Durante la primera semana del mes de abril, el Movimiento Ríos Vivos programó una gira de incidencia en Bogotá para interlocutar con instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, parlamentarios, embajadas y académicos acerca del drama y la violación de derechos que tienen lugar con la construcción de represas en Colombia. Al término de la gira Ríos vivos emitió el siguiente comunicado:
En el marco de la IV Jornada por la defensa de los territorios y del Día de acción contra Represas y por los ríos, el agua y la vida, el Movimiento Ríos Vivos se desplazó hasta Bogotá para sostener diálogos con las tres ramas del poder público colombiano, con otros Estados, con organizaciones sociales y el sector académico. En dichos encuentros el Movimiento advirtió que, de continuar la imposición de proyectos hidroeléctricos en el país -con los vacíos en la legislación y prácticas institucionales y empresariales en materia de participación y prevención-, se agudizará la violación de derechos humanos, la crisis humanitaria, la crisis ambiental y la conflictividad social lo cual es un asunto que involucra al conjunto de las poblaciones del país.
Durante la gira, los y las delegadas de Ríos Vivos se entrevistaron con el Ministerio del Interior, de Minas y Energía (el de Medio Ambiente no accedió a recibir al Movimiento), con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Procuraduría, la Contraloría, la fuerza pública, la Fiscalía, la Unidad de Victimas (UARIV), con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y cinco embajadas, entre otras entidades, lo cual permitió evidenciar la desarticulación institucional, el desconocimiento de los conflictos socio-ambientales y la vulneración de derechos generados por la política minero-energética, así como la ausencia de mecanismos eficaces para garantizar la protección de estos derechos.
En Colombia la trágica historia social, económica y ambiental relacionada con las hidroeléctricas no es un asunto nuevo; no obstante, los tomadores de decisiones ignoran estas circunstancias y lejos promover mecanismos de prevención, mitigación y garantías de no repetición continúan con la implementación de proyectos con graves costos ambientales y humanos.
Es preciso advertir que el Estado colombiano está incumpliendo sus obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos ya que el avance de proyectos por doquier donde los Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Mitigación Ambiental e incluso las interventorías son realizadas por las Empresas promotoras de los proyecto, está minando la posibilidad de que se adelanten procesos trasparentes en donde las comunidades puedan conocer los alcances de los proyectos y tomar decisiones sobre la pertinencia de permitirlos o no en sus territorios.
En estas condiciones hay pocas garantías de que el interés público, como el ambiente sano y demás derechos, se prioricen sobre el interés empresarial de generar utilidades y rentabilidades. En todos estos procesos queda claro que son escasos los mecanismos de participación y no existen garantías para la misma.
El Movimiento llamó la atención de las instituciones sobre la sentencia T-135 de la Corte constitucional, dado el cuestionamiento que se abre frente a las limitaciones de la participación en la construcción de represas, y donde se revierte el cargo de la prueba, es decir, si una empresa estima que una persona no es afectada, será la empresa, -el foráneo en el territorio- el que debe demostrar porque la persona no es afectada. Solicitamos por tanto que el Ministerio de Ambiente se pronuncie al respecto, dado que la ANLA, manifestó solo hacer seguimiento a las resoluciones y que esto debe ser, por tanto, tarea del Ministerio de Ambiente. El acatamiento de esta sentencia y de las interpretaciones y acciones que emprenda la autoridad ambiental definirá la garantía de derechos de todos los afectados por represas en Colombia y otros Megaproyectos.
Por otra parte, Ríos Vivos lamenta que el ejercicio de control público, en la mayoría de los entes de control, así como en la Autoridad Ambiental y otras instituciones, este supeditado al presupuesto, lo cual limita el seguimiento de los proyectos. El Movimiento solicitó a la ANLA que, así como notifican a las empresas sobre las visitas de verificación y seguimiento, también se notifique a las comunidades para que éstos se reúnan también con los afectados y observen en campo las vulneraciones y actuaciones de las empresas.
También se constató que el aislamiento y falta de articulación de las instituciones vulneran la posibilidad de salvaguardar los derechos y poner en curso las propuestas de los afectados representados en Ríos Vivos, de manera recurrente se manifestó por parte de funcionarios que su quehacer está limitado por sus competencias. No obstante, para avanzar en esta dificultad, destacamos la propuesta y compromiso asumido por el Ministerio del Interior de convocar a una reunión para discutir en conjunto el tema con el Ministerio de Minas y energía, Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio del Medio Ambiente.
