Represas en Colombia: desplazamiento y miseria.
Publicado por la plataforma de DDHH Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Nodo Antioquia
Este documento presenta algunos de los cuestionamientos, denuncias, vivencias, y propuestas de cientos de pobladores y pobladoras afectadas por la construcción de represas que nos articulamos en el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Movimiento Ríos Vivos bajo la consigna de propender porque los ríos se mantengan vivos y con ellos, las comunidades y sus formas de vida tradicionales.
Los megaproyectos de represas son nocivos para el ambiente, las comunidades que habitan los territorios y la sociedad en general. Su construcción no se adelanta para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales dado que la sociedad actual sostiene un modelo energético excluyente al tiempo que afectan modos y formas de vida locales, amenazan la cultura e identidad de numerosos pueblos y, en muchos casos, han impuesto el destierro o el desplazamiento en nombre de lo que algunos sectores llaman “desarrollo”.
Las represas que se han construido han desplazado miles de personas en Colombia, gran parte de ellas han tenido que cambiar su actividad económica tradicional por formas indignas de trabajo, para poder sobrevivir. Campesinos, pescadores y mineros artesanales o barequeros se han visto obligados a migrar a las grandes ciudades, engrosando las filas de desempleados o convirtiéndose en vendedores ambulantes, obreros o personas en situación de calle, indígenas, campesinos y pescadores fueron obligados a transformar sus costumbres, tradiciones y sus planes de vida, como sucedió con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá I, entre otros.
Los impactos sociales más graves recaen o ejercen presión en la vida de las mujeres quienes tienen que enfrentar la ruptura o descomposición familiar, la violencia intrafamiliar, y las preocupaciones del hogar ante la falta de ingresos seguros. Sin embargo, frente a esta diversidad de impactos, el elemento común en cada lugar es que las mujeres jamás han sido tenidas en cuenta para el resarcimiento de derechos o indemnizaciones.
Las represas disminuyen la capacidad productiva de los territorios, vulnerando la seguridad y la soberanía alimentaria en las regiones, pero también poniendo en riesgo el autoabastecimiento del país en el mediano plazo, en virtud de la cantidad y envergadura de los proyectos que se imponen en los territorios y los que se proyectan.
Por otra parte, la mayoría del territorio colombiano vive con agudeza los efectos del conflicto armado, que facilitan la construcción de estos y otros megaproyectos en tanto las comunidades no pueden organizarse para reclamar sus derechos, de igual manera los desplazamientos forzados han servido para desocupar estas zonas de interés.
Complementariamente cuando la construcción de un proyecto comienza, sin importar la naturaleza de la empresa constructora, pública, privada, nacional o extranjera, se vulneran una serie de derechos humanos individuales y colectivos en los que, por lo general y en el mejor de los casos cuando no han contribuido con la vulneración las instituciones del estado se han mostrado negligentes en el cumplimiento de sus mandatos y en la protección de los derechos constitucionales de los y las ciudadanas que habitan los territorios. A continuación, resaltamos algunos de los procedimientos o irregularidades más recurrentes:
– En cada proyecto existen una serie de externalidades no previstas que no son tenidas en cuenta en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o los Planes de Manejo Ambiental (PMA). Las licencias ambientales, por lo general, no citan nada al respecto. Un caso que destaca esta situación es el vertimiento de 500 m3de lodo en la cuenca del bajo Anchicayá en el año 2001, por parte de la multinacional Unión Fenosa, mayor propietaria en ese entonces de la Empresa EPSA.
– Los EIA son realizados por los mismos interesados, sus metodologías ajustadas a resultados determinados y en el mejor de los casos cuando hay planteamientos serios en estos estudios, no son recogidos en las licencias ambientales, en el caso de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, el EIA contemplaba elementos de trascendencia como los impactos a largo plazo y la agudeza del conflicto armado que vive la zona, no obstante estos elementos no fueron recogidos de ninguna manera en la licencia ambiental y menos en los PMA y las acciones puntuales de la empresa.
