Sr. Mauricio Claver-Carone
Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1330 New York Ave, NW
Washington, D.C. 20005
Estimado Sr. Claver-Carone,
Las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (CO-11794-04) en Colombia nos dirigimos a usted y al directorio del Banco con gran preocupación por el posible retiro del BID del proyecto.
Como es de su conocimiento el Movimiento Ríos Vivos es una organización de segundo nivel que articula asociaciones de los municipios afectados por Hidroituango en el norte, occidente y bajo cauca del departamento de Antioquia. Somos pescadores, barequeros (mineros ancestrales y artesanales), agricultores y mujeres, víctimas de la violencia socio-política, del conflicto armado y re-victimizados por Hidroituango.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido un papel importante en la existencia del Proyecto Hidroituango en Colombia, otorgando financiamiento a la obra en varias ocasiones a través de su brazo público y privado, inclusive, manejando fondos de inversión. La inversión del Grupo BID en un proyecto de esta envergadura es la que cimentó en gran medida la viabilidad financiera inicial del mismo, atrayendo a otros bancos e inversionistas. Por lo tanto, el papel del BID y la responsabilidad por los daños a los ecosistemas y comunidades que surge a raíz de esta inversión en la creación y existencia del proyecto es sumamente clara y determinante y no desaparece con el hecho de que se paguen los préstamos o parte de ellos.
Hace varios años acudimos al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID con la intención de entrar en un diálogo con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para poder resolver la grave situación humanitaria y victimización a la que estamos sometidas las comunidades frente al megaproyecto. Ante la negativa de EPM para entablar un diálogo (mediado por el mecanismo del BID) entramos a la Fase de Verificación de la Observancia. Actualmente la etapa de investigación aún está inconclusa, a pesar de que la fecha de emisión del Informe Preliminar de Verificación de Cumplimiento era inicialmente noviembre de 2020. Somos 477 personas que presentamos esta queja y residimos en nueve municipios afectados por la obra: Briceño, Ituango, Toledo, Peque, Sabanalarga, Valdivia, Caucasia, San Andrés de Cuerquia y Sopetrán; las graves afectaciones a nuestras vidas no han cesado hasta el momento, no hemos recibido reparación o compensación alguna, la discriminación a las mujeres continua, así como los daños ambientales y sociales. La incertidumbre impide que tengamos un proyecto de vida en el territorio pues los riesgos para la vida continúan, las afectaciones empezaron incluso antes del inicio de la construcción, todos los organismos, incluida la empresa EPM, eran conocedores de que el territorio afectado sufre la permanente presencia y confrontación de actores armados legales e ilegales que han dejado como saldo reconocido por las autoridades más de 100 masacres y más de 2.000 desaparecidos.
La fase de investigación debe culminar y el proceso ante el MICI debe continuar, independientemente de los cambios en la inversión. La queja debe seguir su curso, dando lugar a la esperada visita a las comunidades que presentamos la queja y al territorio que habitamos, visita de verificación que llevamos años esperando y en la cual el MICI podrá recibir información de las personas y comunidades directamente afectadas por el proyecto y ser también partícipe del delicado contexto que tenemos que padecer.
El trámite de la queja deberá seguir para conocer finalmente si el banco aprobó dicho proyecto incumpliendo sus propias políticas operativas y por ser parte del compromiso reiterado del BID y BID Invest en pro de los derechos humanos. Hace parte de las obligaciones y responsabilidades del mismo que conduzcan a la no repetición de estas actuaciones.
La que sería la represa más grande de Colombia, ha generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes. Las fallas en su construcción han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra, avalanchas y la evacuación y desplazamiento de más de 30 mil personas. Los avances del proyecto también han generado violaciones sistemáticas a los derechos humanos debido al uso desproporcionado de la fuerza y a una creciente violencia en contra de las y los afectados.
El financiamiento del BID y del BID Invest fueron esenciales para la construcción del proyecto Hidroituango y por eso existe una responsabilidad del Banco en relación con el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus políticas. Por eso, además de dejar de financiar este proyecto, el BID debe adoptar medidas para mitigar y compensar los enormes daños causados, debido al estado de avance de Hidroituango.
Por todo lo anterior, las comunidades solicitamos al BID:
- Que aclare a la opinión pública los términos del acuerdo de pago que celebró con las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por US$450 millones; las razones que motivaron esta decisión y si esa cancelación de crédito se entiende como una salida definitiva del proyecto por parte del BID.
- Que informe, a la mayor brevedad, si esta decisión puede generar algún impacto en el trámite de la queja que las comunidades afectadas, articuladas en el Movimiento Ríos Vivos, adelantamos ante el MICI, con el respaldo de organizaciones internacionales Center for International Environmental Law (CIEL), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP).
- Que construya conjuntamente con las comunidades un Plan de Retiro Responsable que incluya acciones de remediación que permitan la restauración de las condiciones y medios de vida de las comunidades afectadas y de los ecosistemas, con el fin de que asuma la responsabilidad por los daños generados por su inversión en el marco del proyecto hidroeléctrico Ituango.
Cordialmente,
Movimiento Ríos Vivos Colombia
Con copia Andrea Repetto.
Con copia a miembros del Directorio.