En los diálogos con otros Estados se advirtió sobre la necesidad de discutir el papel de las represas frente a los tratados de cambio climático. Las represas no son energía limpia, tampoco la más limpia de las formas de generación de energía, pues arrastran innumerables vulneraciones de derechos e impactos irreversibles sobre el ambiente y las culturas ancestrales y tradicionales, es necesario abrir el debate con la sociedad antes que tomar decisiones aisladas en Perú y Francia donde se definirá el futuro del planeta con el desarrollo de la COP 20 y 21. Así mismo, se informó sobre la situación de vulneración de derechos humanos que enfrentan los afectados agrupados en Ríos Vivos y otras formas de organización social, es necesario que otros Estados adelanten iniciativas para salvaguardar los derechos e integridad de los afectados, de los defensores del ambiente, pues finalmente las empresas provenientes de esos países también se benefician con la construcción de megaproyectos en Colombia los cuales han venido generando recurrentemente conflictos ambientales, sociales y culturales. Reafirmamos la responsabilidad de los estados de origen sobre las actuaciones de empresas extranjeras en Colombia.
Saludamos la voluntad de los parlamentarios por seguir escuchando las demandas y propuestas de los movimientos sociales, tendientes hacia el respeto de derechos y la construcción de un nuevo país, en el que la justicia social y ambiental son imperativos para el buen vivir y la construcción de paz; de igual manera resaltamos el diálogo con académicos de américa latina y de la Universidad Nacional, donde fue posible establecer un diálogo certero a partir de experiencias concretas con las comunidades que enfrentan en sus territorios los conflictos generados por la Política Minero energética Colombiana.
El Movimiento regresará la semana del 21 de abril a visitar otras entidades como Ministerio de Cultura dado que se han presentado algunos inconvenientes para la declaración de la minería ancestral o barequeo como patrimonio cultural inmaterial de la nación, en esta citase presentará de qué manera la devastación de las cuencas implica el inminente etnocidio de las culturas de río.
Por lo anterior exigimos:
- Apertura en el Estado Colombiano para el debate sobre la política minero energética en el país y los graves riesgos para las fuentes hídricas, la naturaleza y la existencia humana, según se propuso por parte de Ríos Vivos en la Audiencia Pública sobre La política del Sector minero-energético y sus impactos en los territorios, el pasado 3 de agosto de 2011.
- Interlocución fluida y continua sobre todos los megaproyectos energéticos en el país con el Movimiento Ríos Vivos para superar conflictos y evitar vulneraciones.
- Cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos asumidos por el Estado colombiano a través de sus diferentes instituciones con el Movimiento Ríos Vivos.
- Que se garantice el derecho al buen nombre del Movimiento Ríos Vivos, tergiversado por funcionarios del Estado colombiano y medios masivos de comunicación; por ello el Estado deberá revindicar lo que somos y lo que hacemos como defensores de los ríos y de la vida.
- Reconocimiento, protección, respeto y garantías de no repetición para las víctimas del desarrollo en Colombia
- Protección de la vida, integridad física y libertad de los afectados por política minero energética en las próximas movilizaciones.
- Se pronuncie el Ministerio del Medio Ambiente con relación a la Sentencia T 135 en específico sobre la carga de la prueba para los afectados por represas y la realización de censos en los megaproyectos que se construyen actualmente en Colombia.
- Se atienda el llamado a constituir una Comisión Nacional de Represas para tomar decisiones sobre nuevos proyectos hidroeléctricos en Colombia y la reparación de la deuda histórica con los afectados. Esta propuesta esta consignada en el Pliego Unitario de Exigencias de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular.
Finalmente reafirmamos que el Movimiento Ríos Vivos seguirá trabajando por la construcción de un nuevo modelo energético popular y transformación de la sociedad, en donde se priorice las necesidades de los pueblos antes que las del extractivismo, en el que se incentive la reducción del consumo en lugar del despilfarro energético, el respeto en lugar de la imposición, en el que se priorice el bienestar de los humanos y la naturaleza antes que la ambición de los empresarios y mercaderes de la vida.
Testimonios de las mujeres afectadas por represas en la gira de incidencia: