Comunicado No 10
El pasado 10 de marzo cientos de familias agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos decidieron movilizarse pacíficamente ante la vulneración de sus derechos al trabajo, la libre movilidad, un ambiente sano, a la participación, a la vivienda, entre otros; hoy se cumplen 80 días de movilización sin que hasta ahora se llegue a soluciones que garanticen su retorno al territorio ni la restitución de sus actividades económicas habituales.
Durante este tiempo, diversos medios de comunicación, personas, y hasta las mismas instituciones se han empeñado en invisibilizar la crisis humanitaria que ha conllevado esta movilización así como la crisis social y ambiental que ha generado Hidroituango en el norte y occidente de Antioquia, y que se agudizará de continuar desconociendo las causas de los conflictos y de no mitigarlos primando el diálogo directo con las comunidades afectadas.
Rechazamos por tanto los señalamientos de personas y organizaciones al afirmar que estamos infiltrados por grupos al margen de la ley, eso no es más que una cortina de humo para no atender los problemas de fondo; Ríos Vivos propende por la defensa del interés colectivo, por alcanzar el beneficio y el respeto de los derechos individuales y colectivos de todos los afectados. Ningún interés oscuro mueve al Movimiento Ríos Vivos como se han atrevido a señalar funcionarios públicos.
Un megaproyecto de tal magnitud debe ser atendido de manera integral con la que participación de todos los actores sociales afectados, por eso hemos sido críticos de la propuesta de la Gobernación de Antioquia y de EPM, de constituir 12 mesas en los municipios directamente afectados para adelantar diálogos, la historia en Antioquia y el mundo nos ha mostrado que atender dispersamente las problemáticas deja como resultado la multiplicación de los conflictos y la agudización de las crisis, por esa razón, hemos propuesto la constitución de una mesa regional dado que los impactos de Hidroituango son regionales/departamentales, no municipales.
Durante nuestra permanencia en Medellín hemos sostenido algunas reuniones con funcionarios de EPM y la Gobernación de Antioquia donde les hemos expuesto ampliamente nuestras realidades y peticiones sin que hasta el momento hayamos podido tener solución certera a nuestras problemáticas y atención integral a nuestras exigencias, que no son otra cosa que reconocimiento de derechos. No obstante lamentamos que Sergio Fajardo después de 80 días de manifestación pacífica no haya aceptado un diálogo directo con nosotros.
Paralelamente, tras algunas charlas, talleres, lecturas e intercambios de experiencias hemos podido entender que los barequeros y campesinos del norte y occidente de Antioquia también tenemos derecho a tener derechos, hemos comprendido que nuestra situación es de lesa humanidad, y que la pérdida de nuestro trabajo, los desalojos forzosos que adelantaron los entes municipales con el acompañamiento del ESMAD, la Policía nacional y hombres del Ejército por solicitud de EPM en playas del Cauca como Plan de Icura, Tenche y Capitán, donde se derrumbaron y quemaron nuestros lugares de habitación y se botaron nuestras herramientas de trabajo al Río Cauca, la agudización del conflicto armado con cada vez más zonas sembradas de minas antipersonales lo cual restringe nuestra movilidad y es un riesgo para nuestra integridad y la de nuestras familias, son los causas y argumentos por los cuales hoy decimos que hemos sido desplazados por Hidroituango.
Hemos sido desplazados por el Estado y su política mineroenergética, por la Gobernación de Antioquia y por la Empresa Pública EPM con su proyecto Hidroituango, además del conflicto armado que padecemos en la zona y que a muchos nos ha desplazado anteriormente.
Nuestro desplazamiento hacia Medellín NO FUE VOLUNTARIO, hemos llegado caminando por los hostigamientos y amenazas que sufrimos de la Policía Nacional, el temor de ser capturados ilegal y masivamente como nos sucedió el 16 de marzo, el miedo a ser judicializados para no permitirnos protestar, ni ejercer el derecho de reunión, esos hechos fueron los que nos presionaron para llegar a Medellín.
De esta manera hoy, 28 de mayo de 2013, hemos radicado en la Personería Municipal de Medellín nuestra declaración de DESPLAZAMIENTO MASIVO POR HIDROITUANGO y estamos a la espera de las medidas que el Gobierno colombiano disponga para garantizar nuestra integridad y la restitución de nuestros derechos.
Como desplazados por Hidroituango reivindicamos la propuesta de nuestro Movimiento Ríos Vivos y de otras organizaciones nacionales reunidas en el Primer Encuentro Minero Energético que sesionó el 16 y 17 de mayo en Bogotá, donde se demanda la necesidad de transformar la política mineroenergética nacional; no es justificable que en nombre del desarrollo se tenga que truncar los planes de vidas de miles de personas en el campo y la ciudad.
Conscientes de la necesidad de garantizar condiciones de vida digna para el norte y occidente de Antioquia continuamos llamando al diálogo al Gobierno Departamental y Nacional para hallar de manera conjunta las salidas URGENTES a estas crisis, en este sentido resaltamos la labor de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO NACIONAL como mediador del conflicto quien ya presentó una primera propuesta para la constitución de una mesa de diálogo de la cual esperamos respuesta de EPM y la Gobernación.
Experiencias y elementos para la toma participativa de decisiones y de reconocimiento de derechos hay suficientes, entre ellos el documento de la Comisión Mundial de Represas publicado en el año 2000, las directrices de Naciones Unidas frente a los impactos de los proyectos de Desarrollo o los hallazgos en torno a grandes represas del Comité de Defensa de los Derechos de la Persona Humana de Brasil que de ser aplicadas pueden en el corto plazo ayudar a dirimir el conflicto.
¡Somos pobres y honrados, no queremos ser desplazados! Esa fue una de las consignas con las que llegamos a Medellín caminando el pasado 19 de marzo, no obstante, ni alcaldía de Medellín ni Gobernación de Antioquia nos escucharon.