Con gran indignación como Movimiento Ríos Vivos conformado por comunidades afectadas por Hidroituango expresamos como la Procuraduría Regional de Antioquia se presta para discriminar a las asociaciones del Movimiento y favorecer de manera descarada los intereses de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El día de hoy 30 de julio de 2020 líderes de las JAC, Concejales, la MEA y de la empresa que en la zona contrata líderes para EPM fueron convocados con el único propósito de validar los intereses de EPM, favorecer a la empresa y perjudicar a las comunidades y la misma administración municipal. Otras asociaciones no fuimos convocadas, pero cuando un líder del Movimiento Ríos Vivos se enteró por casualidad decidió participar.
Se hicieron denuncias graves sobre suspensión de apoyos económicos en medio de la pandemia a personas que perdieron sus viviendas y hasta ahora no tienen en dónde vivir, cláusulas y presión indebida en contratos para indemnizaciones injustas e incluso absurdas y sobre todo incumplimiento de acuerdos con las comunidades por parte de EPM. Estos incumplimientos sin ninguna observación por parte de la procuraduría e incluso impulsados por la misma. Todas estas inquietudes sin respuesta alguna por parte de los funcionarios asistentes.
El mismo personero municipal expresó preocupación por la problemática. La respuesta del procurador regional, Luis Fernando Bustamante, fue decirle que no podía ser dramático, ante este «regaño» algunas de las comunidades respaldaron al personero.
La situación es especialmente grave pues el Procurador ejerció presión, así lo percibió el líder del Movimiento Ríos Vivos y quedó constatado con la única decisión tomada en el espacio, para que la comunidad renunciara a acuerdos previos con afirmaciones como «yo necesito que digan si va a dejar hacer las obras». Ninguna garantía para las comunidades representa este tipo de comportamientos contrarios a la ética de un funcionario, que se supone de un ente de control, pero que actúa en contra de las organizaciones sociales y la población.
La única manifestación que recibió el líder ambiental del Movimiento Ríos Vivos y presidente de la Asociación de pequeños mineros y pesqueros de Puerto Valdivia William Gutiérrez por parte del Procurador regional fue que «es que con ustedes hemos hablado mucho» aunque hasta ahora no se nos resuelve nada.
Para nosotros como afectados el máximo cargo de la procuraduría en Antioquia está al servicio de EPM y no de la garantía y protección de derechos de los más vulnerables.
Como si lo anterior fuera poco el funcionario manifestó a la alcaldía que en las riberas del río Cauca no puede vivir nadie a pesar de que EPM dio retorno a decenas de familias que viven en las riberas. Afirmación contraria a la ancestralidad, dinámica social y cultural de todo el territorio del cañón del río Cauca y del Bajo Cauca. La responsabilidad de EPM la diluyó y traslado a la alcaldía. Así mismo el procurador acusó a la comunidad de hechos contrarios a la verdad, quedó claro que según su criterio la comunidad tiene que hacer lo que diga EPM.
Ante las manifestaciones de tener las pruebas sobre las mentiras que EPM expreso en la reunión, no hubo ninguna apertura al dialogo y por el contrario calló quién dirigió la reunión que fue el Procurador Regional y limitó la expresión del líder «cuando uno busca ayuda del Ministerio Público no espera que le hagan esto».
Los discursos y prácticas de odio se manifiestan en este tipo de actuaciones en dónde las comunidades nos sentimos vulnerados, incluso por quienes tienen como mandato protegernos. Luis Fernando Bustamante oyó el lamento del líder ambiental en el país del mundo que mayor riesgo representa para este tipo de liderazgos. El líder, William Gutiérrez, expresa el riesgo en el que se encuentra aún más después de la reunión de hoy y las críticas.