– Los EIA No son realizados de manera ampliamente participativa, menos consultada. a las comunidades se les extrae información pero no se les da, y cuando se entrega información esta es sesgada e incompleta.
– Las represas se imponen sobre la visión de progreso de las comunidades locales. Comunidades campesinas y productoras de alimentos, que generan más empleos permanentes que la represas, y con propuestas alternativas a esta manera de generar desarrollo están siendo arrasadas. En el caso El Quimbo, las comunidades han demostrado que la creación de una Zona de Reserva Campesina puede traer mayores beneficios para la región y el país que la construcción de la represa.
– La construcción de represas se imponen exclusivamente como negocio. Esto se constata en las regiones en que existen severos riesgos potenciales de que el muro de la represa colapse o el almacenamientos de grandes cantidades de agua pueda causar una calamidad. Las represas El Quimbo e Hidrosogamoso actualmente se construyen en zonas de actividad sísmica sin que, hasta el momento, se haya demostrado que no existen riesgos potenciales. Los negocios en este caso priman sobre la vida y el riesgo. Sobre Hidroituango también existen dudas que apuntan a serios riesgos referidos a los grandes deslizamientos en algunos puntos del Cañon del Cauca.
– Las empresas constructoras presionan a los pobladores para que vendan sus tierras generando severos impactos psicosociales en las poblaciones. En el caso del Quimbo 10 personas han muerto por estas circunstancias, ante lo cual exigimos una investigación seria y responsable por parte del Estado que determine las causas, efectos y responsabilidades.
– La construcción de represas ha implicado la agudización del conflicto armado en los territorios. Varios líderes han sido asesinados impunemente: los indígenas Kimy Pernía, Lucindo Domicó y el profesor Alberto Alzate, opositores a la represa Urrá I; los campesinos y pescadores Honorio Llorente, Marco Tulio Salamanca, Herbert Cárdenas, Luis Arango y Jairo Rodríguez Caro, opositores a la Represa Hidrosogamoso donde además se adelantado campaña de amenazas e intimidaciones mediante panfletos, carteles y rumores desde 2009, recientemente fue desaparecido Miguel Ángel Pabón Pabón (31-10-2012), asesinado Gilberto Villamizar y herida su esposa Matilde (20-11-2012); en el norte y occidente antioqueño, la agudización del conflicto armado se observa en el aumento de las zonas sembradas con minas antipersonales, las confrontaciones entre grupos armados, la quema de vehículos, las amenazas y la persecución y judicialización de la población civil. En Ituango, una lista de líderes y lideresas campesinas han sido estigmatizados y señalados como auxiliares de la guerrilla, además lideres y lideresas opositoras a la construcción amenazados como colectivo han buscado medidas de protección colectiva ante el estado sin que hasta el momento haya habido respuesta alguna. En el caso del Quimbo 11 personas de la tercera edad han muerto de depresión a causa del destierro ocasionado por la construcción de la hidroeléctrica.
– La construcción de represas en medio del conflicto armado y en zonas de cruentos enfrentamientos puede implicar una grave pérdida de la memoria histórica y del derecho al duelo – conexo al derecho a la vida- puesto que ante los muchos desaparecidos del país y los antecedentes de fosas comunes en algunos territorios de construcción de represas, como es el caso de Hidroituango, el Movimiento ha elevado su voz de alarma en este sentido pues debe asegurarse a la sociedad colombiana y al mundo entero que esto no va a ocurrir. Varios hechos dan cuenta de esta posibilidad con la construcción de Hidroituango: La empresa EPM informa a las autoridades competentes sobre la fosa común existente en la finca Cuni jurisdicción del Municipio de Toledo, en donde hoy se encuentra uno de los más grandes campamentos de la obra. La fiscalía hallo 10 cadáveres en el mes de abril de 2011. De igual manera la fiscalía ha realizado hallazgos en los municipios de Briceño y San Andrés de Cuerquia, todos en la zona de impacto directo de la hidroeléctrica. El segundo hecho es el conocimiento por parte de algunos de los miembros del Movimiento de la existencia de cadáveres en la zona ribereña, pero por no tener confianza en las autoridades locales y por saber que los victimarios siguen en la zona, es decir, por no haber garantías para la denuncia, estas no se han realizado[1].
