Nuevas amenazas para impedir Audiencia Popular y acompañamiento de DDHH por los desalojos forzosos de Hidroituango.

El pasado  18 de diciembre, hacia las 8.00pm de la noche, Martin Monsalve integrante de Ríos Vivos Antioquia fue retenido por dos hombres encapuchados y fuertemente armados, que no se identificaron y le amenazaron de muerte, en el camino que conduce hacia la playa La Arenera del municipio de Toledo, a unos 500 metros del puente Pescadero que comunica los municipios de Toledo e Ituango. Martín logró escabullirse y mientras huía le gritaron “Tenemos que coger a una de estas gonorreas vivo” “ya subimos a rematar a esos del Plan”; refiriéndose a las familias barequeras que se encuentran en La Arenera y se preparaban para una Audiencia Popular masiva al día siguiente convocada por el Movimiento ante la notificación de desalojo ordenada por el Inspector de Policía de Toledo por una acción promovida para el proyecto Hidroituango por Empresas Públicas de Medellín EPM. Los atacantes tenían dos balsas en la ribera del río y por sus expresiones puede presumirse un intento de secuestro.

Esta grave amenaza se produce mientras Martín esperaba a los líderes del equipo de derechos humanos del Movimiento,  Isabel Cristina Zuleta,  Jorge Mario Goez y Katherine Delgado quienes habían planeado ingresar a la playa La Arenera para acompañar a las familias y realizar la Asamblea Popular. El equipo, había decidido no llegar esa noche a la playa por retrasos en el vehículo en el que se transportaban y como medida de autoprotección no se movilizan en la noche. Sin embargo, es claro que los hombres que abordaron a Martín conocían previamente de la llegada de los líderes y los estaban esperando, nunca antes se había presentado un ataque hacia Martín o alguno de los barequeros que permanecen en la zona, pero si hacia el equipo de derechos humanos del Movimiento que ha tenido múltiples amenazas por su labor en defensa del ambiente y los afectados por Hidroituango. El lugar donde se produjo la amenaza tiene vigilancia permanente de Empresas Públicas de Medellín EPM y el Ejército Nacional a través del Batallón Bajes  adscrito a la Cuarta Brigada.

Este nuevo hecho se produce mientras avanza el proceso de desalojo que afectará a decenas de familias campesinas y barequeras que habitan La Arenera, quienes siendo desplazados por la violencia, han desarrollado sus medios vida en el Cañón del Río Cauca. El Gobierno Nacional, se había comprometido ante la CIDH a no desarrollar desalojos y no vulnerar lo derechos de los afectados por represas en Colombia, afirmó que los afectados se les mejoraría la vida con estas obras, que no desalojaba sino que reubicaba.

Las familias que serían desalojadas no fueron reconocidas en su mayoría como afectadas por Hidroituango y no han recibido, por parte del Estado ni EPM, ninguna alternativa ni propuesta que permita satisfacer sus derechos mínimos fundamentales. Si se produce el desalojo las familias quedarían en una situación extrema de vulnerabilidad, sin medios de subsistencia.

Cerca de  400 familias afectadas por Hidroituango han sido desalojadas de manera forzosa por Hidroituango sin cumplir las directrices internacinales, en todos los casos por medio de la violencia armada, con grandes pérdidas económicas, robos y daños de los escasos bienes de la población humilde asentadas en el Cañón del Río Cauca.

¡Ríos para la vida, NO para la muerte!