El Movimiento Ríos Vivos[1] rechaza el dictamen de la empresa Pöyry por ser parcializado y ser parte de la estrategia para la continuación del negocio de Hidroituango[2].
Frente a la inundación provocada por la represa Hidroituango en 2018 en el cañón del río Cauca en Antioquia Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió preventivamente “todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse […] que no sean requeridas para la atención de la contingencia…”[3].
La ANLA también ordenó un dictamen objetivo e independiente sobre las condiciones de estabilidad del proyecto para tener certeza científica sobre el riesgo relacionado con la integralidad de la infraestructura que pudiera ocasionar graves inundaciones.
La empresa Pöyry entregó un informe[4] frente al cual el Movimiento Ríos Vivos manifiesta las siguientes preocupaciones y denuncias:
Es de la industria para la industria, orientado a la continuidad del negocio: Pöyry es reconocida internacionalmente por ser parte de la industria. A través de sus varias décadas de historia ha participado y mantiene inversiones en numerosos proyectos madereros y energéticos.
El documento justifica la construcción y puesta en operación de la represa por encima de los riesgos a las comunidades y los territorios a la vez que descarta sin considerar la hipótesis el desarme de las obras y el restablecimiento de la situación inicial del lugar.
Es notorio que Pöyry propende por la continuidad del proyecto hidroeléctrico. Busca que la ANLA se incline por esa alternativa pese a la evidencia del riesgo inminente y permanente sobre la vida de miles de personas de la generación actual y las futuras, así como de daños irreparables a la naturaleza.
Se nutre de una sola fuente de información que además es incompleta y parcial: El informe se sustenta exclusivamente en información de EPM, sus aliados y en visitas insuficientes[5].
La empresa Pöyry sin escuchar a las comunidades afectadas y apelando a una aparente objetividad científica ahonda la violencia que acompaña el desarrollo del proyecto. Esto evidencia la falta de legitimidad y rigurosidad pues desconoce los hallazgos y argumentos de las comunidades, las organizaciones, entidades de control y expertos independientes frente a los problemas derivados del proyecto, las responsabilidades involucradas, los daños en la población y el ambiente, así como los riesgos derivados de la operación de la presa.
Ausencia de rigor científico: El documento de Pöyri contiene vacíos técnicos inadmisibles para la evaluación de riesgos reales aguas arriba y aguas debajo de una “gran presa”, subestimando el peligro comunitario y ambiental que representa la continuidad del proyecto. A pesar de que en el mismo informe reconoce las inconsistencias e insuficiencia de la información suministrada, la empresa Pöyry no buscó, contrastó ni analizó otras fuentes de información técnica.
El informe carece de un enfoque integral pues centra su análisis en una disciplina ingenieril desconociendo otras de la ciencia moderna, así como saberes comunitarios sobre el territorio. Olvida la necesaria transdisciplinaridad de la cuestión y el necesario diálogo de saberes. No somos solamente víctimas, tenemos el derecho a ser escuchados.
El registro de los procesos geotécnicos, su descripción, análisis y evaluación en tanto problemas que se presentan en Hidroituango no cuenta con rigor técnico científico a pesar de la escala de los fenómenos encontrados. Esto se evidencia, por ejemplo, en la laxitud con la que se dimensionan los huecos de gran envergadura encontrados, indicando que podrían ser de entre 70-90 metros de altura y 45-50 mts de diámetro aproximando el volumen a los 65.000 m³.
Pöyry en su evaluación incurre en un grave error metodológico al referirse a las medidas propuestas por EPM con términos como “conceptualmente adecuadas”. A pesar de la certeza que exige la resolución que ordenó el informe, la consultora anticipa irregularmente su aval frente a meras ideas de solución y guarda silencio ante la falencia de ellas.
Aunque del informe de Pöyry se deduce el incremento en magnitud y cantidad de los fenómenos encontrados en comparación con años anteriores, la consultora supone la idoneidad de medidas frente a problemas estructurales asociados a la “perturbación, descompresión y colapso” del macizo rocoso. Claramente el carácter irreversible del colapso ha debido ser un punto de partida del dictamen.
La incertidumbre respecto a la forma y volumen colapsado del macizo rocoso así como la atención que los dueños del proyecto sugieren implementar, amerita un tratamiento científico que está ausente en los argumentos expuestos por la empresa Pöyry.
Es claro el extremo desbalance discursivo entre las dos opciones principales bajo consideración: suspensión o continuidad del proyecto: Aunque el informe advierte sobre estas dos alternativas, llama particularmente la atención que de su extenso reporte de 427 páginas sólo dedique una (1) a la mención y descarte del primer escenario. Los argumentos señalados carecen de rigor a la vez que desconoce la existencia de experiencias de desmonte ya ejecutados en otras partes del mundo.