– Los censos y las caracterizaciones de las afectaciones a múltiples actividades económicas, sociales, ambientales, políticas y culturales son imprecisas. Evidenciamos irregularidades en la inclusión o exclusión del censo de la poblaciones afectadas, se evidencian claras intenciones de engaño hacia las comunidades donde se genera presión para que entre los pobladores señalen a quien tiene o no derecho a una indemnización, aumentando los riesgos para la vida que significan este tipo de confrontaciones.
– El emplazamiento de represas implica la violación sistemática de derechos humanos fundamentales como el Derecho a la información y a la participación, a la libertad de reunión, asociación y expresión; al trabajo y condiciones dignas de vida; a una vivienda adecuada; a la educación; a un ambiente sano y a la salud; a la total reparación de las pérdidas; a la justa negociación en condiciones de equidad para las partes, conforme criterios transparentes y colectivamente acordados; a la libre movilización; a las prácticas y a las formas de vida tradicionales, así como el acceso y la preservación de bienes culturales, materiales e inmateriales; a los derechos de los pueblos indígenas, negros y tradicionales; a la protección especial de grupos vulnerables; derecho de acceso a la justicia y a la razonable duración del proceso judicial; a la reparación por pérdidas anteriores; derecho de protección a la familia y a los lazos de solidaridad social o comunitaria entre otros.
Solicitudes y exigencias del Movimiento Ríos Vivos:
– Exigimos se prioricen las vocaciones tradicionales de los territorios, que garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria, el agua y el sustento de la vida, antes que megaproyectos que atentan contra el bienestar de cientos de pobladores y pobladoras.
– Exigimos presencia del Estado y sus instituciones en la labor de cumplimiento y veeduría de los procesos exigidos a las empresas constructoras de megaproyectos.
– Solicitamos se detengan los megaproyectos de cualquier tipo en las regiones con presencia de actores armados al margen de la ley. El conflicto armado limita la participación real de las comunidades en el proceso de planificación, consulta y construcción de los megaproyectos. De lo contrario la construcción de estas obras se adelantan sin ninguna garantía para los afectados, y sin ninguna posibilidad de participación y transparencia.
– Solicitamos a los organismos internacionales adelantar gestiones que den garantías para el respeto de los derechos individuales y colectivos de las personas y comunidades afectadas así como garantías para la integridad los líderes y lideresas que vienen siendo estigmatizados, perseguidos y amenazados por su labor social en defensa de los derechos ambientales, sociales, económicos y culturales de los afectados.
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y construcción de Hidroituango[2]
Introducción: El proyecto hidroeléctrico Ituango, cuya sigla es Hidroituango, identificado con el NIT 811014798-1 es el megaproyecto más grande de Colombia, por lo tanto uno de los que mayores intereses moviliza sobre la zona y también más impactos está generando en los habitantes.
Las comunidades de los municipios de Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango en el norte y, Sabanalarga, Liborina y Olaya en el occidente de Antioquia, agrupadas en el Movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas Ríos Vivos vienen organizándose para exigir el respeto a sus derechos humanos especialmente los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales vulnerados por la construcción de la hidroeléctrica.
Esta represa se pensó desde el año 1969, no obstante inicio obras en el año 2008 y con mayor énfasis en el año 2010. En el año 2011 El Movimiento realiza la primera movilización social masiva con alrededor de tres mil personas que expresaban inconformidad en sus consignas y un comunicado con 22 aspectos que vulneraban sus derechos y que, hasta el momento, no han sido superados, especialmente los relacionados al derecho a la participación social, al trabajo, a la alimentación y al debido proceso por los desalojos de comunidades ribereñas.
