Dichas agresiones ocurrieron en el marco de la visita de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a la zona de influencia de Hidroituango y luego del debate de control político del senador Iván Cepeda donde hace públicos los contratos de EPM con el Ejército Nacional y la Policía Nacional por 55.274 millones de pesos y de las denuncias realizadas por el Movimiento Ríos Vivos sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la vigilancia privada.
Dichas denuncias han hecho énfasis sobre la situación de Orejón y los ataques del batallón Bajes a las comunidades de la vereda Buena Vista Briceño, especialmente contra niños que son sujetos de especial protección. Esta situación fue ratificada el 11 de noviembre en las instalaciones de la Cuarta Brigada en donde se informó que ya se había procedido a identificar a los posibles responsables de los hechos ocurridos en el sector Taque del municipio de Toledo.
El mismo día los integrantes de Ríos Vivos del bajo Cauca antiqueño acompañaron a la ANLA en el recorrido por el río Cauca donde se evidenció el vertimiento de grandes cantidades de desechos al río, la devastación de las montañas y los intentos de EPM por ocultar las evidencias de los daños ambientales. A las siete de la noche del 11 de noviembre, se presentó un fuerte enfrentamiento entre las FARC-EP y el Ejército Nacional dejando en medio del fuego cruzado a las comunidades de la vereda Buena Vista del municipio de Briceño. Al día siguiente, 12 de noviembre, el Ejército Nacional impidió la movilidad de la comunidad por los caminos de herradura, sin embargo, era prioritario para las familias poder trasladarse hasta el Valle de Toledo para denunciar ante la ANLA los impactos de Hidroituango.
La ANLA les esperaba en la reja que EPM interpuso en la vía que comunica los municipios de Toledo y Briceño -la cual ha impedido por varios años la libre movilidad de los habitantes del sector-, por lo que el señor Sergio Alexander Chavarría tomó la decisión de desplazarse hasta dicho lugar transitando por cafetales y potreros pues esta oportunidad era única para llevar la voz de su comunidad ante la autoridad ambiental.El jueves 12 de noviembre, mientras se realizaba el recorrido de verificación de impactos y recolección de quejas concertado con la ANLA por los sitios de obra hasta el corregimiento del Aro, Ituango, el jefe de vigilancia privada de la empresa SERACIS llamado Álvaro y cuyo apodo es “El Zorro”, intentó impedir el paso al señor Fabio Muñoz de la vereda Orejón, Briceño. En el ingreso a uno de los túneles retrocedió intencionalmente con la camioneta de placas IUA 801 de Itagüí atentando contra la vida del Sr. Muñoz, este episodio le generó lesiones en ambas piernas.
El recorrido de la ANLA culminó el 13 de noviembre en diálogo con familias barequeras presentes en las playas Guayacán, Sardinas y otras aguas arriba del Puente Pescadero, que derivan su sustento del río y que se encuentran amenazadas por nuevos desalojos forzosos a causa de Hidroituango.
Cuatro días más tarde, el 17 de noviembre, alrededor de las 8:30 a.m. se tuvo noticias que el Ejército Nacional batallón de artillería número 4 Bajes, estaba efectuando varias capturas de pobladores de la vereda Buena Vista, Briceño, por lo que los defensores de derechos humanos y ambientales, integrantes del Movimiento Ríos Vivos, Gregorio Chavarría y Sergio Alexander Chavarría decidieron desplazarse hasta el lugar para garantizar el respeto a los derechos de los capturados. De este modo, cerca de 30 personas de la comunidad decidieron acompañar a los integrantes del Movimiento y decidieron caminar hasta Taque donde el Ejercito tenia a los capturados; de manera irregular y violando el Derecho Internacional Humanitario, en el momento en el que se acercaba la comunidad el Ejercito empezó a disparar indiscriminadamente, generando caos y preocupación en la comunidad. Cuando cesó el ataque la comunidad decidió terminar de acercarse y preguntar por los capturados, en ese momento un cabo del batallón insultó, empujó y maltrató con su fusil al Sr. Sergio Alexander Chavarría, luego lo amenazó con ser el próximo capturado y dijo a la comunidad presente que él ya había matado a 25 y podía continuar. La comunidad quedó sitiada por el Ejército en este lugar y durante las agresiones.
Esta situación constata, la actuación violatoria de Derechos Humanos del Batallón Bajes en el desarrollo del millonario contrato de seguridad con la empresa constructora de Hidroituango EPM denunciado por el senador Iván Cepeda en el debate de control político de la comisión segunda del Senado el día 3 de noviembre de 2015.
Preocupa a los integrantes del Movimiento Social que en menos de una semana se hayan presentado dos ataques contra sus integrantes al tiempo que la Unidad Nacional de Protección desmonta las medidas de seguridad de sus líderes.
Por los anteriores hechos exigimos:
- Se investigue y sancione a los responsables de estos hechos por parte de todas las autoridades competentes.
- Se investigue y sancione a la empresa SERACIS por parte de la Superintendencia de Vigilancia Privada.
- Se eviten nuevas vulneraciones a las comunidades por parte del Batallón Bajes.
- Se brinde especial atención y protección de los derechos de las comunidades afectadas por Hidroituango, por parte de la Defensoría del Pueblo.
- Que la fiscalía general de la nación inicié el proceso investigativo respectivo por intento de homicidio contra el vigilante de la empresa SERACIS.
- Se esclarezca la situación jurídica y se aclare las razones de las amenazas de judicialización en contra del Sr. Sergio Alexander Chavarría.