Con abuso de poder, violencia y generando miedo en la población avanza el megaproyecto Hidroituango. Un nuevo desalojo forzoso se llevó a cabo en la playa la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo Antioquia solicitado por Empresas Públicas de Medellin EPM; esta acción fue llevada a cabo el 1 de febrero de 2017 por decenas de hombres de la Policía, el Ejército, la vigilancia privada de EPM, un abogado de PM, el secretario de gobierno y la Inspectora municipal. Advierten que los desalojos continuaran pues tienen que desocupar los predios de la empresa.
En el Cañón del Cauca ya son más de 500 familias que han sido desplazadas por Hidroituango, muchas de ellas son víctimas del conflicto armado y revictimizadas por el megaproyeto; sin embargo el Estado Colombiano se niega garantizar sus derechos y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos y el desplazamiento por el desarrollo, la especial protección que la Corte Constitucional ha manifestado en estos casos para la población víctima pues entre otros aspectos, no se brinda ninguna opción mucho menos reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia letrada, entre otros.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia alerta sobre los próximos desalojos que se prevén para dar paso a la obra, pues la planeación y permisos otorgados para la construcción de la represa omitió que el Cañón del río Cauca es un lugar habitado ancestralmente por familias barequeras, que en su mayoría no fueron censadas o que con las irrisorias indemnizaciones no les ha sido posible sobrevivir y por ello han retornado a su hábitat natural.
JHONNY ALBERTO MARÍN MUÑETÓN, alcalde del municipio de Toledo Antioquia, tal y como lo hizo su antecesor, emitió un amparo policivo solicitado por EPM y procedió al ejercicio de la fuerza contra las familias afectadas por Hidroituango, en la acción ejecutada también intervinieron empleados de EPM quienes destruyeron las humildes casas de la comunidad barequera que allí se encontraba obteniendo su medio de vida, por tanto, exigimos a la procuraduría y demás autoridades competentes una investigación e informe al respecto pues la presencia y actuación indebida de obreros que por ser una obra cuyo accionista mayoritario es la Gobernación de Antioquia tienen mayor responsabilidad en el respeto de los derechos que los particulares. Esta situación tiende a agravarse en la zona pues los alcaldes de Ituango Hernán Álvarez y el del municipio de Valdivia Jonás Henao han admitido las solicitudes de amparos policivos que se encuentran en tramite.
Dichas posturas preocupan a la población, y más aún cuando mediante la Resolución 437 del 12 de diciembre de 2016 la administración de Toledo esgrimió los mismos argumentos que hoy fueron expresados por el abogado de EPM que asistió al desalojo lo que demuestra que EPM es la que administra los municipios afectados por Hidroituango y los alcaldes municipales obedecen las órdenes de esta empresa. Además en los procesos y procedimientos las únicas pruebas válidas son las que presenta la empresa, el derecho de contradicción y debido proceso desapareció en la zona.
Por otra parte, durante el desalojo perpetrado en la Arenera argumentaron que el barequeo no es legal, contradiciendo el Código Minero Colombiano y confundiendo a la población víctima en un territorio en el que el barequeo ancestral debe ser protegido dado su carácter de patrimonio cultural inmaterial. La Utilidad Pública fue otro de los argumentos, según su interpretación, el hecho de que en una matrícula inmobiliaria aparezca la palabra utilidad pública implica que las personas que se encuentren allí deben salir huyendo, pues esta figura asegura el dominio de la empresa sobre el territorio. A esto se sumó la afirmación de que la zona es de minería restringida (Art. 35 Ley 685 de 2001) lo que sólo aplicaría si afectara la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio, pero no hay ningún tipo de obra en el sitio en donde se presentó el desalojo.
Entre las personas desalojadas están Gregorio Chavarría y Rudy Estela Posada, líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia quienes recibieron amenazas de muerte el 11 de julio de 2015 en las que desconocidos les ordenaban salir de las playas del río Cauca. Además de ser víctimas del conflicto armado, son hoy nuevamente revictimizados por Hidroituango y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA quien no ejerce el debido control sobre esta obra. Esta autoridad emitió el Auto 2161 del 01 de junio de 2015 y generó obligaciones para Hidroituango en relación a los desalojos, aún hoy no emite ningún informe al respecto.
Este desalojo constituye otra violación a los derechos humanos y DESCA cometida contra líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que también fueron víctimas del desalojo forzado de marzo del año 2015 en el que más de 80 familias perdieron sus pertenencias, pues la alcaldía de Toledo, Antioquia, aseguró que las tendría en custodia y no las devolvió a pesar de habérselas solicitado; la denuncia sobre dicho suceso no ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía hasta el momento, durante el desalojo las victimas preguntaron a la inspectora de policía Isabel Cristina Duque Pino por estos enseres y ella expreso que se le salga de las manos pues eso había sido la administración anterior.