De diferentes maneras las comunidades continuaron buscando mecanismos para expresar su inconformismo y la vulneración de sus derechos sin embargo la ineficacia de las instituciones públicas y la ausencia de las mismas en la zona dificulto este proceso. El Movimiento realizó entre el 26 de agosto al 7 de septiembre una movilización pacífica en el corregimiento El Valle de Toledo, que tuvo que ser levantada por problemas de seguridad para los manifestantes, es decir, que no habían ni hay garantías para la protesta social en la zona, situación ya se había expresado por el Movimiento en diferentes espacios.
Contexto del conflicto armado: El norte de Antioquia, ha vivido históricamente la agudeza del conflicto, pero ha tenido dos periodos de cruentas confrontaciones entre actores armados legales e ilegales, que han dejado a la población desprovista de herramientas organizativas que le permitan afrontar la magnitud de los impactos que esta generando la construcción de Hidroituango, son los lideres y defensores de los derechos humanos los más violentados, las muertes selectivas así lo han demostrado, encontrando como principal foco a organizaciones sociales, comunitarias y lideres representativos de los distintos municipios.
Los líderes han sido y siguen siendo blanco fácil para los grupos armados tanto legales como ilegales. Los hechos ocurridos durante lo que va corrido del año en el municipio de Ituango y demás municipios de la zona demuestran que el patrón se conserva, líderes asesinados en el municipio de Ituango uno del corregimiento La Granja, otros del casco Urbano, líderes desplazados por amenazas, amenazas a líderes, estigmatización de los procesos organizativos y de los lideres, capturas masivas, empadronamientos, entre otros graves violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos más graves y numerosos ocurrido en el año 2011 y aún no esclarecido por las autoridades competentes, fue la publicación de un blog en internet en el que se señalaba a más de 2.000 personas de los municipios del norte lejano, principalmente Ituango y Toledo de ser auxiliadores o de pertenecer a las FARC.
La relación entre conflicto armado y la construcción de la represa Hidroituango o proyecto hidroeléctrico Ituango es innegable en la vida cotidiana de las comunidades, dos periodos han sido los más destacados de la obra, el primero a finales de los años 90 cuando se crea la Sociedad Promotora de Pescadero S.A. y la segunda el inicio de obras desde el año 2008. Justamente los dos periodos que con mayor agudeza se ha sentido el conflicto en la zona de incidencia del megaproyecto. La agudización del conflicto en lo que va corrido del año en la zona puede seguirse mediante todas las variables con las que se mide el conflicto armado en el país. Los accidentes e incidentes con minas antipersonales, los desplazamientos forzados, los asesinatos, los enfrentamientos armados, las amenazas, entre otros.
Otro aspecto de especial relación entre el conflicto armado y la construcción de la represa es la posibilidad de que existan fosas comunes en la zona de incidencia del proyecto hidroeléctrico. Además no se puede dejar de lado el hecho de que la mayoría de las personas afectadas son víctimas del conflicto armado y por lo tanto son más altos sus niveles de vulnerabilidad social ante la magnitud de las transformaciones sociales, ambientales, económicas y culturales que está generando la obra, este aspecto no ha sido tenido en cuenta por la empresa que ejecuta actualmente el proyecto Empresas Públicas de Medellín EPM.
Asesinato:
Jaime Arturo Rojas, directivo de la Cooperativa de Transportadores de Ituango, reconocido como mototaxista y comerciante, con una finca ubicada en la vereda la Honda, zona de impacto directo de la represa, preocupado por la construcción de la represa y critico ante las incertidumbres y los vacios que genera la obra en la zona. Fue asesinado en extrañas circunstancias el 5 de julio de 2012, en las afueras del casco urbano con arma corto punzante. Por su reconocimiento miles de de ituanguinos salieron a acompañarlo en uno de los entierros más números que se han visto en el municipio. Este asesinato aún no ha sido esclarecido por las autoridades.
