Después de más de cinco años de desgaste para las comunidades articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia por fin cesa parte la persecución penal a la que hemos sido sometidas. Los delitos de los cuales injustamente nos acusaron, presunta perturbación al servicio de transporte público y obstrucción a las vías públicas, nunca tuvieron sustento, desde la captura masiva el 19 de marzo de 2013 en el Valle de Toledo fue declarada ilegal por la juez de control de garantías pues las manifestaciones se desarrollaban en el marco de una protesta pacifica en contra de Hidroituango, las irregularidades han sido más que evidentes como el traslado de los que fuimos capturados en el helicóptero de Empresas Públicas de Medellin (EPM) la empresa que desarrolla la obra a la cual nos oponemos. Todos los procesos penales en nuestra contra han sido la demostración de una clara intención de generar pánico para que la población afectada no proteste y no se oponga a una megaobra que hoy es vergüenza nacional a la que todo colombiano de bien debió oponerse desde el principio puesto que esta destruyendo las formas de vida y el hábitat del cual hacemos parte las comunidades de Cañón del río Cauca en Antioquia y hasta la Mojana, generando un gran riesgo para la vida e integridad física de todas las especies de la zona.
Celebramos la preclusión de este proceso en contra de Isabel Cristina Zuleta, Dana Carolina Jaimes, Luz Piedad Mazo Orrego, Wilmar Alberto Garcia Castillo, Jorge Mario Garcia, Leovidier de Jesus Chavarria, Edwin Villegas Davila, Andres Antonio Vargas, Juaquin Eduardo Arrieta, Robinson Alonso Monsalve y Juan David Sucerquia Ortiz y, exigimos que así mismo precuyan los demás procesos en contra de diferentes integrantes de nuestra organización, que avancen las investigaciones de las denuncias que hemos interpuesto en contra de quienes nos han atacado de múltiples formas pretendiendo que desaparezcamos como proceso organizativo para que efectivamente la justicia en Colombia este del lado de los oprimidos y no de los opresores.
Hacemos responsable al Estado colombiano de hacer uso del derecho penal en contra de las organizaciones sociales vulnerando el derecho de reunión, de protesta y de asociación, entre otros. Muchas de las personas que hoy se liberan de la carga de un proceso judicial injusto que nunca debió iniciar ya no pertenecen al Movimiento Ríos Vivos Antioquia en gran parte por las implicaciones de sentirse perseguido por un sistema judicial que se ensaña en contra de los que buscamos justicia y es permisivo y complaciente con los delincuentes que atacan a los lideres y defensores de derechos humanos, muestra de ello es que por ejemplo las denuncias sobre amenazas y ataques en contra de integrantes del Movimiento no avanzan en la Fiscalia ni siquiera aquellas que han sido generadas directamente por funcionarios públicos como el alcalde de Valdivia Jonas Henao quien disparó a la vivienda de un integrante del Movimiento y hasta hoy nada ha hecho al respecto la Fiscalia y poco la Procuraduría.
Recordamos que el sitio de la captura ilegal en nuestra contra esta hoy en alerta máxima, que las montañas que rodeaban la protesta pacifica del año 2013 se están derrumbando, que la perdida de los medios de vida para las comunidades que se daban por medio de desalojos forzosos hoy se dan por un refrescamiento arbitrario y el riesgo permanente de perder la vida, es decir, aquella protesta impedida por medio del uso de la fuerza represiva del aparato judicial de haber sido escuchada y atendida por la gobernación de Sergio Fajardo pudo haber evitado en gran parte la tragedia que hoy estamos padeciendo.