EPM DEFINE O NIEGA LOS DERECHOS A LA VIDA, ALIMENTACIÓN, SALUD, DEFENSA TÉCNICA Y LIBRE LOCOMOCIÓN DE COMUNDIADES DE LA PLAYAS DEL RÍO CAUCA EN COLOMBIA
Ante la suspensión de las diligencias de desalojo en Ituago y Briceño, EPM decide confinar a la población barequeara y pescadora.
Así se da la asistencia jurídica a la población, por medio de una reja que impuso en el territorio Empresas Públicas de Medellin EPM. Ninguna autoridad ha hecho nada al respecto.
En este momento las comunidades se encuentran confinadas sin posibilidad de salir e ingresar alimentos a la zona. Al alcalde del municipio de Briceño, primera autoridad local, la empresa EPM le impidió el ingreso a su propio territorio para verificar situación de DDHH y entregar alimentos en vista de que el ESMAD y el personal de EPM destruyó viviendas, enseres y regó los alimentos de habitantes de la zona en procedimiento de desalojo forzoso iniciado el día 11 de noviembre de 2020.
El Estado corporativo se adueñó de los territorios afectados por Hidroituango y viola los derechos a libre movilidad, a la defensa técnica por parte de abogado, a la presencia de Defensores de Derechos humanos de la sociedad civil para la verificación del respeto y garantía de derechos en procedimientos de desalojos forzosos que se constituyen de desplazamientos por el desarrollo. Lo que hace que el procedimiento sea ilegal.
Estos procedimientos de desalojos incumplen medidas cautelares, proferidas por el juez 75 penal de Bogotá, quien ordenó la protección de los derechos al mínimo vital, a la vida, a la vida digna, a la salud y media ambiente sano a la Gobernación de Antioquia y todos los municipios de la zona de influencia de Hidroituango, y por el contrario aumentan el riesgo y vulnerabilidad de las comunidades. El próximo jueves 19 de noviembre se llevará a cabo la continuación de audiencia de seguimiento al cumplimiento o no de estas medidas. Vale la pena resaltar que en la primera parte de esta audiencia convocada por el señor juez para el pasado 30 de octubre de 2020 la Gobernación de Antioquia de Aníbal Gaviria no asistió a la diligencia judicial.
Las víctimas de Hidroituango han sufrido este tipo de desalojos de manera histórica, desde el año 2010 para dar vía libre a lo que EPM nombra como “desarrollo” olvidando que están prohibidos estos procedimientos por organismos internacionales de Derechos Humanos y en particular que existen protocolos estrictos ordenados por los jueces de Colombia cuando se trata de víctimas del conflicto armado como en este caso.
Mediante medida provisional de acción constitucional y en vista de que se violaban los derechos de comunidades vulnerables dos jueces de la república suspendieron los procedimientos que pretendían llevar acabo la administración municipal de Ituango y la Gobernación de Antioquia por solicitud de Empresas Públicas de Medellin EPM. Pese a que lo anterior fue conocido por todas las autoridades presentes antes del medio día del 11 de noviembre el ESMAD estuvo en el territorio de Ituango hasta altas horas de la noche de ese mismo día, destruyó mangueras que permitían el abastecimiento de agua de las localidades de Ituango. Al siguiente día, 12 de noviembre, notificaron la decisión judicial por parte del juez de Yarumal para la zona de Briceño. Pese a ello, el día 13 de noviembre hizo presencia en esta zona, impidiendo la libre movilidad de la población, incluso en estado de enfermedad, y ejerciendo presión indebida sobre las comunidades.
El 11 de noviembre el ESMAD ingresó a la zona y amedrentó a la población, sin que previo a ello se hubiese informado con certeza la fecha del desalojo, se hubiese presentado una oferta institucional específica para la situación de barequeros ancestrales y artesanales y pescadores que con el desalojo pierden sus viviendas, medios de vida y de subsistencia. El ESMAD atacó a la población afectada con granadas aturdidoras y otros artefactos que le hicieron huir por las montañas, lo cual les puso en alto riesgo, pues es conocido ampliamente que en la zona existe la probabilidad de que hayan Minas Antipersonal (MAP) o munición sin explosionar (MUSE). Además las autoridades también conocen la situación de riesgo para las comunidades, producto del conflicto armado, de la presencia de actores armados ilegales actualmente constatados mediante Alerta Temprana de la Defensora del Pueblo Nº 004 – 2020 del 24 de enero de 2020.
