Desde hace varias décadas se ha previsto la construcción en el norte y occidente de Antioquia, del proyecto Hidroeléctrico más ambicioso de Colombia: Hidroituango. Este proyecto prevé inundar 3800 hectáreas de bosque tropical, desplazó y desplazara miles de personas, y afectará la producción agrícola de 12 municipios para generar 2.400 megavatios de energía, los cuales serán destinados a abastecer el mercado internacional de la energía y la industria extractiva en Colombia.
La Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. obtuvo mediante resolución 155 del 30 de Enero de 2009, la Licencia Ambiental para la construcción, llenado y operación del embalse, generando a partir de esa fecha una situación de cambio permanente en la que, debido al avance de obras, miles de pobladores de los doce municipios del área de influencia de la represa, se han visto afectados por la vulneración de sus derechos.
El gran descontento se empezó a sentir, cuando las obras empezaron a avanzar sin que la gente fuera debidamente informada sobre el proyecto, a la fecha muchos no saben que es una represa, ni mucho menos, en que le beneficia o impacta; por otra parte, quienes dependen del Río Cauca por la pesca, la agricultura o el barequeo son los que ya han entendido o encarnado los problemas que trae consigo la represa. Muchos de los pobladores quedaron por fuera del censo socieconómico adelantado por la firma Integral, dado que los funcionarios decidieron hacer los censos sobre la vía pública, y no en los lugares de trabajo donde se encontraba las personas trabajando debido –quizás- al miedo por el conflicto armado en la zona; no obstante, la empresa Empresas Públicas de Medellín (EPM) quien es la segunda accionista mayoritaria y la operadora de la obra, se ha negado a responder por los agravios de esa estrategia, y se ha negado a abrir un nuevo censo pero tampoco ha estado dispuesta a solucionar los problemas de la mano con las comunidades por medio del diálogo; el Movimiento Ríos Vivos ha cuestionado el conducto de reclamaciones de la empresa EPM, pues solo es posible hacerlo por escrito mediante derecho de petición desconociendo la realidad cultural de la zona, donde muchos de los afectados no saben ni leer ni escribir entre otros aspectos.
Por otra parte el conflicto armado en la zona, y su posterior agudización han imposibilitado que las comunidades puedan tener un ejercicio pleno de su derecho a la participación ciudadana, además, ante esta situación, el Estado no ha garantizado ni aclarado como en medio del conflicto armado garantiza y garantizará el pleno ejercicio de este derecho, esto no es claro a pesar de citarse en la Licencia Ambiental del proyecto: artículo 79 de la Constitución Política “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.
De esta manera ante la pérdida del trabajo, de la tranquilidad, ante la agudización del conflicto armado en la zona, las injusticias en las negociaciones con la empresa EPM, afectación de predios por la construcción de la represa, conflictos socioambientales por la contaminación auditiva, de las aguas, destrucción de paisajes, afectación agrícola, etc, las comunidades se han venido movilizando paulatinamente hasta el punto de tener que traer por razones de seguridad su movilización pacífica hasta la ciudad de Medellín, donde permanecen desde el 20 de marzo de 2013, a donde tuvieron que llegar tras ser hostigados y detenidos algunos de ellos ilegalmente por la policía luego de haber iniciado una movilización pacífica el 10 de marzo para mostrar su descontento con la represa e intentar hallar canales de diálogo para la solución de las problemáticas y conflictos sociambientales.
I. Agudización del conflicto armado en la zona de influencia de Hidroituango en el 2013.
Desde diciembre de 2012 se intensificó la presencia militar por parte de la fuerzas armadas Ejercito y Policía en todos los municipios impactados por el megaproyecto. Desde este mismo mes la guerrilla de las FARC anuncio el sembrado de minas antipersonal en estos mismo municipios, especialmente en Ituango y Briceño.
Lo anterior ha provocado que la población civil pierda su movilidad natural para el ejercicio de sus actividades de sobrevivencia. Con estos artefactos se ha ocasionado la muerte de un menor de edad Diomedes Chavarría, dos más resultaron heridos[1] y causaron el desplazamiento forzado de cuatro familias en el municipio de Briceño; el cierre de la vía que conduce a Ituango por cargar con dinamita un bus de transporte público, los ataques a la fuerza pública por parte de francotiradores de las guerrilla y los enfrentamientos armados, son constantes en la zona.
