales y económicos aguas abajo de la represa y proyecciones a mediano y largo plazo.
e) Valoración de los impactos en salud y su relación con aspectos sociales y ambientales, antes, durante y proyecciones para después de la obra, como lo recomienda la OMS, línea de base de los datos de salud de la población en las diferentes épocas del año, variaciones ocurridas durante lo que se lleva de la obra. Cumplimiento de los criterios establecidos por la OMS, metodología formal, preferiblemente asesorados por la OMS expertos en el tema. Este análisis deberá contener las principales categorías con respecto a la salud y el conocimiento acerca de la asociación de estas con los proyectos de represas: Enfermedades contagiosas, enfermedades no contagiosas, accidentes, mal nutrición, desordenes psicosociales y bienestar social.
f) Indicar si el proyecto hidroeléctrico Hidroituango se encuentran en zonas especiales de protección, tales como, zonas de reserva forestal, paramos, parques nacionales naturales o áreas contenidas en la Convención internacional Ramsar, zonas con reservas estratégicas en biodiversidad de plantas y animales.
g) Presentar los estudios geológicos realizados para el Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango.
h) Presentar plan de reactivación de la economía de los diferentes grupos poblacionales afectados y reasentados en la Zona de Hidroituango. Señalar cuál es el plazo que tiene la empresa para la reubicación de las comunidades y en qué condiciones.
i) Estado de compra de predios, saneamiento de la titulación, prescripción adquisitiva de dominio y demás procesos jurídicos de garantías para las partes, el porcentaje pagado y por pagar, tiempos de pago, las obras adelantadas en cada predio, además discriminando los términos en los que se realizó la negociación, compra general, parcial, de cultivos, aguas, etc.
j) Estado detallado del proceso de compensación social y económica a afectados de la zona, hasta el momento realizado.
k) Informe sobre los instrumentos, herramientas y evidencias mediante los cuales EPM certifica que las comunidades tuvieron suficiente conocimiento y aptitudes para tomar una decisión libre, clara y suficientemente informada. Este informe debe contener el detalle de las personas con las que se han realizado negociaciones hasta ahora en todos los campos, si estas han sido víctimas del conflicto armado y en qué estado psicológico se encontraban en el momento de la negociación, pues de esto depende las condiciones de la misma y la capacidad para comprender el proceso, también es importante conocer el acompañamiento especial que se dio a las víctimas en el proceso y el seguimiento posterior. Esto en vista de que durante el proceso organizativo de afectados y afectadas por la represa se pudieron constatar varios casos graves de personas con problemas psiquiátricos y psicológicos que difícilmente estarían en las condiciones mínimas para iniciar un proceso de negociación y que están más vulnerables a los impactos ocasionados por la represa, además algunas de las personas que salieron de la zona sufren de depresión, ansiedad y estrés postraumático.
l) Informar sobre cómo se garantiza que en la zona de inundación de la represa y obras asociadas no se encuentran fosas comunes y cadáveres para dar cumplimiento al derecho a recuperar a las personas desaparecidas y al duelo de las víctimas del conflicto armado en Colombia, para el acceso a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
m) Informe sobre cada uno de los calvarios destruidos o dañados por las obras y sí de ellos se hizo registro que permitiera a las víctimas mantener sus propios mecanismos de recuperación de la memoria histórica de los hechos violentos perpetrados en la zona, tales como homicidios o desapariciones forzadas.
n) Informe sobre si la obra se ha realizado y se adelanta sobre predios de pobladores víctimas de desplazamiento forzado por causa de conflicto armado y cuyas propiedades debieron estar sometidas a la protección legal de que trata el decreto 2007 de 2001.
o) Requerimos saber las medidas que el proyecto Hidorituango ha tomado relacionadas con el conflicto armado, en términos de garantizar el derecho a la vida de sus empleados, por el riesgo eminente de ataques de grupos armados ilegales en la zona; informar cuantas victimas de empleados se han generado y las condiciones en que han ocurrido los hechos
p) Informe financiero del desarrollo de construcción Hidroeléctrico en virtud de que el proyecto es público, construido por una entidad pública y con inversión de recursos públicos, este informe deberá contener entre otros aspectos: Egresos por conceptos relacionados con el desarrollo de la represa dirigidos a los municipios de la zona de impacto (Relacionar convenios, pagos de impuestos, contratos, etc) y su respectivo seguimiento.
q) Informe de empleo: Cifras de empleo generados y que se generarán, señalar escala salarial a la que han accedido y podrán acceder. Anexar plan de trabajo y obras. Especificar cuantas personas de la zona de impacto están empleadas en la represa y la duración de su contrato. Además de los protocolos que garantizan en el desarrollo de la obra en términos de un empleo digno.
r) Informe de seguridad industrial y salud ocupacional donde se muestren cifras de muertes por accidentes de tránsito, accidentes y muertes dentro de la obra, y de las comunidades aledañas.
s) Informe sobre el patrimonio Histórico y Nacional, (Material e inmaterial), plan de manejo de hallazgos arqueológicos, detalles de la arqueología de rescate. Informar sobre el lugar donde reposan los hallazgos arqueológicos hasta la fecha encontrados durante las obras y el plan de preservación de los vestigios indígenas que hay en la zona, de igual manera cómo se difundió esta información a las comunidades.
t) Teniendo en cuentas las riquezas en oro y materiales asociados, los cuales extraían los mineros artesanales de la región, solicitamos se informe si con las remociones de tierra por parte de las empresas contratistas se está separando el material aurífero y demás, en cuyo caso, se explique las ganancias obtenidas por esa actividad y bajo que normatividad se realiza pues tiene requerimientos ambientales.
Cordialmente,