Daños a la salud
Luz Marina Días quien fue desalojada de las riberas del río Cauca el 30 mayo de 2012. Perdió el oído derecho por la explosión de dinamita para la construcción de la obra, explosión que se inicio en la parte alta antes de los desalojos lo que puso en grave riesgo su vida y la de sus compañeros. Estos serios daños a su salud hasta el momento no han sido reparados o compensados, ni siquiera asumidos como de su responsabilidad por parte de la empresa constructora.
Amenazas a líderes relacionados con la protesta social a Hidroituango:
Paramilitarismo
Una de las principales amenazas para los líderes que se oponen a la construcción de la represa es la presencia de paramilitares en la zona, por las siguientes razones:
1. La Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz afirmó que “el principal obstáculo para este proyecto ha sido la presencia de la guerrilla. En 1996 entro el Bloque Mineros a Ituango y justo dos años después se constituyo la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.” La misma fiscalía detallo los asesinatos masivos y las masacres ocurridas en los municipios de la zona de incidencia del proyecto, la constante fue asesinar de manera selectiva a personas acusadas de auxiliar a la guerrilla.
2. Aunque se supone que los paramilitares se desmovilizaron desde el año 2006, en el municipio de Briceño han continuado con una fuerte presencia, y este año 2012 han sucedido varios hechos que así lo prueban, al igual que ha ocurrido hechos que alertan sobre nuevas incursiones para militares en el municipio de Ituango.
a) En el mes de enero fueron cambiados todos los policías del municipio, señalados por la comunidad de ser colaboradores de Los Urabeños, grupo paramilitar que opera en el municipio y el cual se ha atribuido varios delitos como la muerte del administrador del hospital (14 de diciembre) Saúl Sarrazola y la quema de buses.
b) Los grupos paramilitares convocan ampliamente a reuniones a líderes sociales y comunales, reciben llamadas de estos grupos para exigir asistan a las reuniones, algunos de los lideres han optado por cambiar de celular o no volver a contestar a números desconocidos. El 28 de junio de 2012 en la elección de ASOCOMUNAL la administración municipal expresó que no se oponía ni apoyaba este tipo de reuniones.
c) En el municipio de Ituango desde Semana Santa se observaron en algunas veredas grupos de hombres fuertemente armados, vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública, camiseta negra y pantalón camuflado, con un brazalete rojo alusivo a las AUC. Lo mismo ocurrió el 1 y 2 de julio de 2012, en una de las vías rurales que conduce a las veredas Paloblanco, Buenavista, Guacharaquero, La Honda, Cortaderal entre otras, a unos 15 minutos del casco urbano, fueron observados alrededor de 200 hombres que desfilaban por la vía con las mismas características, además habían escrito en la vía AUC y montaron retenes en algunos sitios maltratando a campesinos del sector, acusándolos de ser auxiliadores de las FARC y guerrilleros.
3. Las capturas masivas, los señalamientos públicos por parte de las autoridades exponen a líderes y a la población en general a sufrir ataques de los grupos paramilitares, los cuales por su accionar político han mostrado favorabilidad al proyecto.
Amenazas directas realizadas por desconocidos a líderes de la zona
Desde el mismo momento en el que se iniciaron las obras relacionadas con la hidroeléctrica y como una de las consecuencias directas en las comunidades, la estrategia usada por la empresa fue descargar en las personas de la zona no solo las consecuencias de la presión migratoria sino también la responsabilidad en la identificación de quienes no son de la zona, este hecho ha generado conflictos entre comunidades y grupos poblacionales, además ha generado amenazas y confrontaciones entre líderes, entre personas de la zona, entre habitantes y lideres, entre foráneos y habitantes, entre foráneos y lideres.
