Señora Ministra Mary Ng, Miembro del Parlamento
Ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio International
Asuntos Globales Canadá/Global Affairs Canada
Cámara de Comunes Ottawa, ON K1A 1A0
Estimada Señora Ministra Ng,
Nos dirigimos a usted en esta carta abierta en su calidad de ministra responsable por la agencia Export Development Canada (EDC) con respecto a una carta escrita por la presidenta y directora ejecutiva de la EDC, la señora Mairead Lavery. La carta llegó en respuesta a los 8.700 correos que ella recibiera de personas que apoyan a Amnistía Canadá y otros. Los correos denuncian el préstamo de la EDC a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de la empresa Hidroituango sobre el río Cauca en Colombia.
En los correos se pregunta por qué la EDC aprobó el préstamo a pesar de la oposición de larga data de parte de las comunidades locales, las advertencias creíbles sobre la corrupción y los daños ambientales y sociales, y las amplias pruebas de que el proyecto empeoraría la situación tanto de violación de derechos como de conflicto armado en la región. La respuesta de la Sra. Lavery no logra responder esta interrogante. Solamente declara que la EDC “quedó satisfecha con los resultados” de su examen de diligencia debida.
Hicimos llegar la carta de la Sra. Lavery al Movimiento Ríos Vivos, una asociación de comunidades afectadas por la represa. Su portavoz, la señora Isabel Zuleta, se reunió con la EDC en 2019 para expresar sus preocupaciones sobre las obligaciones y responsabilidades no cumplidas de Canadá con respecto al financiamiento del proyecto Hidroituango. Ríos Vivos nos explicó que quedó profundamente preocupado por el hecho que la EDC no acató los informes de los peritos independientes ni dio importancia a la problemática comunicada por las comunidades de la región. Ríos Vivos se queda con la pregunta: “Para que un estudio de riesgos potenciales sino identifica la vulnerabilidad de las comunidades y del territorio?”
Nos sumamos a la preocupación de Ríos Vivos. Y nos preocupa aun más el hecho que no se trata de un caso aislado. Hace unos veinte años, la EDC financió la construcción de otro proyecto de empresa en Colombia. La empresa Urrá I, sobre el río Sinú, causó daños devastadores y de larga duración, entre ellos la violación de los derechos de pueblos indígenas. El pueblo Embera Katío, cuyas tierras fueron inundadas por la empresa, no fueron consultados, ni tampoco dieron su consentimiento libre, previo e informado al proyecto. No obstante fueron obligados a sufrir los impactos en sus derechos a la vida y a la salud, y en la violencia que acompañó la llegada de represa.
Cuando los parlamentarios canadienses escucharon en 1999 el testimonio de viva voz del líder Embera Katío, Kimy Pernía Domicó, la EDC prometió cambios[1] que aseguraran que los proyectos tan prejudiciales no fueran a recibir el apoyo de la agencia en el futuro. Kimy fue desaparecido en el año 2001 y se presume que fue asesinado.
Una vez más, en 2016, la EDC volvió a financiar un proyecto devastador de otra represa hidroeléctrica en Colombia.
Durante décadas, la respuesta de la EDC a los intentos de controlar sus acciones ha sido la promesa de reformas. La Sra. Lavery nos ofrece de nuevo esta promesa. Pretende que la EDC ha emprendido “un cambio importante” con respecto a su examen de diligencia, lo que incluye una nueva política de derechos humanos y “una participación comunitaria mucho mayor”. Sin embargo, la EDC no ha comunicado los detalles de la implementación sus reformas, ni el peso que la EDC acordará a las consideraciones de derechos humanos en la toma de decisión. Es más, la carta de la Sra. Lavery no hace referencia alguna a la solicitud de Amnistía de que la EDC adopte una práctica normativa de emprender una evaluación independiente de los impactos sobre los derechos humanos, haciendo referencia a las normas de la ONU, y que se comprometa a las normas internacionales en cuanto a la consulta significativa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. Su silencio con respecto a este punto nos preocupa profundamente.
La carta de la EDC tampoco abarca la llamada a la remediación. La empresa Hidroituango ha tenido un impacto negativo en decenas de miles de personas que dependen de río Cauca para ganarse la vida. Fueron desterrados a la fuerza cientos de familias para abrirle camino al proyecto. Miles de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en 2018, cuando hubo un colapso de un túnel de la empresa. Además, en los últimos años han sido asesinados al menos seis integrantes de Ríos Vivos, sin contar las docenas de amenazas y atentados. A pesar del reconocimiento de parte de la EDC de la importancia de una diligencia debida permanente luego de la firma de una transacción, la agencia no ha asumido su responsabilidad para remediar los impactos adversos causados por su financiación.
Reiteramos nuestra llamada a la EDC a que promueva públicamente los derechos y la seguridad de las personas afectadas negativamente por el proyecto Hidroituango, en comunicación directa con ellas y de acuerdo a sus deseos. La EDC debería explotar su posición con EPM y los gobiernos colombianos para reforzar las reivindicaciones de las y los dirigentes de la comunidad, que ponen en riesgo sus vidas cuando hablan públicamente sobre los impactos permanentes y las violaciones de derechos humanos.
La EDC es una agencia del gobierno de Canadá, y opera en su nombre. Le incumbe al gobierno asegurar de que la EDC realice las debidas reparaciones a las personas que han sido perjudicadas por la Hidroituango. El gobierno también debería reformar, con urgencia, la legislación que rige la operación de la EDC para evitar que la agencia apoye en el futuro proyectos tan dañinos y para implementar mecanismos reales de control, tales como hemos explicado en nuestro informe de 2018 sobre la Ley de Promoción de la Exportación (Export Development Act).
Concordamos plenamente con la Sra. Ms. Lavery cuando declara que es esencial el trabajo de los defensores de derechos humanos y de activistas de las comunidades. Para evitar la clase de daños asociados con proyectos como la Urrá I y Hidroituango, los insumos de estos actores deben informar la toma de decisión en la EDC.
Nos unimos a Ríos Vivos en espera de su respuesta.
Atentamente,
(firmado) (firmado)
Alex Neve, Secretario General Karen Hamilton, Oficial de Programas,
Amnistía Internacional Canadá Above Ground
cc:
Mairead Lavery, Presidenta y CEO de Export Development Canada
Martine Irman, Presidenta del Consejo de Directores de Export Development Canada
Marcel Lebleu, Embajador de Canadá in Colombia
Miembros del Comité Parlamentario sobre Comercio Internacional (CIIT):
Simon-Pierre Savard-Tremblay, Miembro del Parlamento representando Saint-Hyacinthe-Bagot, Partido Bloc Québécois
Randy Hoback, Miembro del Parlamento representando Prince Albert, Partido Conservador
Elizabeth May, Miembro del Parlamento representando Saanich-Gulf Islands, Partido Verde
Judy Sgro, Miembro del Parlamento representando Humber River-Black Creek, Partido Liberal
Daniel Blaikie, Miembro del Parlamento representando Elmwood-Transcona, Partido Nuevo Demócrata (NDP)
[1] Comunicación personal entre Kathy Price (Inter-Church Committee on Human Rights in Latin America – ICCHRLA) y personal de la EDC, 1999.