Nada de lo anterior fue verificado ni consignado en los expedientes respectivos. Ninguna certificación o declaración de los organismos pertinentes, que pudiese demostrar que las autoridades se preocuparon por la vida e integridad física de las personas, antes, durante ni después del procedimiento. Por el contrario, quedó ampliamente demostrado que el derecho a la vida no es una prioridad, ni para EPM ni para la administración de Ituango, mucho menos, para la Gobernación de Antioquia.
EPM ha mentido sobre el ejercicio de la minería ancestral y artesanal que tiene hallazgos arqueológicos con más de 2.400 años de historia en el Cañón del Río Cauca, no se realiza utilizando ningún agente químico, no utilizan motores, pero sí el agua y el bosque como principal herramienta, además del conocimiento heredado. No es minería ilegal, es permitida en todo el territorio nacional.
La “oferta” de formalización realizada por la Gobernación y el señalamiento de ser una actividad ilegal por parte de EPM son un insulto para una tradición milenaria. La “oferta” de que las comunidades se desplacen a barequear al municipio de Tarazá, sin tener en cuenta el riesgo que esto representa y la imposibilidad para el Estado de garantizar la vida en un territorio en donde el control lo tienen los actores armados ilegales, fue recibida por las comunidades como una amenaza de muerte de parte de la Gobernación de Anibal Gaviria, contrariando las órdenes dadas por la juez 45 civil del circuito de Bogotá en materia de protección del Movimiento Ríos Vivos, cuyo juzgado ya dio inicio a incidente de desacato. Sobre esta misma decisión judicial las administraciones municipales de Ituango a cargo del alcalde Edwin Mauricio Mira y de Toledo a cargo de Astrid Elena Echavarría consideraron que la protección de líderes, defensores de DDHH y organizaciones sociales no era su prioridad, ni tenían recursos para ello.
La Gobernación de Antioquia de manera verbal, el día del desalojo prometió a las victimas un apoyo de un millón quinientos mil pesos para gastos de arrendamiento, más un mercado por dos meses, después se constató mediante un documento que hicieron firmar a personas que no sabían leer ni escribir que la oferta real era de un salario mínimo legal vigente por una única vez. Ante el engaño muchas de las personas que salieron ese día han vuelto a las playas.
Los argumentos principales para el desalojo ha sido la “propiedad privada” y el riesgo que representa para las víctimas estar en este sitio, según la declaratoria de Alerta Roja para Hidroituango. El primero se cae por su propio peso, pues todas las riberas de los ríos y fuentes hídricas en Colombia (30 metros a lado y lado) son propiedad de la nación y no de una empresa o persona en particular. El segundo argumento resulta insólito, puesto que a las comunidades -en Puerto Valdivia y a la opinión pública en general-, les han insistido que Hidroituango ya ha superado todos los riesgos y que avanza de manera “exitosa”, a pesar de que no existe un estudio que dé cuenta de manera independiente de ello, por lo que no se entiende que el riesgo sea selectivo: sólo para algunas comunidades y no para otras.
Los funcionarios han afirmado a la población que requieren estos sitios para poder dragar el río Cauca, para profundizarlo y acceder a los túneles, para reducir la presión. Desconocemos si esta actividad, que genera graves impactos sobre el ecosistema del río, esta autorizada o no por la ANLA, lo cierto es que, como siempre, las comunidades son las guardianas y protectoras del Cañón del Río Cauca.
Para los barequeros/as y pescadores/as que lo han perdido todo -en desalojos anteriores, con la inundación de gran parte del Cañón, con la avalancha producida por EPM-, esta es una nueva persecución de las instituciones del Estado en su contra. Ellos/as sólo buscan hacer lo que aprendieron de sus ancestros y, si les desalojan y no obtienen otro medio de vida y de subsistencia, regresarán como tantas veces, buscando desarrollar su cultura y obtener sus alimentos.