Empresa Públicas de Medellín (EPM) violó el derecho a la verdad de las comunidades afectadas por Hidroituango
La decisión de decretar medidas correccionales contra el gerente de Empresas Públicas de Medellín – EPM por la Justicia Especial para la Paz –JEP, corrobora las denuncias que las víctimas hemos venido realizando desde hace muchos años y que ratificamos en la Audiencia Pública del 8 y 9 de octubre de 2019 en la ciudad de Medellín, sobre la falta de compromiso con la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en la zona de influencia del proyecto Hidroituango, en el marco de la solicitud de Medidas Cautelares presentada por el Movimiento Ríos Vivos y Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado- Movice a la Jurisdicción.
En la Audiencia la empresa fue enfática en que en los cementerios intervenidos por la misma no habían cuerpos de víctimas del conflicto armado no obstante, el Auto es claro en evidenciar que después de una inspección realizada por la Unidad de Investigación y Acusación-UIA y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas-UBPD al laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia, se encontró que al menos tres (3) cuerpos provenientes del cementerio de Orobajo (Sabanalarga) presentan lesiones violentas y podrían estar presuntamente relacionados con hechos ocurridos en el marco de conflicto armado.
También como resultado de la Audiencia la JEP ordenó a EPM enviar la comunicación según la cual la Fiscalía General de la Nación-FGN había autorizado realizar la recuperación de cuerpos inhumados en algunos de los cementerios que quedarían inundados con el embalse e informar sobre las actividades de recuperación de cuerpos y exhumaciones realizadas mediante en el contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa INTEGRAL y EPM.
El hallazgo que evidencia las lesiones violentas en los cuerpos y la documentación remitida condujeron a corroborar que EPM no tenía ninguna competencia para adelantar labores de búsqueda y exhumación en la zona de influencia del proyecto Hidroituango, y mucho menos contaba con una autorización para iniciar un procedimiento con las comunidades del Cañón del río Cauca para descartar las muertes relacionadas con el conflicto armado y el lugar de disposición final de los cuerpos, especialmente en el área de inundación.
Llama la atención, que Fiscales del GRUBE advirtieron en su momento a EPM que “si en los Cementerios a intervenir, existen cuerpos en condición de no identificados (C.N.I.), estos NO pueden ser intervenidos por ustedes. Por ello, y de existir estos cuerpos, se requeriría realizar un inventario y registro de cada uno de ellos para tomar decisiones de fondo sobre estos casos”.
De manera que, EPM omitió todo tipo de advertencias y se atribuyó funciones propias de la Fiscalía General de la Nación-FGN pasando por encima del ordenamiento jurídico del Estado colombiano, las leyes y estándares técnicos y éticos internacionales para la búsqueda integral y, sobre todo, los derechos de las víctimas de desaparición forzada, todo con el fin de avanzar en la culminación de la hidroeléctrica. Inundó a los desaparecidos y desapareció a los muertos.
Desde la Audiencia Pública fue notoria la inconsistencia de las afirmaciones de EPM en relación con los traslados administrativos de los cementerios y la falta de claridad en los procedimientos de búsqueda, prospección y exhumación realizados, que finalmente le dieron vía libre a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
Hoy, después de 11 meses de realizada la Audiencia, las víctimas corroboramos que EPM–Hidroituango le mintió al campesinado, los barequeros/as y víctimas de desaparición forzada del cañón del río Cauca que se opusieron a la construcción del megaproyecto y que poniendo en riesgo su vida denunciaron que el río Cauca era usado como lugar para desaparecer a los muertos y el área afectada por la represa como zona de enterramiento.
Es importante destacar que EPM tuvo conocimiento todo el tiempo de la violencia de grupos guerrilleros y en especial de grupos paramilitares como las AUC en connivencia con la Fuerza Pública en la zona e incluso usó el conflicto armado como excusa para impedir la participación de las comunidades, pero el mismo conflicto y las víctimas que iba dejando a su paso no fueron razón para detener la obra, a pesar de las exigencias y el ruego de las comunidades.
En consecuencia, el desacato de EPM no sólo revela el incumplimiento de una orden judicial, sino también la sistemática vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica y las víctimas de megaproyecto Hidroituango que para este caso son las mismas.
La imposición de medidas correccionales contra el gerente de EPM por el incumplimiento de lo ordenado por la JEP hace 11 meses, es un claro mensaje a las empresas públicas y privadas posiblemente involucradas en situaciones similares de violación del derecho a la verdad y los miles de casos de personas desaparecidas, asesinadas y arrojadas en los ríos de Colombia.
Las comunidades del cañón del río Cauca y las víctimas de crímenes de Estado exigimos saber la verdad sobre la construcción del macroproyecto Hidroituango y su relación con la comisión de ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos que aún faltan por ser exhaustivamente investigadas.