En el mes de febrero de 2013 los atentados de la guerrilla en Ituango ocasionaron la muerte de una mujer, hirieron a una niña y a varios militares. A estos hechos se le suman en Briceño enfrentamientos armados, bombardeos (8 de febrero), la ocupación de la escuela de la Vereda Orejón por parte del Ejército, la instalación de más minas cercanas a la Escuela por parte de la guerrilla y el trágico accidente que dejó una joven de 16 años muerta y nueve heridos de los cuales cinco son menores de edad (18 de febrero). En el mismo sentido el Alcalde de Ituango realizó una alerta sobre la presencia de minas en cercanía a instituciones educativas. El mayor riesgo para la vida y la integridad física en la zona lo tiene la población infantil y juvenil.[2]
El 15 de febrero, en medio de un gran despliegue militar hicieron presencia en el municipio de Ituango el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria y el gerente de EPM Juan Esteban Calle. La noche anterior en el casco urbano se escucharon tres fuertes explosiones y se observaron amenazantes grafitis por parte de la guerrilla. No obstante, las instituciones educativas realizaron con niños y niñas un desfile en honor a los visitantes. Lo que claramente, según las delicadas condiciones de seguridad, fue una utilización de los niños como escudos de protección.
A los dos días, 17 de febrero, fue dinamitado un bus de transporte público que se dirigía al municipio de Toledo; un carro tanque y otro vehículo cargados de dinamita fueron dejados en la vía pública quedando confinada la población del norte de Antioquia y en medio de la oscuridad por la voladura de una torre de energía la noche anterior.
El mismo 17 de febrero de 2013 el ELN y las FARC declararon objetivo militar las obras de Hidroituango[3].
El 11 de marzo del 2013 aparecieron grafitis en el Municipio de Ituango firmados por el Frente 18 de las FARC alusivos a la exigencia de retiro de la zona de personas foráneas y advertencias de dos días para salir.
El 13 de marzo de 2013 hubo un atentado explosivo en el corregimiento El Valle del municipio de Toledo, en el que salieron heridos varios soldados y una de las manifestantes, pues este hecho ocurrió en las afueras de la institución educativa muy cerca de la concentración humana que se preparaba para la jornada del 14 de marzo.
El día 14 de marzo de 2013 aparecieron grafitis en el Municipio de Ituango alusivos a los grupos paramilitares “Las AUC están en el pueblo”
En San Andrés de Cuerquia la guerrilla mató a un presidente de la Junta de acción comunal y lo vistieron o estaba vestida con uniforme de EPM. Esto ocurrió entre el día 17 al 18 de marzo de 2013.
Los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército han aumentado en las veredas cercanas al Río, el día 23 de mayo de 2013 entre las 2 y las 6 p.m. se presentaron fuertes enfrentamientos en la vereda Buena Vista del municipio de Briceño.
El temor a la presencia paramilitar.
Si bien en la zona hacen presencia múltiples actores armados especialmente guerrillas, la huella que dejo la presencia paramilitar hace que la población sienta un gran temor al ver señales de su nueva presencia relacionada con la construcción del obra y en contra de las protestas realizadas por la población.
Tres han sido las mayores evidencias en lo corrido del 2013 de su presencia en la zona, la primera un hecho ocurrido en la playa conocida como Sardinas en el municipio de Ituango en enero de 2013 (se relata con mayor detalle en el siguiente apartado). Segunda: Algunos de los empleados de consorcios y empresas contratistas de la obra han escuchado que otros, también empleados, hablan de su experiencia como paramilitares y/o reinsertados y de las actuaciones de estos grupos en otras obras hidroeléctricas como las del cañón del Río Porce. También algunos de los empleados notaron como el día en el que sucedieron los hechos en las playas de Sandinas por supuestos Urabeños el número de obreros que pernoto en los campamentos disminuyo en comparación con otras noches. Tercera: El día 14 de marzo de 2013, día anunciado para las movilizaciones en contra de Hidroituango aparecieron grafitis en el Municipio de Ituango alusivos a los grupos paramilitares “Las AUC están en el pueblo”
II. Amenazas, Judicialización y estigmatización que limitan la participación y la organización social
17 personas del Movimiento han sido amenazadas. Llamadas, medios electrónicos y amenazas directas e indirectas realizadas por desconocidos y la Fuerza Pública son las principales características. Los líderes y lideresas son los más afectados, 11 personas han pedido medidas de protección al Ministerio del Interior, para el Movimiento en pleno se han pedido medidas colectivas, más de 700 personas que conforman el Movimiento en Antioquia.
Hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna por parte del Estado.
Cada uno de los eventos programados por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia ha sufrido atropellos por parte de la Fuerza Pública o actores armados ilegales o los mismos empleados que laboran para Hidroituango, entre los cuales se cuentan funcionarios de la Gobernación de Antioquia cuya única función ha sido la promoción de este megaproyecto por encima de las comunidades, es el caso del cargo creado con este fin denominado Gerencia de la zona de Hidroituango. Lo anterior demuestra una clara violación a los derechos de asociación, de reunión, de protesta pacífica, de participación y el derecho al buen nombre.
El primer evento del año fue la segunda Audiencia popular ambiental realizada el 20 de enero de 2013, el día y la noche anterior a este evento encapuchados ingresaron a la paya del Río Cauca conocida como Sardinas (Ituango) en donde laboraban más de 80 mineros y mineras artesanales. Traían varios rehenes también del gran grupo, se presentaron como Urabeños, amenazaron con armas cortas y largas a toda la población, además les robaron sus enseres y les propinaron maltratos. Por distintas razones se sospecha relación de estos hombres con la construcción de la hidroeléctrica.
La protesta realizadas en el mes de febrero fue detenido arbitrariamente uno de los manifestantes, al cual se le maltrato física y verbalmente, se le señalo de pertenecer a las FARC y se le hurtaron sus enseres por parte de la Policía Nacional en el corregimiento de El Valle municipio de Toledo, Norte de Antioquia. El Ejército Nacional constriño a un grupo de manifestantes a abandonar la protesta.
La mayor represión se inició desde el 10 de marzo de 2013 cuando el Movimiento se preparaba para las jornadas de protesta en contra de las represas mundialmente y específicamente para la zona, en contra de Hidroituango a realizarse el 14 de marzo. Este mismo día iniciaron los atropellos de la fuerza pública policías fuertemente armados sin identificación generaron gran temor en la población campesina. AL día siguiente 12 de marzo se vieron muy cerca de los campamentos establecidos por la población personal del Ejército Nacional. Ese mismo día ya casi entrando la noche las comunidades fueron atacadas con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento por parte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) lo que generó una huida masiva del lugar, algunas personas quedaron heridas y otras estuvieron desaparecidas durante toda la noche, corriendo un alto riesgo por las extensas áreas sembradas de minas antipersonales.
A los líderes y lideresas que se dirigían hacia la zona acompañados de un importante grupo de personas el 14 de marzo, después de participar el 13 de marzo en un debate en la Asamblea Departamental de Antioquia, fueron retenidos injustificadamente en varias ocasiones durante el trayecto lo que ocasiono que llegaran en horas de la noche y el resto de los y las afectadas no pudieran realizar la tan anunciada jornada de protestas.
El 16 de marzo estaba citada una asamblea a las 10 a.m. y a eso de las 9:20 son capturadas más de 80 personas y llevadas a la estación de Policía de El Valle. De estas fueron retenidas 12 y transportadas en helicópteros de la empresa EPM al municipio de Santa Rosa de Osos, de los capturados uno es menor de edad, la juez de garantías determino ilegal la captura y fueron dejados en libertad a las 12 p.m. del 17 de marzo. El proceso continúa y EPM pretende declararse víctima de los afectados y afectadas.
Desde que se inició el proceso organizativo no han parado los señalamientos y la estigmatización de servidores públicos y militares. El mismo gobernador de Antioquia ha protagonizado estos señalamientos injustificados. Durante la captura ilegal a los judicializados la Policía los y las señalo de ser guerrilleros, no teniendo esto relación con el delito por el cual están siendo acusados “obstrucción en la vía pública”
Las personas que se quedaron en la zona sufrieron fuertes amenazas por parte de la Policía Nacional lo que no les permitió deliberar, reunirse y protestar. Además lo que los y las obligo a desplazarse, como tantas otras veces hacia la ciudad de Medellín.