Las juntas de acción comunal han presentado listados solicitados por las distintas empresas que han realizado estudios para el proyecto como una de las formas de realizar el censo de personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico
1. Muchas de las personas de la zona han quedado por fuera de los censos y esta ha sido una de las razones por las cuales se han realizado diferentes protestas en contra de la hidroeléctrica.
2. Las personas incluidas en los censos consideran que la protesta social por las exclusiones realizadas en este diagnostico, implican que se vean perjudicados en sus intereses por ser compensados económicamente por sus afectaciones, esto ocurre porque los funcionarios del proyecto insistieron en repetidas ocasiones que entre más personas hubiera menos dinero tendrían para la compensación, además de que debían delatar a las personas que no tuvieran derechos, sin dar explicación alguna sobre en qué consisten esos derechos.
3. La llegada de foráneos se torna cada vez más peligrosa para las y los líderes de la zona, por estos hechos han sido amenazadas dos lideresas de la zona.
En este sentido y debido a las diferentes posiciones que existen en el territorio sobre la construcción de dicho proyecto, diferencias apenas normales si se tienen en cuenta las afectaciones de un megaproyecto de estas magnitudes, pero diferencias que exacerban su peligrosidad y posibilidad de daño físico y psicológico a líderes opositores a la construcción de la misma, si tenemos en cuenta el ambiente convulsionado por el conflicto armado en la zona, con la presencia de diferentes actores armados ilegales y legales. Prueba de ello son los siguientes hechos.
1. Tres líderes pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos han sido amenazados por la fuerza pública y por funcionarios que laboran para la obra.
2. Una lideresa fue amenazada para que saliera de su territorio y no volviera a hablar de la represa desde el mes de julio de 2012
Estigmatización a la protesta social.
Los procesos de estigmatización a la población son recurrentes por parte de las autoridades locales y regionales, sin que se den claridades sobre señalamientos que dejan en un grave riesgo a la población. Es así como en el mes de junio del año 2011, en un blog se publican los datos personales de alrededor de 2.000 personas de los municipios de Ituango, en su gran mayoría y Toledo.
1. Desde el primer momento de la movilización de las comunidades, la Fuerza Pública que hace presencia en el lugar estigmatizó nuestra protesta pacífica señalándola de ser promovida por la guerrilla de las FARC. Esta estigmatización es infundada pero ha sido difundida irresponsablemente por los diversos medios de comunicación.
2. En la segunda semana del mes de agosto se escucho en la zona, por medio de la emisora del Ejército Nacional, que la movilización que se preparaba en contra de la hidroeléctrica era promovida por las FARC.
3. El 21 de agosto el General José David Guzmán Trujillo, comandante de la región seis de la Policía Nacional, aseguró ante los medios de comunicación que las acciones de protesta de las comunidades son acciones de las FARC para frenar la ejecución de la obra, el desarrollo de Ituango.
Las capturas masivas: Como resultado de la estigmatización las capturas masivas que en diversas ocasiones se han dado en la zona que no han tenido los suficientes elementos para la judicialización, lo que quiere decir que se usa esta estrategia para amedrentar a la población por parte de las instituciones del Estado, este hecho se corroboró con la última de las capturas masivas realizada el mismo día en el que iniciaron las protestas en contra del megraproyecto hidroeléctrico Ituango. También llamamos la atención que, entre las personas detenidas en el municipio de Ituango por la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, por lo menos dos de ellas Javier Dario Upegui y John de Jesus Carvajal Tobón, venían negociando las condiciones de sus predios y cultivos con EPM sin llegar aún a acuerdos concretos.
El Ejercito Nacional ya había anunciado estas capturas y el fiscal que se encargo de las mismas anuncio, casi como amenaza, la captura de muchas mas personas reconocidas de la zona.
