El día 3 de agosto de 2021 terminaron de regresar, a las veredas de Ituango, las más de cuatro mil personas desplazadas por la violencia sin mayor respuesta institucional, en muchos de los casos sin acompañamiento en materia de derechos humanos por parte de organismos estatales. La población se encontraba desesperada, en el casco urbano, después de tantos días de estar desplazados y por las pérdidas de sus animales (cerdos, gallinas y vacas) que por desatención y falta de comida en sus fincas no pudieron sobrevivir; además por la proximidad en la cosecha de café y las perdidas en cosechas de frijol, maíz y otros cultivos de pan coger. El agobio hace mayor su deseo de regresar y así lo hicieron para retomar sus vidas a pesar del riesgo que ello implica.
La mayoría de las chivas salieron con sobrecupo, del municipio de Ituango, en condiciones indignas para la población, algunas se quedaron atascadas en la falda del río donde la vía sigue en pésimo estado. Para la población el regreso al territorio ha significado una tortura porque desconocen las garantías; han solicitado información clara sobre este proceso, pero no la han recibido. No hubo reuniones de los distintos organismos estatales (Unidad de Atención Integral a Víctimas (UARIV) y Gobernación de Antioquia) directamente con la población desplazada. La Administración municipal visitó los albergues más con un carácter logístico de la atención humanitaria de emergencia que con el propósito de informar sobre las causas del desplazamiento y las medidas que de fondo tomarían para brindar seguridad a la población. La Defensoría del Pueblo visitó los albergues para recolectar quejas e información de la población.
Algunos líderes y lideresas fueron excluidos de las distintas reuniones realizadas a puerta cerrada en el palacio municipal, discriminados por sus posiciones, incluso por negarse inicialmente a regresar a sus tierras por el temor que sentían. Cuando expresaron que querían tener garantías para el retorno fueron omitidos de las reuniones subsiguientes e incluso maltratados verbalmente por dicha postura en protección de la vida.
Altos cargos del gobierno nacional como el Ministro del Interior y el Director de la UARIV, el Gobernador de Antioquia (e), el presidente del Senado de la Republica y la senadora Paola Holguín visitaron el municipio, pero no se reunieron con las comunidades ni con todos los líderes, seleccionaron a algunos a fines a sus posturas. En el caso de la visita de los senadores y representantes a la Cámara prohibieron la entrada de personas y concejales que no fueran de los partidos Centro Democrático y Conservador, es así como la discriminación para el manejo de la situación también fue política.
El director de la UARIV emitió por medio de un video un mensaje en el que afirmó que la seguridad también seria brindada por las comunidades lo que a todas luces es un gran peligro para los ciudadanos y una exclusiva responsabilidad del Estado.
El Ministro de defensa informó que se capturó a los responsables de las disidencias del delito de desplazamiento, pero nada comunicó en relación a los evidentes avances del paramilitarismo en el municipio, los aumentos en los asesinatos cometidos por las AGC a pocos minutos del casco urbano mientras se presentaban los desplazamientos. El día miércoles 27 de julio en la vereda Buenavista fue asesinado el campesino Juan Carlos Arias López de 28 años quien horas antes había hablado con un familiar y expuesto que un grupo paramilitar no lo dejarían pasar por un lugar, que le preguntaron si era desplazado y él les dijo que iba a comprar un mercado, lo dejaron pasar, pero de regreso lo mataron. Un familiar solicitó el levantamiento del cadáver, la Policía Ituango se negó argumentado que ellos no podían ir por allá, que fuera a la funeraria a ver si allá lo recogían, la funeraria lo recogió al otro día como a las 7 a.m.
El grupo paramilitar tiene gran presencia en el territorio se les ve de camuflado en grandes grupos por las veredas y en el casco urbano del municipio de civil e incluso rondaron los albergues de la población desplazada sin que la policía y demás autoridades hiciera algo al respecto. De hecho, el mismo día que hicieron presencia los senadores en el municipio sacaron un panfleto alusivo al desplazamiento en el que afirmaban que brindarían seguridad a la población. Así mismo estos grupos detienen a los campesinos y les requisan para verificar la cantidad de alimentos que llevan y si corresponde o no con el número de integrantes de la familia, acusándolos de llevar alimentos a las disidencias.
Durante el proceso de declaración y registro de la población desplazada se cometieron por parte de los organismos correspondientes múltiples irregularidades. A pesar de que las personas de las veredas salieron de un territorio distinto (lugar), que no salieron al mismo tiempo (tiempo) y que las formas en que se presentaron los hechos tuvieron situaciones diferenciadas (modo) no se realizaron declaraciones de desplazamiento masivo para cada una de las veredas como correspondía, con sus características particulares y con su propio censo. Hubo un único censo de las más de 4.000 personas en el que no se tuvo en cuenta los factores diferenciales como las personas que se quedaron emplazadas por distintas circunstancias como discapacidades y con necesidades especiales, etc.
De esta manera la atención de la población no tuvo ningún enfoque diferencial, los indígenas no contaron con los espacios necesarios para su ritualidad, las mujeres con baños para su intimidad, para los niños y las niñas los espacios de juego eran sumamente reducidos por el hacinamiento, la comida presento muchas dificultades sobre todo en los primeros días, hasta el último día faltaron colchonetas y frazadas, hubo privilegios para algunos desplazados, al estar en hoteles, que fueron percibidos, por otros que dormían en el piso, como discriminación.
Hacemos un llamado a las autoridades, especialmente a la Gobernación de Antioquia – secretaria de minas, que tiene en su potestad la posibilidad de eliminar un factor de presión y de disputa territorial en concreto. Sabemos de los intereses mineros del gobernador Aníbal Gaviria, le pedimos que esos intereses no primen por encima de la vida, y que la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia niegue, por razones de seguridad pública, todas las solicitudes mineras que existen y pesan hoy sobre el municipio de Ituango.
De igual manera le solicitamos al Gobierno Nacional se implemente el mecanismo RUPTA para la protección colectiva de bienes inmuebles de las zonas donde se ha generado el desplazamiento masivo, para todas y cada una de las veredas que han sido desplazadas.