III. Desplazamiento forzado por la construcción de Hidroituango y por la agudización del conflicto armado
En el caso del área de influencia de Hidroituango, especialmente en jurisdicciones del Municipio de Ituango, Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia han tenido lugar diversos hechos que provocaron el desplazamiento forzado de la población civil. En primer lugar, se ha producido la pérdida de la actividad económica habitual hecho que desmejora las condiciones de vida en la zona, afectando la salud y la alimentación. Está pérdida del trabajo se relaciona directamente con los DESALOJOS por medio de amparos policivos que ha interpuesto EPM para sacar a los barequeros del Cañón del Cauca; a la fecha se han adelantado TRES DESALOJOS MASIVOS, con presencia de funcionarios de EPM, Policía, ESMAD y Ejercito; estos ocurrieron en la playa Tenche, Ituango donde más de 26 personas fueron desalojadas por la fuerza en diciembre de 2010, en las diferentes playas de la finca Capitán, Briceño, el 30 de mayo de 2011 donde se sacaron en contra de voluntad a más de 200 personas y en la Playa Plan de Icura, Briceño, donde sacaron por la fuerza a más de 90 barequeros el 26 de marzo de 2011.
Como complemento de esta situación la vigilancia privada de EPM restringe la movilidad de las comunidades por las riberas del Río Cauca, impide el ingreso a muchas zonas, esta labor ha sido compartida con la Policía y el Ejercito, muchos no han vuelto al Río a trabajar por el miedo a un desalojo y los consecuentes maltratos a pesar de su derecho natural sobre el territorio, el Río y la necesidad de garantizar su subsistencia.
En segundo lugar, en todos los casos hubo excesos y abusos, los ranchos (casa de madera y platico trdicional de la población barequera o minera tradicional) junto con todos los enseres personales de las personas que habitaban allí fueron quemados o destruidos y tirados al rio. Lo mismo ocurrió con sus herramientas de trabajo (bateas y cajones, palas, etc) mucho solos pudieron sacar la ropa que llevaban puesta.
Frente a esta situación Naciones Unidas ha publicado hace algunos años una serie de directrices que deben tenerse en cuenta antes de proceder con desalojos en proyectos de desarrollo, como por ejemplo garantizar que el desalojado va a tener otra casa o lugar de trabajo mejor que el que está dejando en contra de su voluntad, similares condiciones ha estipulado la Licencia Ambiental de Hidroituango, pero pese a esto, los desalojos se han hecho sin que la gente sepa a donde va ir, o la restitución de sus actividad productiva garantizada.
Por otra parte, con la agudización del conflicto armado en la zona, las comunidades afectadas no ven de qué manera pueden realmente participar en la toma de decisiones, por esa razón se han adelantado diversas protesta, cada vez con un número mayor de participantes, entre los que se resalta la movilización adelantada para celebrar la primera Audiencia Popular sobre Hidroituango el 29 de agosto de 2012 en el Valle municipio de Toledo, que fue levantada por la infracción denunciada del DIH por parte de soldados del Batallón Bajez, quienes e la noche se metieron entre la población civil, posteriormente las comunidades se movilizaron en rechazo al megaproyecto para buscar espacios de diálogo el pasado 10 de marzo de 2013, donde debido al hostigamiento constante de la fuerza pública, a pesar de contar con permisos para la movilización pacífica, las comunidades decidieron iniciar una marcha hasta Medellín el 17 de marzo para salvar su vida e integridad física, ejercer su derecho a la protesta y lograr su objetivo, establecer una mesa de diálogo para que se atienda con celeridad y rigor la grave situación de derechos humanos, conflictos sociales y ambientales que padecen en la zona con la Gobernación de Antioquia y la Empresa EPM.
IV. Situación humanitaria de las y los afectados por Hidroituango que se encuentran en el Valle del aburra.
Luego de caminar extensa jornadas, cerca de 235 personas arribaron al Valle del Aburra, municipio de Bello el 19 de marzo de 2013 y al día siguiente al municipio de Medellín. Desde este momento los afectados por Hidroituango se han sentido defraudados por la respuesta del municipio de Medellín, Ministerio Público, entidades encargadas de atención humanitaria, EPM y sobre todo la Gobernación de Antioquia.
