La vigilancia privada que hoy está al servicio de la construcción de la represa Hidroituango y contratada por Empresas Públicas de Medellín –EPM– ha intensificado las presiones y amenazas desde el mes de diciembre de 2014 en contra de la comunidad de víctimas del conflicto armado que habita en la playa La Arenera a orillas del río Cauca en el municipio de Toledo y en contra de los defensores de Derechos Humanos del Movimiento Ríos Vivos que las acompañan. La historia de la comunidad hoy revictimizada con el actuar de hombres encapuchados, que utilizan armas para ejercer control en las orillas del río, en las entradas a la zona, bajo el uniforme de la vigilancia privada al servicio de EPM, es una historia desconocida por el estado colombiano que hoy permite que una empresa arrase con el lugar de vida y trabajo al cual huyeron muchas de las víctimas del periodo más violento del Cañón del río Cauca conformado por los 12 municipios impactados por la construcción de la represa más grande de Colombia Hidroituango.
La arremetida paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) entre los años 1997 y 2008 convirtieron el Cañón en una máquina de hacer víctimas, sólo en ese periodo de 11 años se registraron 76.501víctimas del conflicto armado, y se registraron 44 masacres entre el 24 de marzo de 1982 y el 23 de noviembre de 2007 que responden a 267 muertes. A finales de 2014 iban 105.058 víctimas del conflicto armado de una población de 180.861 habitantes, es decir el 58% del total de la población de los 12 municipios impactados por Hidroituango son víctimas del conflicto armado, hoy 17 de febrero de 2015 esa cifra ya ha aumentado.
Imponer una cifra. Para EPM solo existen 1.400 afectados por Hidroituango, pero la realidad es otra, en los periodos decisivos para el proyecto hidroeléctrico el número de víctimas del conflicto armado en la disputa por las tierras para la represa entre el Ejército, Guerrilla de las FARC y paramilitares aumento significativamente. EPM actuó de mala fe al presentar estudios de impacto social en esos periodos donde desconoce la historia de miseria, desplazamiento y dolor a la que fue sometida la población del Cañón del río Cauca, el estado colombiano es cómplice al aprobar dichos estudios cuando sus propios registros de víctimas para esta zona arroja la alarmante cifra menciona ¿Por qué el Estado y EPM intentan omitir y con ello borrar la historia de violencia sufrida en el Cañón?
Gran parte de la comunidad refugiada hoy en la playa La Arenera es víctima, y algunas familias huyeron de masacres como la del Aro para salvar sus vidas, otras huyeron de los municipios de Ituango, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia buscando medios de subsistencia, la tranquilidad y seguridad que el Estado no ha sido capaz de garantizarles. Es inaceptable que hoy el Estado colombiano haya dado una orden de desalojo para favorecer los intereses de venta de energía a otros países cuando Hidroituango La Gobernación de Antioquia como accionista mayoritario y EPM han desconocido a las víctimas y sus derechos, víctimas a las que se les ve cercenado su derecho a la verdad, justicia, reparación y que hoy esta en vilo por una decisión administrativa las garantías de NO repetición claramente por debajo de intereses económicos que destruyen las aguas y privatiza el río.
La situación se agrava cada día, de diciembre de 2014 a febrero de 2015 los defensores de Derechos Humanos del Movimiento Ríos Vivos que acompañan a la comunidad de la playa La Arenera han encontrado múltiples impedimentos provocados por la vigilancia privada para desplazarse a los lugares de habitación de las comunidades en La Arenera impidiendo de manera temporal la posibilidad de acompañamiento efectivo para la defensa de los derechos de humanos.
Los señalamientos, presiones y empadronamientos de la vigilancia privada en contra de la comunidad de La Arenera y los defensores de derechos humanos, misteriosamente llegaron a su punto más preocupante el 18 de diciembre de 2014 cuando hombres encapuchados y armados esperaban en la orilla del río Cauca a los defensores de derechos humanos, y a líderes del movimiento Ríos Vivos que se dirigían hacia La Arenera el hecho fue denunciado y hasta ahora se desconocen los avances en la investigación. En el lugar de la agresión fue encontrado un carnet de arma utilizado por la vigilancia privada, la misma que amenaza, presiona e impide que la comunidad de La Arenera estudie y conozca sus derechos.
EPM y la Gobernación de Antioquia son los más interesados en que el desalojo de La Arenera se de sin el acompañamiento de defensores de Derechos Humanos, esto se demuestra al negarse a dar la fecha exacta del desalojo a los defensores. EPM es responsable de lo que pueda pasarle a los defensores de Derechos Humanos del Movimiento Ríos Vivos y a la comunidad de La Arenera por la actuación de sus hombres de seguridad y la ANLA por no realizar el debido seguimiento a la situación de derechos humanos generada por Hidroituango.
El Estado colombiano es responsable por ordenar la expulsión de víctima del conflicto armado de su lugar de refugio playa La Arenera, responsable de no brindar las garantías para la defensa de los derechos humanos al Movimiento Ríos Vivos, de la actuación indebida de funcionarios de la administración municipal de Toledo que están al frente de la orden de desalojo -Inspección de policía y personería municipal-