Un punto de encuentro para las resistencias a megaproyectos minero-energéticos mientras la comunidad minera de Briceño (Antioquia) paraliza indefinidamente las obras de Hidroituango.
Hoy 16 de marzo de 2011 y en el marco de la Jornada Nacional por la Defensa del Territorio que inició el lunes con movilizaciones en diferentes lugares del país tuvo lugar en el Congreso de la República (Bogotá) un foro sobre el impacto de los megaproyectos mineros e hidroeléctricos sobre el territorio, el medio ambiente y el desarrollo sostenible con la presencia de 14 comunidades afectadas o procesos sociales de todas las regiones del país. El objetivo era habilitar escenarios de encuentro, diálogo e interlocución entre las comunidades afectadas o en riesgo de afectación por estos megaproyectos y el Gobierno, el Ministerio Público y representantes del Congreso para que las demandas de las comunidades y organizaciones sociales sean escuchadas y se establezcan mecanismos en los que ciudadanía y Gobierno construyan agendas de trabajo frente al tema. Este encuentro tuvo un primer resultado ya que el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Amaya, se comprometió a solicitar al Ministerio de Ambiente que suspenda las obras del proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Huila) y a visitar la zona en abril para reunirse con las comunidades para analizar la situación.
Este compromiso responde a la denuncia hecha por el profesor de la Universidad Surcolombiana, Miller Dussán Calderón, miembro de la Asociación de Afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en la que responsabiliza al Procurador Ambiental de dar un concepto para que se modificara la licencia ambiental de El Quimbo a finales del año pasado. La Asociación interpuso un recurso de nulidad a un proceso de conciliación extrajudicial que, según denunció el senador Jorge Robledo, hizo posible que se disminuyeran las compensaciones ambientales y sociales en más de 100 millones de dólares. Esa conciliación respondió a la exigencia de la empresa Emgesa-Endesa de que «si no se modifican las excesivas cargas ambientales que le fueron impuestas estaría ante la imperiosa necesidad de desistir del proyecto». Esta conciliación también resultó disminuyendo las hectáreas correspondientes a la compensación por aprovechamiento forestal, la franja perimetral de protección ambiental y la compensación a las personas llamadas “ocupantes” que viven al margen de las carreteras y del río Magdalena. También se modificó el compromiso que ya existía en la licencia ambiental inicial de otorgar vivienda a todos los propietarios, poseedores y ocupantes.
Esta conciliación extrajudicial fue suspendida por el Tribunal de Cundinamarca que entre sus conclusiones destaca que cuando se hace una conciliación de este tipo es para defender los intereses patrimoniales de la República, de la regiones y de las comunidades y no los intereses de las multinacionales. Tras esta sentencia, Miller Dussán afirma que el Procurador Ambiental y Agrario envió una carta al Ministerio de Ambiente diciendo que se podía modificar la licencia ambiental a través de la resolución administrativa 2820 del 5 de agosto de 2010 —dos días antes de acabar Uribe Vélez su último mandato— que modificó la Ley Ambiental y establece que las licencias ambientales se pueden ajustar para adecuarse a la realidad ambiental del país. Dussán y Robledo afirman que la resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 que modifica la licencia ambiental de El Quimbo es ilegal.
Coordinación de resistencias
Este evento tiene uno de sus antecedentes en el IV Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua en Santa Cruz de Lorica (Córdoba) de julio de 2008. En ese entonces, la oposición al proyecto de Urrá motivó la asistencia de personas de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Italia y Estados Unidos que intercambiaron experiencias de resistencia contra las represas y propusieron estrategias para la defensa de los territorios, el agua, la cultura y la vida frente a las problemáticas y amenazas continentales. Esta vez y en un plano nacional se reunieron la mayoría de procesos organizados de resistencias a megaproyectos minero-energéticos ya que, según Isabel Cristina Zuleta, miembro de la Mesa de Debate Ciudadano de Hidroituango, «aumenta la presión en cada uno de los procesos, se generaliza la política minero-energética en el país, llegan multinacionales cada vez más grandes, las hidroeléctricas se siguen regando y con las locomotoras del Gobierno de Santos la gente ve venir que el proceso se va a agudizar». Al evento no sólo se hicieron presentes las amenazas al territorio sino también los procesos ya avanzados o las comunidades que viven alrededor de represas que se terminaron y siguen viviendo las consecuencias como por ejemplo el Embalse de La Salvajina (Cauca). La articulación de acciones sociales, políticas y jurídicas es el horizonte de coordinación de las personas y organizaciones reunidas.