Durante la protesta realizada entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 2012 en El Valle de Toledo:
1. El día 26 de agosto de 2012 alrededor de 500 personas llegaron al corregimiento El Valle del municipio de Toledo, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, procedentes de los municipios de San Andrés de Cuerquia, Briceño, Toledo e Ituango. Se asentaron desde la 1:00 p.m. en la vía en construcción que realiza el proyecto hidroeléctrico, la cual bordea el caserío principal del corregimiento.
2. Este mismo día en las horas de la mañana se presentaron capturas masivas en el Municipio de Ituango como ya se relató, lo que impidió por temor la movilización de un mayor número de personas a la audiencia.
3. Pocas horas después de llegar los manifestantes al sitio, se evidencio la presencia del Ejército Nacional muy cerca del campamento, realizando registros fotográficos a los manifestantes.
4. En las horas de la mañana del día 27 de agosto, aproximadamente a las 10:00 a.m. se conocieron los disparos y explosiones escuchadas en la zona de construcción del túnel, ubicada a 20 minutos del lugar de la concentración. La población comentó que el Ejército simula enfrentamientos con la guerrilla para generar pánico en los manifestantes.
5. Para este mismo día 27 de agosto El Movimiento Ríos Vivos había convocado previamente a una audiencia popular sobre la represa a las 9:00 a.m., Aproximadamente a la 1:00 p.m. en medio de las deliberaciones, de campesinos, campesinas, pescadores, agricultores, agricultoras, transportadores, areneros, paleros, comerciantes, lideres y demás comunidades que hasta el momento se reconocen como afectadas por el proyecto, llegaron decenas de hombres del escuadrón móvil antidisturbios, situación que altero a las comunidades generando un gran miedo en los manifestantes. Los hombres del ESMAD se adentraron en la población, estando en contacto directo con las personas. Ya adentrada la tarde se retiraron de la zona. La Dirección de DDHH de la Secretaria de Gobierno del Departamento de Antioquia, con su personal en campo presencio los hechos, así como se ocupo de exigir que el retiro de la zona de campamento al SMAD.
6. EL 29 de agosto se realiza una primera reunión entre los manifestantes, El Secretario de Gobierno del Departamento y representantes de EPM. Asisten a ella alrededor de mil personas, en medio de la conversación y mientras hablaba el Secretario de Gobierno del Departamento, aproximadamente a las 4:00 p.m. A uno de los soldados del Batallón de artillería Nº 4 BAJES se le dispara su arma, una ráfaga de tiros fue a dar al piso sin herir a nadie, pero asustando a todos los presentes. Este soldado se encontraba en una pequeña barranca de donde se podía observar a todos los presentes, en la parte alta del campamento, en donde también habían participantes de la reunión. Esta ubicación puso en mayor peligro a la población, el Ejercito Nacional Estuvo en esta ubicación que daba en frente de la principal concentración de personas, al igual que había tropas al lado, en otra pequeña montaña con altura suficiente para observar todo el campamento.
7. El 4 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 9:00 p.m. se escuchan tiroteos, ráfagas y explosiones desde el campamento, hacia el sector conocido como Matanzas, en dirección al municipio de San Andrés de Cuerquia, a unos 15 minutos del campamento. En ese momento, aproximadamente 5 soldados del Batallón BAJES se adentraron a los campamentos, dos líderes les dijeron que se salieran de los campamentos que como se iban a cubrir con la población civil, además les gritaban “pa fuera, pa fuera”, mientras salían uno de estos 5 soldados disparo desde el campamento una ráfaga de 5 tiros aproximadamente, mientras se continuaban escuchando los disparos en la zona de Matanzas.
