El Movimiento Ríos Vivos Antioquia informa a la comunidad en general y medios de comunicación que hoy, desde las 4 a.m. alrededor de 200 personas afectadas por el proyecto Hidroeléctrico Hidroituango protestaron en el lugar conocido como El saladero, Municipio de Toledo, y en El Bombillo, Municipio de Ituango, expresando su indignación ante los incumplimientos por parte de la Empresa EPM y de la Gobernación de Antioquia.
Desde el 12 de septiembre se estableció una mesa de diálogos entre el Movimiento Ríos Vivos, la empresa EPM y la Gobernación de Antioquia para discutir y encontrar soluciones efectivas a las problemáticas generadas por la construcción de la represa, no obstante, a pesar de adelantar varias reuniones, la respuesta de la empresa EPM siempre fue desconocer la realidad sociocultural de la zona, los errores en sus estudios, la agudización del conflicto armado y su estrecha relación con la obra. Por parte de las comunidades se esperaba que de ese espacio surgieran soluciones verdaderas y completas, en su lugar, recibieron desplantes de la empresa, desde el inicio se acordó que acudirían a la mesa personas con capacidad de decisión, lo cual fue incumplido por EPM para la evaluación de los recorridos y últimas reuniones de la Mesa de Diálogos. Hasta tal punto que en la reunión del 30 de Noviembre de 2012 programada en el municipio de San Andrés, los funcionarios de EPM NO entregaron, como se había acordado, «El instructivo claro, incluidas las pruebas y procedimientos, mediante el cual una persona que se sienta afectada por el proyecto puede ser incluida dentro del CENSO”.
Además esta misma reunión no se pudo concluir la evaluación para continuar con el análisis de los casos, pues los funcionarios tenían premura y se retiraron de la misma. Quedaron con el compromiso de citar a un nuevo encuentro el día 3 de diciembre de 2012, hasta el momento no se han comunicado y sin explicación alguna es evidente que no desean atender los justos reclamos de las comunidades.
Estas circunstancias muestran el desinterés de EPM por atender las problemáticas sociales que esta empresa ha generado en la zona, al tiempo que el diálogo, en el cual tuvimos confianza, terminó por dejar plantadas a las comunidades sin respuestas ni propuestas.
Así mismo, en este proceso de diálogo consideramos que la participación de la Gobernación de Antioquia sería un actor decisivo y neutral para resolver las problemáticas apelando al respeto de los derechos de las comunidades vulneradas; sin embargo, la participación de dicho organismo se limitó a hacerle eco a las decisiones y posturas de EPM, incluso recorrieron la zona afectada para argumentar que EPM está haciendo las cosas bien. Le recordamos por tanto al Gobernador Sergio Fajardo, que las obras sociales, de educación, de movilidad, etc, son un derecho de todos los ciudadanos que el ESTADO debe garantizar o proveer, y no empresas como EPM que tienen un interés específico en la zona. Las obras sociales que adelanta esta empresa NO deben ser vistas como una dádiva, son una obligación que contempla la legislación colombiana para este tipo de megaproyectos.
Por otra parte, la indemnización que los afectados deben recibir por los daños causados por EPM es un DERECHO, por eso hemos pedido que en el CENSO se incluyan a todos los excluidos. Por tanto, rechazamos los comentarios que han hecho algunos gobernantes de la zona como que: “por ser parte de Ríos Vivos, no serán tenidos en cuenta en su gobierno”, o, las insinuaciones de algunos funcionarios de EPM que han dicho “para hacer más fáciles las cosas deben alejarse del movimiento”, refiriéndose a la inclusión en el censo y negociaciones.
Esta es una violación al derecho constitucional de la libre asociación entre otros.
La indignación de las comunidades en la zona de afectación y a nivel nacional ha venido creciendo por los incumplimientos, y engaños sistemáticos que sostienen quienes construyen las represas, por lo que el Movimiento Nacional ha convocado a una tercera Jornada Nacional por la Defensa de los Territorios en el mes de marzo, la manifestación de hoy día es un termómetro de la indignación que se movilizará en días próximos.
De este modo las comunidades afectas por Hidroituango solicitan:
– Presencia del Gobierno Nacional en la zona, dado que el Gobierno Departamental no ha sido garante de sus derechos, para hallar mecanismos que den garantías para poder seguir habitando su territorios, pues en vista de la agudización del conflicto armado en la zona se ha restringido la movilidad de campesinos, arrieros y barequeros, por el aumento de zonas minadas, lo que ha provocado un éxodo de familias hacia Medellín desde Diciembre.
– Presencia los Entes de control nacionales para escuchar las demandas de los afectados que no han tenido eco hasta el momento
– Presencia de Defensoría del Pueblo Nacional, organizaciones de derechos humanos y vicepresidencia de la república para constatar la situación de derechos humanos relacionada con la construcción de la represa y la agudización del conflicto.
– Garantías para ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica sin provocaciones ni señalamientos por parte de la fuerza pública.