Teniendo en cuenta las acusaciones y descalificaciones que la periodista Ana Cristina Restrepo ha lanzado en contra de Movimiento Ríos Vivos, nos permitimos aclarar lo siguiente:
- La participación de Isabel Cristina Zuleta en el escenario de la política electoral es contingente al quehacer del Movimiento y cuando surgió hubo un amplio debate democrático por parte de la Asamblea de Ríos Vivos, nuestra máxima instancia, para acordar esta participación. Carece de fundamento, evidencia la falta de rigor y es un irrespeto hacia el Movimiento el señalar que hemos sido instrumentalizados para fines personales, así como que la inclusión de una de nuestras lideresas sociales en la lista del Pacto Histórico se debió a cálculos políticos más que al reconocimiento de la trayectoria que nuestro colectivo tiene durante tantos años de lucha. Usted, señora Ana Cristina, no sólo nos caricaturiza sino que ofende nuestra lucha y la memoria histórica, la cual pisotea porque, al parecer, parte de nuestra resistencia ha sido denunciar a un político de sus afectos, el candidato Sergio Fajardo.
Al colocarnos como meros “peones políticos” al servicio de un proyecto político electoral, usted nos resta legitimidad en los territorios donde estamos resistiendo a la violencia de actores criminales que aún nos agrede e intimidan. Su columna nos pone en riesgo porque sus descalificaciones nos desdibujan como actores legítimos en la defensa de nuestros derechos, para ser vistos como “oportunistas políticos”. Seguramente usted, desde la comodidad en la que habita, poco entenderá de las repercusiones que tiene, frente actores de todo tipo, el ser deslegitimados con base en falsas inferencias, carentes de rigor, construidas a partir de fuentes unilaterales que repudian nuestra lucha porque les resulta incómoda.
- Nuestra participación en el proceso de medidas cautelares de protección de lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada, en los municipios del área de influencia de Hidroituango, que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– se dio mucho tiempo antes de que se presentara alguna propuesta e interés de participar en la política electoral. Este proceso de medidas cautelares, que hemos impulsado con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE–, ha permitido que se avance en el esclarecimiento de los múltiples casos de desaparición forzada que se presentaron en el área de influencia del proyecto Hidroituango.
No sólo se han presentado avances en la determinación del número de víctimas de estos crímenes, sino que también se ha avanzado en las investigaciones relacionadas con el manejo irregular que se les dio a los lugares de inhumación por parte de EPM y la Universidad de Antioquia, en particular, a los traslados de cuerpos de posibles víctimas de hechos violentos, sin contar con competencia o autorización para ello.
- No solo hemos sido respetuosos de las actuaciones de la JEP, sino que, como víctimas, valoramos el trabajo realizado por esta instancia judicial en este proceso. Esto no obsta para que, en el desarrollo de su valiosa labor, esperemos que se garantice la imparcialidad que todo órgano jurisdiccional debe tener. En un Estado que se precie ser de derecho la jurisdicción debe ser material y formalmente imparcial. Y aunque nunca hicimos un cuestionamiento público a los funcionarios de la JEP si lo hicimos por escrito como corresponde al actuar serio que nos caracteriza. En sus opiniones nos acusa de ser renuentes a participar en las diligencias que esta jurisdicción ha adelantado, o de acosar a los funcionarios de dicha instancia lo cual es FALSO, pero usted, señora Ana Cristina, reproduce tal falsedad sin contrastar las fuentes, valiéndose de versiones unilaterales para desdibujar nuestras actuaciones. Con sus acusaciones expone a la JEP que ha sufrido una gran arremetida, nosotros no nos callamos pero tampoco le somos serviles a quienes atacan a la jurisdicción, buscamos que los errores se corrijan, se mantenga la independencia y que las obligaciones con las victimas se cumplan, todo ello sin afectar a una jurisdicción que tanto necesita el país y a la que le agradecemos los grandes avances en nuestro caso.
Lo cierto es, y podemos probarlo, que nos dejaron por fuera de las diligencias a las que usted alude en su columna, por argucias de EPM. Y sí nos indispuso que funcionarios de la JEP se alojaran en las instalaciones de EPM, por obvias razones. No hay que ser muy perspicaz para percatarse de que esta empresa es una de las partes en el proceso de medidas cautelares y nuestro propósito no es solo mantener vigente el principio de imparcialidad, sino cuidar la legitimidad de la JEP, que su labor no vaya a ser cuestionada por inferencias de cercanías con alguno de los sujetos procesales. Así las cosas, lo que usted reproduce en su columna es una vil calumnia en contra nuestra y una exposición y ataque a la JEP.
- Por último, resulta insólito, por decir lo menos, que usted termine haciendo una serie de aseveraciones en contra nuestra con base en un video que no demuestra nada distinto a nuestra labor de denuncia contra todos aquellos actores políticos que abusaron de su poder en contra nuestra ¿Se ha pronunciado usted, alguna vez, sobre los viles procedimientos administrativos de desalojo que el señor Fajardo ordenó en contra nuestra? ¿Ha cuestionado alguna vez las actuaciones arbitrarias de EPM y otras autoridades en la zona, quienes nos han despojado de nuestros materiales de trabajo y nos limitan en nuestro derecho a la movilidad?
El Movimiento Ríos Vivos nunca ha cuestionado sus preferencias políticas, ni le cerró las puertas, a pesar de que siempre tuvimos claras las mismas, porque respetamos su ejercicio profesional y lo valoramos como necesario y enriquecedor para la democracia. Asimismo, esperamos que usted respete las nuestras, pues atacarnos haciéndonos culpables de la debacle de un candidato sin reconocer los protuberantes errores que este ha cometido, resulta bastante pueril en la política.