8. Se salieron para la carretera y el puente en donde también habían ubicadas personas en sus carpas. En ese momento llego el personal en campo de la Unidad de DDHH y víctimas de la Secretaria de Gobierno departamental fueron testigos de cómo aproximadamente 30 hombres del Ejercito Nacional se encontraban recostados en medio del puente y en el borde de la vía, con sus maletas y municiones descargadas en el piso. Además fueron testigos de haber escuchado fuertes disparos en ambas direcciones, hacia San Andrés de Cuerquia y hacia Pescadero. Tanto los lideres como los servidores públicos procedieron a indicarle a los hombres del ejército que debían retirase de la zona del campamento. Al igual que indicaron a las personas que se trasladaran por seguridad a la iglesia.
9. Los servidores públicos tomaron las fotografías a los casquillos que quedaron en el lugar desde el cual hombres del Ejército dispararon.
10. Aproximadamente a las 10:00 p.m. se escuchan varias ráfagas en dirección contraria a los primeros escuchados, aproximadamente a 10 minutos del campamento en la zona conocida como Tacui, en dirección al municipio de Ituango.
11. Aproximadamente a las 12:000 se escucharon nuevamente explosiones hacia la zona de Matanzas fuertes explosiones y se observaron las balas rojas pasar desde la iglesia.
12. A las 5:00 a.m. del día 5 de septiembre de 2012, se escucharon nuevamente disparos desde la zona de Tacui.
13. Temprano en la mañana uno de los lideres recibe el angustiado relato de un habitante de la zona desde donde se realizaron los disparos la noche anterior, indicándole su preocupación por la munición sin explotar que había quedado muy cerca de su casa. Se informa al personal en campo de la Dirección de DDHH de la gobernación, estos se dirigen al sitio de los hechos al igual que los líderes, tomaron fotografías de la munición sin explotar y de los muchos casquillos que quedaron en la zona.
Después de levantada la movilización por motivos de seguridad y creando una mesa de negoción entre la Gobernación, EPM y el Movimiento hasta el momento no se han dado soluciones de fondo a las problemáticas que aquejan a las comunidades.
Solicitudes:
1. Las autoridades civiles y militares deben garantizar el derecho a la organización social y a la protesta en condiciones de seguridad para las personas, en esta medida deben establecer planes colectivos de protección que permitan el ejercicio de estos derechos.
2. Se garantice el acceso a la justicia en la zona de construcción de la hidroeléctrica, por medio de la presencia en todos y cada uno de los municipios afectados, de fiscalías, juzgados, defensoría del pueblo y procuraduría de manera permanente que actúen con celeridad y eficacia.
3. Los casos de quejas contra la fuerzas pública deben ser esclarecidos con prontitud, así como los asesinatos, extorsiones y amenazas y demás que afectan a líderes de la zona y a toda la población en general deben tener pronta respuesta para las comunidades.
4. Las autoridades locales, departamentales y nacionales, tanto civiles como militares no pueden hacer señalamientos públicos que pongan en riesgo a los líderes de la zona, se debe frenar y ser sancionada la estigmatización.
5. El Ejercito Nacional no debe estar cerca a ningún líder de la zona, ni interactuar con ellos y ellas por ninguna circunstancia, a no ser que medien autoridades civiles o circunstancia extremas, en todo caso en evento previamente acordado presencia de múltiples personas.
6. El Ejercito Nacional no debe por ninguna circunstancia acercarse a las viviendas, escuelas y sitios de recreo de la población, especialmente las veredas y comunidades que se encuentran en el Movimiento Ríos Vivos. Del mismo modo ningún miembro de la fuerza pública debe realizar llamadas a los lideres y personas de la zona.
7. Se deben establecer medidas de protección colectiva para lideres y lideresas del Movimiento Ríos Vivos.
Informe presentado por el Movimiento Ríos Vivos.
[2] Parte de este informe fue presentado en el CERREM (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas) en donde participan autoridades del orden nacional y departamental y especialmente al Unidad Nacional de Protección (UNP). Realizado en la ciudad de Medellín el día 24 de septiembre de 2012 y sobre el cual el Movimiento no tiene respuesta alguna. Este mismo día la UNP se comprometió públicamente a generar medidas de protección colectivas y no solo individuales.