El Movimientos Ríos Vivos Colombia reitera su llamado a los órganos de administración y a los diferentes estamentos que hacen parte de la Universidad de Antioquia, en especial a la Rectoría y la Asociación de Profesores -Asoprudea-, que realice una profunda reflexión en torno a la participación que tuvo la institución en los procedimientos irregulares llevados a cabo en la zona de influencia del proyecto energéticode Hidroituango. Dichos procedimientos están vinculados a la identificación, exhumación y traslado de cuerpos, en el marco de un convenio con Empresas Públicas de Medellín EPM y la empresa Integral S.A. Como es de público conocimiento, estas actuaciones son objeto de un proceso de medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– por las irregularidades que esta entidad ha establecido mediante las investigaciones hasta el momento adelantadas.
Luego de la audiencia pública llevada a cabo por la JEP el pasado 1 de junio de 2021, y tomando en cuenta el informe presentado por la Unidad de Investigación y Análisis de la JEP, ratificamos que los procedimientos adelantados por la Universidad violaron nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Cabe señalar que la ejecución de los procedimientos han consolidado una situación de impunidad, debido a la improbabilidad de esclarecer casos de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Asimismo, dichas acciones fueron llevadas a cabo pasando por encima de normas legales, criterios técnicos y éticos, al haber alterado las evidencias que podrían conducir a una investigación que arrojará luces sobre la ocurrencia de estos crímenes y la posibilidad de encontrar a los desaparecidos
Es incomprensible, irrespetuoso e indignante el manejo que le han dado a los cuerpos que se trasladaron al laboratorio de osteología: condiciones locativas inadecuadas (humedad entre otros), mal estado de los contenedores, ausencia de varios soportes documentales y fotográficos indispensables, toma de muestras de forma inapropiada, lavado de prendas, entre otras situaciones, que dejan entrever graves negligencias en el cuidado de los cuerpos trasladados hacia la Universidad de Antioquia.
Siguen siendo inexplicables las razones por las cuales se trasladaron cuerpos de personas que presentaban alteraciones perimortem. No es aceptable que quienes representan a la Universidad en este trámite ante la JEP sigan escudándose en el objeto contractual del acuerdo con Integral y EPM, para justificar la afectación de los derechos fundamentales de las víctimas.
Durante muchos años hemos presenciado como se ha configurado una estrategia tendiente a desaparecer nuestros desaparecidos, soportada en acciones negligentes por parte de diferentes entidades públicas que no se han comportado como garantes de nuestros derechos. A la ausencia de acciones rigurosas de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, se suma esta actuación de la Universidad de Antioquia que dilapida los esfuerzos colectivos por el esclarecimiento de la verdad.
Es una gran contradicción que, mientras la Universidad de Antioquia se esfuerza en mostrar o “aparentar” su compromiso con la paz, frente a una situación concreta de afectación de los derechos de las víctimas, sea reacia a asumir su responsabilidad, aportar a la verdad y generar espacios de diálogo para construir acuerdos sobre la forma en la cual se puedan resarcir los daños causados, los cuales no pueden reducirse a medidas paliativas, sino que deben contemplar todas las opciones posibles desde las funciones misionales del Alma Máter. Esperamos que el compromiso de paz trascienda el mero discurso y se materialice en acciones concretas de reconocimiento de responsabilidad por las acciones que han afectado los derechos de las víctimas. No puede ser que, en lugar de esto, se ejerzan vergonzosas defensas legales que pretenden ocultar lo inocultable, acudiendo a argucias jurídicas que rayan con la marrullería y ofenden la memoria de las víctimas.
De igual forma, llamamos la atención del estamento profesoral agremiado en Asoprudea. Lo ocurrido no se va a aclarar organizando eventos para hacer defensas de las personas involucradas en las actuaciones irregulares denunciadas. Lamentamos que el espíritu crítico que se pregona y defiende como un valor fundamental del ejercicio de la docencia se desvanezca cuando la persona involucrada es una agremiada a dicha asociación. Tampoco esperamos ni queremos lapidar a ninguna persona, ya que nuestras aspiraciones van encaminadas a la búsqueda de justicia y dignidad, al esclarecimiento de la verdad y la defensa de la memoria histórica.
Como víctimas del conflicto armado, de la violencia socio-política y del megaproyecto Hidroituango, insistimos en la invitación hecha tiempo atrás, donde convocamos a los órganos de administración y demás estamentos que conforman la Universidad, para que se generen escenarios de verdad y perdón sobre las actuaciones descritas. Creemos que este caso no puede terminar derivando en simples responsabilidades individuales sobre las personas que intervinieron directamente en la ejecución del convenio, sino que deben asumirse una responsabilidad colectiva. De esa manera se podrá garantizar un real resarcimiento de los daños ocasionados, desde la reivindicación de la dignidad de las víctimas.