En desarrollo del Séptimo Conversatorio Ambiental realizado por el Círculo de Pensamiento Ambiental en la Sociedad de Mejoras Públicas la semana pasada, se sustentaron desde la perspectiva jurídica los graves impactos ambientales que esta causando la Hidroeléctrica de Hidroituango al río Cauca y sus habitantes ribereños.
Se puso de presente, que conforme lo justipreciado por las Honorables Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, en sendas sentencias de los años 2017 y 2018, el río Cauca es también un sujeto de derechos como Unidad Biocultural, conformado no solo por la rica oferta ambiental biodiversa, así como por las comunidades ribereñas en las que concurren alrededor de 30 mil familias de pescadores.
Son muchos los estragos que ya ha causado la construcción de Hidroituango, proyectada como la más grande hidroeléctrica de Colombia, en aspectos como destrucción de recursos hidrobiológicos, deforestación de grandes extensiones de bosques seco tropical y húmedos, así como alteraciones al microclima ante la aparición del inmenso espejo de agua conformado por el gran embalse construido dentro del Gran Cañón del río Cauca. Afectando derechos colectivos goce de un ambiente sano; moralidad administrativa; existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; conservación de las especies animales y vegetales; seguridad y salubridad públicas; y, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; además de los punibles contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Por ello, se radicó este miércoles, una Acción de Tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá contra la Autoridad Nacional de Ambiental, por las omisiones en el agotamiento del Proceso Sancionatorio Ambiental sin haber impuesto medida de suspensión provisional de dichas obras y especialmente del llenado del amblase. Esta acción de tutela fue suscrita por Armando Palau (fundación Biodiversidad), David Gomez (Fundación Nueva Luz), Alberto Ramos (Centro de Pensamiento y Postconflicto), Agustín H. Valencia (Instituto Colombiano para la Igualdad de Oportunidades) y Dícter Zúñiga, quienes la instauraron como mecanismo transitorio mientras se interpone Acción Popular contra el mismo ANLA.