Causa especial preocupación el tratamiento dado a la valoración de los problemas al presentarlos como fenómenos inconexos. Tratándose de un proyecto complejo con impactos sociales, culturales y ambientales de gran envergadura, resulta inaudito que el dictamen esté desprovisto de una mirada integral.
Subestimación de la dimensión y la permanencia de los riesgos sobre la población y el ambiente: El informe aborda el tema social y ambiental de manera escueta y sumamente restringida. Aunque el informe reconoce que es una situación actual, particular y compleja, sus conclusiones conllevan a un horizonte futuro que obliga a las comunidades a vivir con en riesgo perpetuo. Omite además que las comunidades vienen padeciendo la incertidumbre sobre sus vidas desde el inicio del proyecto.
La metodología del peritaje desconoce el carácter sistémico del riesgo. Del estudio y recomendaciones no se puede advertir con claridad la complejidad de la situación actual y venidera, y los efectos esperados y no esperados en el territorio. La noción misma y propuesta de riesgo es reduccionista y reactiva. Pese a la exigencia de la ANLA, reduce su recomendación sobre las comunidades afectadas a un Plan de Acción en la Emergencia (EAP), y sobre todo a extender la vulnerabilidad del proyecto a algunas áreas que lindan con la llanura del Caribe. Es decir, la población no cuenta para la toma de medidas preventivas eficaces como sería la eliminación del factor generador de amenaza, sino solamente como estadística para la elaboración de alertas sobre la exposición de más víctimas del proyecto en otro extenso territorio.
Avala una costosa experimentación: El informe evidencia que el proyecto de Hidroituango experimenta métodos a un elevado costo social, ambiental y económico por fuera de los controles democráticos y sin el consentimiento de la población. Esto se deduce de apartes como los siguientes:
“Mientras el proyecto original contaba, con vertedero y conductos para aguas turbinados en combinación, con una importante capacidad de descarga y posibilidad de bajar el nivel del embalse, esto ya no es el caso”[6]
“El diseño de la presa construida es único y es el resultado de la contingencia en 2018. La seguridad de la presa es cuestionable, especialmente durante eventos inusuales y extremos (por ejemplo, terremotos) y a largo plazo”[7]
“Este diseño es único en el mundo, lo que es especialmente válido para una presa tan alta. El muro de cemento- bentonita es el punto débil de la presa y requiere una atención especial.”[8]
“Además, se supone que la geometría in situ del muro diafragma difiere de la geometría diseñada. Se documentan las desviaciones de los paneles, así como las actividades de rescate de las almejas perdidas”[9].
Los sobrecostos que generan las actividades que se realizan escapan al control fiscal y técnico que ameritan estas obras. Esto se desprende de la manera en que la empresa constructora afronta, las recurrentes y costosas situaciones sobrevinientes no contempladas. Ejemplo de ello, son afirmaciones como las siguientes: “En la fase inicial de construcción del muro de corta flujo el factor de consumo de la lechada fue de casi 4, lo que significa que el 300% del volumen de los primeros paneles desapareció en el cuerpo de la presa. Posteriormente, el factor de sobreconsumo bajó a 1,71 (según la respuesta de Integral al informe de visita a la obra nº 11), lo que significa que el volumen de diseño se superó en un 71%. Debido a estos problemas encontrados, hay que suponer que la geometría in situ del muro de corta flujo difiere considerablemente de su diseño.”[10]
El proyecto Hidroituango es de inutilidad pública por los daños sociales y ambientales que ocasiona y es inviable ingenieril y financieramente. Los daños actuales y futuros son irreparables y permanentes. Mantener el proyecto sería reconocer y aceptar la rentabilidad del peligro.
Infundir miedo para impedir el control democrático: Luego de describir diversos hallazgos el informe Pöyry ratifica la existencia de riesgos sobre la población y el ambiente relacionados con el proyecto que han sido denunciados desde sus inicios por nuestra organización y por personas expertas independientes.
A pesar de confirmar la certeza del riesgo, la consultora descarta y plantea soluciones que contrario al mandato de certeza con que debió realizarse el dictamen, introducen mayores incertidumbres. A la vez, sorpresivamente llama a desconocer la ley y elementos básicos de toda sociedad democrática al indicar que: “Por consecuencia se tiene que tomar todas las medidas posibles para poder empezar con la operación de las unidades lo más pronto posible. En este sentido es vital e indispensable de evitar cualquier circunstancia (legal, contractual, fiscal o constructiva) que frena o inhibe el avance de los trabajos en la casa de máquinas, así como en las conducciones asociadas”[11] (negrillas fuera de texto)
El informe realizado por Pöyry, producto de la orden de ANLA en 2018, sobre la realización de un peritaje objetivo, claro e independiente, no cumple las condiciones técnicas, éticas ni jurídicas para la toma de decisiones frente al futuro del proyecto Hidroituango.
