El proceso de exigencia de respeto de derechos de las comunidades afectadas por Hidroituango inicio en el año 2008 cuando la preocupación por este megaproyecto se hizo evidente en el territorio. Inició con conversaciones en diferentes municipios, hoy somos una articulación de organizaciones sociales del occidente, norte y bajo Cauca que ante la tragedia, la destrucción del medio que nos rodea y de nuestra forma de vida nos unimos para fortalecer la esperanza ante los riesgos, angustias, temores y para enfrentar un futuro incierto y desolador.
El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre Hidroituango reconoce en parte lo que desde hace años estamos denunciando:
Nunca debieron haber otorgado la Licencia Ambiental para Hidroituango no sólo por las falencias en sus estudios sino por la inviabilidad social y ambiental, por la vulnerabilidad de las comunidades que somos víctimas del conflicto armado. Hoy afirmamos que ha sido peor lo que nos está haciendo el megaproyecto que lo que nos hizo la guerra.
A miles de víctimas de Hidroituango no se nos han restituido nuestros medios de vida y subsistencia; además, quedamos excluidas del censo.La Autoridad Ambiental no ha ejercido control y seguimiento adecuado de la situación que vivimos con este megaproyecto por ello también es responsable de la crisis generada. Le hemos rogado atienda nuestras quejas y nada ha hecho al respecto.
No nos consultaron la realización de esta megaobra, nos impidieron participar, nos han humillado, maltratado y discriminado por nuestra postura de oposición. Como si fuera poco la autoridad que debió corregir los cientos de errores cometidos por Hidroituango, que han generado la violación de nuestros derechos, no lo hizo y fue complice de la vulneración. La ANLA usa como excusa la emergencia provocada para negarnos el derecho a una Audiencia Pública Ambiental de Seguimiento al proyecto.
Desde el año 2017 denunciamos que EPM planeaba un llenado rápido y anticipado del embalse sin importar las consecuencias, la ANLA lo sabia porque existía una solicitud de modificación en este sentido. EPM desistió de la posibilidad por nuestra solicitud de Audiencia Pública motivada por la preocupación que nos generaba un llenado así, la empresa consideró que la participación obstaculizaba el proyecto y lo comunicó a la ANLA.
Desde el año 2010 hemos sufrido desplazamientos reiterativos por Hidroituango notificados ante todas las entidades sin que ninguna haya hecho nada hasta el momento, más de 800 familias desalojadas por la fuerza con múltiples vulneraciones a los derechos aún esperamos respuestas institucionales.
Desde el año 2011 exigimos que no se inundaran o destruyeran los sitios de enterramiento de desaparecidos en la zona de influencia de Hidroituango, nada valió y así lo hicieron sin que las instituciones intervinieran al respecto.
Cuando comenzó el represamiento alertamos de su ilegalidad pero de forma permisiva y más de cuatro meses después la ANLA se pronunció de manera tímida al respecto. Hasta el momento nadie ha atendido la emergencia aguas arriba, las comunidades rescatadas fueron abandonadas a su suerte en los parques de municipios como Ituango y Sabanalarga. Las administraciones municipales en su mayoría no han respondido a la emergencia y han sido omisivas al igual que la gobernación y la ANLA ante la gravedad de la situación.
El riesgo continua, no tenemos una fecha de terminación de la emergencia y nos han dejado en la incertidumbre permanente.
Nos preocupa las respuestas evasivas de la ANLA ante los hallazgos de la Contraloría que nos generan las siguientes inquietudes: ¿Si la ANLA no es la responsable de la revisión y aprobación de los diseños y estudios de detalles del proyecto entonces quién? ¿Quién va a responder por los daños físicos, emocionales, ecológicos y culturales causados? ¿Cual es el espacio de participación de nosotros como comunidades afectadas en el peritaje ordenado por la ANLA y quién lo garantiza? ¿Cuándo se realizará la Audiencia Pública Ambiental de Seguimiento y por qué la ANLA nos niega este derecho? ¿Quién es responsable de las inadecuadas caracterizaciones poblacionales de comunidades víctimas y quién controla este aspecto? ¿Cuáles son los avances en las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría?
En este proceso hemos tenido muchas dificultades como superar el dolor de entender las relaciones que encontramos entre el conflicto armado y este megaproyecto; los referentes organizativos basados en la violencia y en formas de dominación y de desigualdad que predominan en el país. Los obstáculos para la exigencia de nuestros derechos no han sido sólo externos por la presión ejercida por una empresa criminal como EPM, por los medios de comunicación masivos y la estigmatización ejercida por funcionarios públicos, por el contexto de violencia que se vive en la zona que nos llena de miedo para protestar y disentir, sino también dificultades internas como el hecho de que personas que han caminado con nosotros, hoy estén afectando el proceso por no respetar nuestra autonomía y querer incidir en la perspectiva colectiva que tenemos de la situación que nos afecta.
Por lo anterior es de suma importancia para nosotros que se sepa con claridad que Juan Pablo Soler y Diana Marcela Giraldo no hacen parte del Movimiento Ríos Vivos Antioquia por lo que no nos representan en ningún espacio, no están autorizados para solicitar recursos ni ningún tipo de ayuda en nuestro nombre; además, cualquier organización, ONG, entidad pública o privada que planee gestionar, manejar y ejecutar recursos en nuestro nombre debe solicitar dicha autorización a la reunión de coordinación regional del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
Aunque participemos de redes nacionales e internacionales esto no menoscaba la autonomía que tenemos para tomar nuestras decisiones, ningún proceso nos puede presionar a tomar o no decisiones y asumir posturas en relación a lo que enfrentamos. Agradecemos la solidaridad pero no aceptamos que sea condicionada.
Firmado en Girardota Antioquia a los 28 días del mes de agosto de 2018 por la Coordinación Regional del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
#DesmantelenHidroituango