Violando los postulados referidos a la ayuda humanitaria como un derecho, no se ha recibido ayuda alguna en alimentación, albergue, protección y salud.
Los malos tratos de las administraciones municipales y gubernamentales se dan además en virtud de negarse a tener un debate público con los afectados y de llegar a precisar, sin adelantar las indagaciones necesarias, que no hay razones para que las comunidades estén en Medellín. Los medios de comunicación locales y algunos nacionales han jugado a desinformar a la población en general, emitiendo notas y artículos que ponen en riesgo a los integrantes del Movimiento Ríos Vivos.
Más de 250 familias se encuentran en el Valle del aburra entre personas desplazadas por la contrucción de Hidroituango y la agudización del conflicto (hechos relacionados en el aparte anterior) y otros afectados por la obra que desean participar en las acciones de protesta por su desacuerdo con la misma.
El 10% de las personas se encuentran enfermas, el 19% son niños y niñas, el 7% son adultos mayores, el 24% mujeres, muchas cabeza de familia con dos o más hijos, y el 51% hombres.
Las principales dolencias son infecciones respiratorias, hipertensión arterial en adultos mayores y gastritis.
La alimentación se constituye de verduras y granos donados en las plazas de mercado de la ciudad y por organizaciones y personas. Es muy variable. Se cocina en una olla para todos y con leña.
El alojamiento durante todo este tiempo ha sido principalmente en el antiguo coliseo de la Universidad de Antioquia, una vieja edificación cuyos techos en mal estado hacen que durante las lluvias se inunde lo que aumenta los riesgos para la salud.
Muchos duermen en el piso, algunos tienen carpas y colchonetas, y la mayoría cuenta con frazadas donadas por la Cruz Roja Internacional, estudiantes y personas solidarias.
V. Lo que revelo la Audiencia pública realizada por el Congreso de la Republica a Hidroituango
Audiencia realizada el 27 de abril de 2013. Resumen Ejecutivo[4]
A. Violación de DDHH e infracción del DIH, son un asunto histórico en el territorio. Los actores armados legales e ilegales son los responsables de estos hechos.
Dos momentos históricos han marcado el desarrollo de Hidroituango y el desarrollo del conflicto armado en la zona.
1996. 26 Asesinatos en masacres ocurridas en Ituango, Valdivia (tres desaparecidos) y Santa Fe de Antioquia.
Primer Momento: 1997. – Creación Sociedad promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.[5]
– 51 Asesinatos en masacres ocurridas en Liborina, Peque, San Andrés de Cuerquia e Ituango.
1998. –Actualización estudios de factibilidad
-29 Asesinatos en Masacres en Peque, Liborina, Sabanalarga e Ituango[6]
-desplazamiento de 55 familias en Ituango (No se tienen los datos concretos de otros municipios
La creación de la Sociedad promotora del Proyecto constituye un hecho histórico rodeado de hechos de violencia. La escalada de violencia en la zona cierra este primer ciclo alrededor del año 2005 cuando los frentes paramilitares (AUC y Bloque mineros que se disputaban la zona) fueron derrotados miliarmente por la insurgencia de las FARC. Esta escalada produjo miles de desplazados, prácticamente todas las comunidades del Cañón han sido desplazadas alguna vez en su vida y, en todos los municipios afectados se presenta este fenómeno.
No se registran para el municipio de Ituango desplazamientos masivos entre el año 1999 y el 2000. A partir de este la frecuencia de este fenomeno para el municipio es la siguiente: 2000, 2001, 2001, 2004 y 2005. Hasta el año 2009 y 2010 en donde se superaron todas las cifras de anteriores años.
2006. Realización de censos en la zona, estudio de socioeconómico y predial. Complementación de la Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental
2007. Se termina el estudio de Complementación de la Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental
2008. Toma Hostil. Operación financiera por parte del departamento de Antioquia y el IDEA para lograr el control del proyecto. Se termina el estudio iniciado en el 2006 Actualización Socioeconómica y Predial.
Primera declaratoria de utilidad pública
– Detonación de artefacto explosivo en la principal calle comercial del casco urbano Municipio de Ituango, La Peatonal. Resultaron 7 personas muertas y alrededor de 53 heridos.