Así, los diferentes procesos de resistencia expresaron en el Foro sobre el impacto de los megaproyectos mineros e hidroeléctricos sus exigencias, denunciaron las violaciones a las licencias ambientales y de cómo éstas se han acomodado a las exigencias de las multinacionales. El Foro ahondó sobre todo en las afectaciones ambientales y al respecto se anunciaron demandas de tipo legal y penal ante los diferentes órganos de control. Según Cristina Zuleta el nuevo Gobierno, su Plan de Desarrollo Nacional y su locomotora minero-energética eliminan las dificultades a estos megaproyectos y le dan vía libre ya que «es muy sencillo poner como interés público acabar con las zonas de agua». Igualmente, insistió en que los megaproyectos no son hechos aislados y habría que clarificar cuál es la conexión entre el hecho de que «las zonas más ricas del país son las que más conflicto armado tienen» y que «los proyectos se ubican en zonas del país muy violentas como por ejemplo Hidrosogamoso y su relación con la historia de violencia en Barrancabermeja».
El futuro y la resistencia civil
A Miller Dussán le pareció muy positivo el encuentro en Bogotá porque es la primera vez que logran participar la mayoría de las resistencias contra megaproyectos minero-energéticos y de agronegocios. Así, afirmó: «Ese proceso de articulación es supremamente significativo porque posibilita socializar las diferentes exigencias de tal manera que fortalecen el empoderamiento de las comunidades y la lucha por la defensa de los territorios, la diversidad natural y genérica. Lo otro altamente positivo es como las resistencias lograron demostrar que sus argumentos son muy serios y sólidos y que no sólo tienen fuentes académicas o científicas sino la experiencia de las propias comunidades».
De momento ya tienen previsto hacer un panel itinerante por las diferentes regiones afectadas como el que tuvo lugar la semana pasada en Bogotá con el objetivo de unir los procesos de resistencia ciudadana a los estudios académicos y que se den cita las perspectivas académica, estatal y ciudadana. Para Miller Dussán, «lo más importante es lo que sigue». Del encuentro de hoy hay una declaración de compromiso para la articulación de todas las resistencias nacionales y éstas van a salir a la calle a apoyar las movilizaciones del Primero de Mayo con la motivación por la defensa del territorio. Dussán dice que «vamos a exigir que se retiren las multinacionales y el capital privado que está afectando el medio ambiente y sobre todo despojando a nuestras propias comunidades».
El profesor de la Universidad Surcolombiana anunció que de no ser así, la población va a iniciar procesos de resistencia civil ya que «los territorios son nuestros y el Estado los ha puesto al servicio de los intereses de las multinacionales y no al servicio de los intereses de nuestra propia Nación». Precisamente, esas palabras pronunciadas al término de la marcha por las calles de Bogotá hasta el Ministerio de Ambiente tienen lugar cuando en Briceño (Antioquia) alrededor de 300 personas de las veredas Orejón, Buenavista, La Calera y Chiri mantienen parada indefinidamente la maquinaria del proyecto Hidroituango en la finca La Caparrosa desde el martes 15 de marzo. El motivo de esta acción es la protesta por los múltiples atropellos denunciados y la inminencia de la afectación al agua de consumo de la comunidad que se dedica a la minería artesanal de oro. La población ha hecho diferentes llamados a Hidroituango desde principios de año para que la empresa les indemnice y les resuelva su problemática lo más pronto posible ante el riesgo que corren por los movimientos de tierras en la zona de construcción de la vía ya que los mineros y mineras trabajan debajo de estas obras. La comunidad afirma que mantendrá el paro hasta que no obtengan respuestas a sus peticiones. Ni ayer martes ni hoy ningún miembro de Hidroituango ni de la Fuerza Pública se ha acercado a la protesta.