Como Veeduría Ambiental Ríos Vivos celebramos la decisión de la Contraloría General de declarar responsables fiscales a 26 personas naturales y jurídicas por los graves daños al patrimonio público con las inversiones realizadas en Hidroituango, situación que se pudo evitar de haber atendido a los llamados que la ciudadanía organizada hemos venido realizando desde hace décadas.
Reintegrar el dinero no es suficiente y debe ser destinado al restablecimiento de derechos de las comunidades y ecosistemas afectados. Con los billones perdidos y las equivocadas decisiones alrededor de la obra, cuyos cómplices principales han sido las mismas entidades estatales, se han causado enormes daños ambientales, culturales y sociales. Miles de personas están hoy aguantando hambre en razón de esta obra, la principal fuente de riqueza en la zona el río Cauca, patrimonio de las familias, no se ha recuperado y por el contrario sufre todos los días nuevas afectaciones.
Vemos con preocupación que la Contraloría General de la Nación no avance en las investigaciones sobre los responsables del daño al patrimonio ecológico, social y cultural, al respecto han realizado algunos informes, pero ninguna investigación para encontrar a los responsables y establecer la tasación de estos graves daños.
Nos preocupa observar como en este proceso se excluyó de manera decidida y sin justificación a Empresas Públicas de Medellín (EPM). Desde la firma del contrato BOOMT la empresa, su junta directiva y los alcaldes de Medellín adquieren unas responsabilidades y obligaciones en relación al proyecto hidroeléctrico Hidroituango, su actuar incide de forma determinante en el aumento del costo de la obra y en las decisiones que llevaron a que la represa aún hoy no tenga certeza de su viabilidad y peor aún continúe causando daños.
El país debe saber que los sobre costos aumentan todos los días, que EPM y la obra no ha cumplido las decisiones judiciales y administrativas impuestas por las autoridades, incluso las relacionadas con la estabilidad del macizo rocoso. Los daños ecológico, social y cultural no han sido calculados por la Contraloría y otras entidades, por lo tanto, las pérdidas no se reducen a los 4,3 billones es mucho más y las autoridades nos deben explicaciones, mayor rigurosidad en los proceso y transparencia en los mismos.
¡Aguas para la vida no para la muerte!
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