Segundo Momento: 2009. Licencia ambiental, Asamblea General de Propietarios e Inicio de las obras.
– Cerca de 1.200 personas fueron desplazadas de veredas enteras en el municipio de Ituango.
2010. Aprobación del Manual de Valores Unitarios de los predios y componente socioeconómico, firma acuerdo de voluntades, Segunda declaratoria de utilidad pública, adición de zonas al proyecto.
– Más de 1.500 personas fueron desplazadas de veredas enteras en el municipio de Ituango
Los asesinatos selectivos se convirtieron en el remplazo a las masacres, sobre todo de líderes de la zona, es por eso que en los mismos estudios realizados para el Hidroituango se encuentra una alta debilidad en las organizaciones sociales. Se desconocen aún muchas de las cifras relacionadas con estos momentos históricos pero es necesario que se indague al respecto.
Propuesta del Movimiento: Una mesa de alto nivel que verifique la situación actual y concerté una ruta que supere la impunidad y respete el derecho a la verdad y memoria histórica de las víctimas con las instituciones respectivas.
B. Delitos culturales y ambientales.
Ø Inminente etnocidio. El barequeo una práctica ancestral. La cultura cañonera (transhumantes, permanencen en las riberas del río Cauca), y montañera (intercambio de productos con cañoneros, barequeros cuando no hay cosecha) ambos en una estrecha interacción relación con el río Cauca.
Propuesta del Movimiento: El Barequeo como patrimonio cultural inmaterial, plan de salvaguardia para proteger esta cultura.
Ø Impactos ambientales subvalorados por el Proyecto. Migración y desaparición de especies, contaminación de aguas y aire. Incertidumbre generada por cambios en el microclima y sus respectivas implicaciones en la producción agrícola.
Propuesta del Movimiento: Fortalecimiento del Movimiento, organizaciones sociales y comunitarias que realicen una inspección y denuncia cotidiana. Seguimiento a las misma que permita las sanciones y mitigación respectivas.
C. Problemas en el desarrollo de la obra
Ø Los estudios no coinciden con su implementación. Las metodologías no expresan lo planteado en los estudios y propuestas conceptuales.
Ø Censos que dejaron por fuera a muchos afectados, especialmente por el momento en el que se hicieron y la manera como se realizaron.
Ø El Manual de Valores Unitarios no conto con la participación de muchos grupos poblacionales afectados. Las compensaciones propuestas no son acordes con una real compensación social y económica acorde con las características culturales de la zona.
Propuesta del Movimiento: Realización de un nuevo censo y un nuevo manual de valores unitarios concertado con las comunidades.
VI. Se espera.
Ø Se realicen las investigaciones pertinentes sobre todas las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH en la zona de construcción de la hidroeléctrica para que haya acceso a la Verdad, Justicia y Reparación. Para esto se ha propuesto la constitución de una mesa de alto nivel con la participación de actores del orden nacional que garanticen que los análisis y toma de decisiones no sean parcializados, dado que Hidroituango tiene como socios mayoritarios a la Gobernación de Antioquia (52%) y EPM.
Ø La Mesa de Alto Nivel deberá abordar la complejidad de violaciones a los derechos humanos y conflictos generados por Hidroituango agrupados en diversas temáticas garantizando de ser necesario, que la obra no avance hasta que no se garantice el respeto a los derechos humanos.
Ø Un nuevo manual de valores unitarios pues dadas las condiciones irregulares en que se construyó el único beneficiado son las EPM por medio de negociaciones injustas aprovechándose de los altos grados de analfabetismo de la zona.
Ø Se demuestre que Hidroituango no se benefició con los desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos que antecedieron el inicio de obras de la represas, se aclare a la población civil porque el conflicto se ha recrudecido con la construcción de la represas.
Ø Se reconozca el derecho a la libre asociación de todos los afectados; por tanto se respete la articulación social “Ríos Vivos Antioquia” a quienes se les ha estigmatizado, llegando a condicionar los diálogos con la población afectadas por parte de la gobernación y empresa afectada, por medio exclusivamente de las Juntas de Acción Comunal en claro desconocimiento e invisibilización del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, una organización regional que además de oposición presenta propuesta legítimas.