Decenas de cosechadores de oro -barequeros- agrupados en el Movimiento Ríos Vivos, afectados por la construcción de Hidroituango que buscan debajo de las piedras un grano de oro para subsistir en las diferentes playas del Cañón Río Cauca en el departamento de Antioquia, entre ellas la playa La Arenera del municipio de Toledo serán desalojados a partir del próximo 10 de diciembre, paradojicamente el día internacional de los derechos humanos, desconociendo sus derechos culturales, económicos y sociales heredados sobre las aguas, las tierras del Río Cauca, el territorio y una forma de vida ancestral como lo es el barqueo o minería artesanal, desconociendo los protocolos internacionales para realizar este tipo de procedimientos y sin ninguna reparación por los daños. Así fue notificado el 4 de diciembre por el inspector de policía de Toledo quien en compañía de tres hombres de vigilancia privada de la empresa VISE contratista de Empresas Públicas de Medellín EPM y sin el acompañamiento de organismos de DDHH procedió a notificar la orden con el listado de integrantes del Movimiento entre ellos una niña de 10 años de edad a quien se le ordena salir en tres días hábiles de la zona. No fue suficiente con la sentencia de destrucción de su proyecto de vida, además el inspector amenazo con quitar a los niños y niñas y “enredar” a las madres en “vueltas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF” si los volvía a encontrar allí dijo, ya no sólo llegaría la Policía y el ESMAD sino el ICBF.
Ya Tania y su familia habían sido desplazados de otras zonas y en el año 2013 estuvieron refugiados en el Coliseo de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín sin respuesta alguna a su situación, como muchos otros se vieron obligados, a pesar del riesgo y por física hambre a retornar y buscar otras playas para trabajar, un año después serán nuevamente desplazados, esta es la familia que recibió la orden por parte del Estado colombiano de abandonar por segunda vez su forma de vida esta vez sin opción de trabajo en el río pues está completamente militarizado.
Diciembre es uno de los meses preferidos por delincuentes que amenazan a Defensores de Derechos Humanos y Ambientales y por las empresas para realizar desalojos forzosos de comunidades que les están estorbando para la realización de megaproyectos como Hidroituango. Empresas Públicas de Medellín EPM es una de ellas, son múltiples los antecedentes al respecto: El primer desalojo se dio en el municipio de Ituango el 16 de diciembre de 2010 mediante amparo policivo expedido por el inspector con fecha del 3 de diciembre, entregado el 15 y desalojados el 16 decenas de personas, previamente fue militarizada la zona tanto por el Ejército Nacional como por vigilancia privada al servicio de Hidroituango. En el mismo año 2010 Hidroituango compro la finca Tacuí de la vereda La Cascarela municipio de Toledo, la misma en la que esta la Playa La Arenera, en ella cultivaban más de 20 familias frijol y maíz para su sustento, aunque ninguna tenia título si más de 15 años cultivando en esas tierras, el dueño era un foráneo que nadie conoció, desde ese momento prohibieron cultivar y las familias se quedaron sin su sustento, hasta hoy EPM alega que era responsabilidad del dueño desconocido la reparación que no se ha dado. En esta misma zona fue hallada una fosa común con 10 cadáveres al año siguiente 2011 cuando iniciaron las obras.
En el año 2011 continuó el terror de diciembre que desocupa el territorio –EPM– el 26 de diciembre en el municipio de Briceño playas Icura y El Limón fueron desalojadas de manera forzosa con ESMAD decenas de familias barequeras que perdieron su sustento y derechos culturales. En este mismo lugar semanas antes del desalojo fue reprimida una protesta pacífica que buscaba cuidar la única fuente de agua que les servía para la subsistencia y que estaba siendo contaminada por Hidroituango como mecanismo de presión para obligar a los barequeros a salir del sector. Hombres del ESMAD y el Ejército los obligaron a retirarse de la quebrada. En este mismo año en el mes de junio se presentó el más brutal y numeroso de los desalojos en el mismo municipio de Briceño, cientos de familias barequeras del sector conocido como Capitán perdieron sus pertenencias y su trabajo, les fueron tiradas al río sus herramientas, fueron amenazados y sacados del sector en helicópteros, sus ranchos fueron destruidos y quemados, con explosivos fueron amedrentados.
El 21 de agosto de 2014 EPM reinicia el uso de este mecanismo policivo para deshacerse de las comunidades que le estorban, la inspección de Briceño notificó el desalojo a la familia Aguiar de la vereda Orejón y comunidades de la vereda Chirí del municipio de Briceño que protestaban por la contaminación, daños a la salud y a la economía de las familias con la apertura de un túnel para Hidroituango en su propiedad, el funcionario se negó a dar su nombre, llego con hombres fuertemente armados del Ejercito Nacional esto genero pánico entre los afectados por la represa por el peligro al que se veían expuestos al estar en medio del Ejército en una zona de alta conflictividad armada con presencia del grupos guerrilleros. Para el día siguiente y con un mes de anticipación (concertada con la Defensoría del Pueblo) se tenía programada una reunión con EPM en la que daría respuesta y soluciones a las denuncias, con la orden de desalojo llego la suspensión de la reunión. Al siguiente día 22 de agosto no fue necesario un desalojo con el ESMAD como en otras ocasiones, un fuerte enfrentamiento armado fue el procedimiento de desalojo, aproximadamente a la una de la tarde mientras el Movimiento Ríos Vivos realizaba una asamblea pública con cerca de 30 hombres, mujeres, ancianos y niños de las veredas Orejón, Chiri y Buenavista para determinar quehacer ante el inminente desalojo, inicio un fuerte intercambio de disparos y explosivos quedando por más de tres horas en medio de fuego cruzado. La protesta se levantó por la vía armada, sin ninguna solución para las comunidades.
Las comunidades de Orejón, Chirí y Buenavista están confinadas por una reja que impuso EPM en la entrada a sus veredas, hace un registro fílmico y fotográfico diario y controla la entra y salida de los habitantes de la zona. Al lado construyó con dineros de la misma obra Hidroituango un puesto de policía en límites con el municipio de Toledo, más de 60 quejas por estigmatización, tortura, robos, montajes judiciales y persecución han sido interpuestas en contra de este puesto de policía sin que se de solución alguna. Las comunidades entienden estas agresiones como la respuesta a sus reclamos a Hidroituango pues claramente el Ejército y la Policía han expresado que llegaron a cuidar la obra.
El Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos hace responsable por su acción y omisión al Estado Colombiano y a sus instituciones, especialmente a la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín EPM de la vida e integridad física, de las secuelas emocionales, de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que se deriven del desalojo notificado el día de 4 de diciembre, sin el cumplimiento de los protocolos internacionales, a las comunidades barequeras y campesinas afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango y miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que habitan y trabajan en la Playa La Arenera municipio de Toledo Antioquia.Ya estos procedimientos irregulares y que vulneran los DDHH han sido denunciados ampliamente ante las autoridades colombianas sin respuesta alguna y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos ocasiones.