Crear peligro y extender el miedo para ganar poder ha sido una constante en la imposición del proyecto Hidroituango. Desde su origen, nuestro Movimiento ha denunciado las irresponsabilidades, vulneración de derechos y graves problemas en la construcción de este megaproyecto que va dejando a su paso daños enormes e irreparables sobre la sociedad y la naturaleza. Hemos alertado sobre los peligros que conlleva para la población la continuidad y operación de la represa. Hemos denunciado cómo las tragedias también hacen parte del negocio. El miedo se genera y se usa para despojar, y como en este caso, para imponer intereses económicos de reordenación de los territorios.
Por lo anterior:
- Rechazamos la utilización del informe de Pöyry como base para el levantamiento de las medidas de suspensión preventiva de la construcción y puesta en operación de Hidroituango.
- Exigimos:
- A la ANLA la contratación de un dictamen técnico/científico independiente, objetivo e imparcial que incluya con rigurosidad científica y el necesario diálogo de saberes la opción – escenario de suspensión y desmonte del proyecto. Tal contratación ha de estar precedida de la selección transparente de un equipo interdisciplinario verdaderamente objetivo e independiente y que cuente con la participación de las comunidades aguas arriba y aguas debajo de la presa.
- A quienes sean convocados para avalar las conclusiones del informe de la empresa Pöyry, asumir ética y responsablemente su posición. Generar la tragedia y beneficiarse de ella es corrupción. Avalarla aún más.
- Al estado colombiano en cabeza de su presidente y de las de las entidades nacionales, departamentales y municipales concernidas, asumir sus responsabilidades y atender la situación de riesgo de la población de manera urgente, integral, adecuada y con participación de las comunidades.
- A los entes de control y prevención de la corrupción estar atentos y actuar oportunamente frente a posible malversación y detrimento del patrimonio público involucrado en la construcción y el interés de poner en marcha el proyecto Hidroituango.
- A todas las entidades no jugar con la vida de las comunidades como lo están haciendo en este momento. Convocar de manera urgente a un panel público en el que la empresa Pöyry debata abiertamente sus argumentos expuestos en el informe con las comunidades.
- Pedimos a la sociedad en su conjunto no dejarnos solos en la difícil situación en la que como comunidades nos encontramos.
[1] EL Movimiento Ríos Vivos es una Organización Colombiana de segundo nivel que articula diecisiete (17) organizaciones de pescadores, barequeros y barequeras, agricultores, mujeres, campesinos y jóvenes de los municipios de la zona de influencia del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, que ejercen la labor de cuidar y proteger los territorios y las fuentes hídricas desde el trabajo local comunitario, en busca de justicia ambiental, climática, energética, ecológica, hídrica y alimentaria en las subregiones del Norte, Occidente y Bajo Cauca de Antioquia. Sus integrantes trabajan por la defensa de sus comunidades y sus territorios, que desde el año 2008 han sido afectados por la construcción del megaproyecto.
[2] Hidroituango es el megaproyecto hidroeléctrico más grande que se construye en Colombia, y aspira a tener una capacidad instalada de 2.400 mw. Sus principales obras se encuentran ubicadas en el municipio de Briceño, como lo son la casa de máquinas y el vertedero, su construcción comenzó en el año 2009, afectando 26.000 héctareas de manera directa y más de 100.000 de manera indirecta, con un muro de 225 metros de altura y 79 kilómetros de represamiento del río. Con su construcción surgieron y se acentuaron, múltiples factores de riesgo y amenazas para los habitantes del territorio, que se han manifestado en crisis humanitarias, económicas, socioculturales, ambientales, geográficas y demográficas.
[3] Resolución 0820 del 1 de junio de 2018 “Por la cual se impone una medida preventiva y se adoptan otras determinaciones” en relación con el proyecto Hidroituango.
[4] Informe final sobre la Central Hidroeléctrica Ituango (REF 1520000083-011B) entregado el 29 de diciembre de 2021.
[5] En la página 7 del informe se dice: “El informe se basa en información proporcionada a Pöyry desde EPM o desde otras empresas en nombre de EPM. Pöyry no ha verificado la corrección o exactitud de dicha información y no hace ninguna declaración sobre su corrección o exactitud”
[6] Página 106 del informe Pöyry
[7] Página 16 del informe Pöyry
[8] Página 98 del informe Pöyry
[9] Página 61 del Informe Pöyry
[10] Página 61 del Informe Pöyry
[11] Página 74 del Informe Pöyry