De nuevo, el 21 de noviembre de 2024, el juez 75 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá emitió un nuevo fallo tras un año de audiencias de verificación de cumplimiento de las tres medidas cautelares que fueron decretadas por ese despacho en el año 2019 para amparar los derechos de las comunidades afectadas por Hidroituango. En esta nueva decisión, se ordenó que las medidas deberán continuar hasta que el proyecto hidroeléctrico esté totalmente construido (en el año 2027) y haya un informe definitivo que dé certeza de la estabilidad o no del macizo rocoso, porque solo en estas circunstancias habrá real ausencia de riesgo para las comunidades aguas arriba y aguas abajo del megaproyecto.
Entre las consideraciones para llegar a esta decisión, el juez indicó que el amparo de los derechos fundamentales de las comunidades es una responsabilidad y obligación de distintas entidades estatales que para ser cumplida obligatoriamente requiere de articulación entre las mismas, lo que no ha sucedido hasta ahora. Igualmente, manifestó que los informes técnicos presentados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) e Hidroituango no son suficientes para determinar si el macizo rocoso es estable o no. Por último, dejó claro que las acciones adelantadas por EPM e Hidroituango en pro de las comunidades, son lo mínimo que deben ejecutar a fin de mitigar los riesgos generados por el proyecto para resarcir los daños, es decir, no son una dadiva o generosidad por parte de la empresa.
Concluye el juez que ha habido algunos avances en parte de las medidas, no obstante, el cumplimiento es parcial y, en consecuencia, las medidas deben persistir para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades.
Al respecto, EPM y la sociedad Hidroituango presentaron recurso de reposición en subsidio de apelación en contra de la decisión, como ya es costumbre por parte de la empresa en este proceso, en el que con cada recurso interpuesto la justicia ha ratificado las decisiones a favor de las comunidades y contrarias a los intereses del megaproyecto.
Las tres medidas que continúan son:
- PROTEGER los derechos fundamentales de la población de los municipios de Buriticá, Liborina, Caucasia, Tarazá, Toledo, Briceño, Ituango, Sabanalarga, Nechí, Valdivia, Peque, Cáceres, Ayapel, San Marcos, Majagual, Guarandá, Achí San Jacinto y Magangué; frente a las víctimas se protegerán los derechos a la vida, salud, mínimo vital, vida digna y al medio ambiente sano.
- ORDENAR Continuar con el desarrollo de la mesa técnica en aras de obtener un estudio técnico con expertos en la materia, con el fin de analizar la estructura rocosa lugar donde está ubicado el proyecto hídrico, así como la estabilidad del mismo, con el objeto de garantizar la continuidad o no del proyecto, o en caso contrario la suspensión del mismo, hasta tanto obtenga con claridad los conceptos técnicos, para lo cual se deberá cumplir con la entrega de informes parciales.
- ORDENAR la socialización en audiencias públicas permitiendo la participación de todos los medios de comunicación tanto nacionales o extranjeros, así como de la población y de las víctimas.
Hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura para que lidere las garantías para el derecho a la a la vida, salud, mínimo vital y vida digna que para nosotros como víctimas tienen que ver principalmente con el derecho a la alimentación.
Exigimos a Corantioquia que no evada su responsabilidad en relación al derecho a un ambiente sano. Resaltamos el liderazgo del Ministerio de Ambiente para avanzar en el cumplimiento del derecho a un ambiente sano a través de proyectos de restauración ecológica concertados con las comunidades y en especial con las víctimas, tanto aguas arriba como aguas abajo del megaproyecto. Exigimos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la realización de una Audiencias Pública Ambiental de seguimiento a Hidroituango sin más dilación.
Exigimos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Servicio Geológico Colombiano y al Ministerio de Minas y Energía adelantar las gestiones necesarias para asumir su responsabilidad en relación al estudio que permita establecer con certeza la estabilidad o no del macizo rocoso. Sus incumplimientos y falta de avances aumentan la incertidumbre entre las víctimas.
Exigimos a la UNGRD la actualización y seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo del megaproyecto Hidroituango que al día de hoy no cumple los requisitos mínimos establecidos en la ley y la entidad evade sus obligaciones para con las víctimas y la ciudadanía.