Ríos Vivos se reúne el próximo viernes con el Banco BBVA, solicita retiren la inversión de Hidroituango y reparen los daños causados
Las víctimas de Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos de Colombia hemos estado visitando uno a uno los bancos que en el mundo aportan los dineros que hacen posible la destrucción de los ecosistemas, de los medios de subsistencia y de la dignidad de las comunidades del Cañón del Río Cauca y el Bajo Cauca en Colombia.
El próximo viernes 14 de febrero tendrá lugar en Madrid, a las 16 horas, una reunión con el banco BBVA cuya consecución supuso meses de esfuerzo por parte de organizaciones y parlamentarios; en la que nos representa nuestra vicepresidenta Milena Flórez, en compañía de la sociedad civil organizada de España.
La porta voz de Ríos Vivos tiene la misión, que han tenido otros voceros de la comunidad que se han reunido con los bancos KFW Ipex de Alemania, BNP Paribas en Bélgica y Francia, el Fondo de Exportaciones de Canadá (IDC por sus siglas en ingles) y la Caja de Pensiones de Quebec (Caisse de dépôt et placement du Québec) en Canadá y el Banco Interamericano de Desarrollo BID en EEUU, de transmitir los mensajes construidos colectivamente entre los afectados: todos los financiadores de Hidroituango son tan responsables de la destrucción causada como los dueños del proyecto, la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM), y su ejecutora EPM, por lo tanto es su deber reparar el daño causado a la vida de los pobladores locales y a los ecosistemas pues sin su financiación tales afectaciones no habría ocurrido. El daño causado es la evidencia misma de que la banca internacional no cumple con la debida diligencia pues esta no puede basarse, únicamente, en información del cliente sino que está obligada a realizar una real investigación, que cuente con la voz de las comunidades principalmente si están en oposición, que arroje certezas sobre la protección del ambiente, los territorios y las comunidades.
Cada día que pasa las familias padecemos mayores sufrimientos, especialmente las que hemos decidido oponernos al proyecto y organizarnos para reclamar nuestros derechos pues somos discriminadas y perseguidas en los territorios. Hasta el momento no ha habido reparación por parte de EPM o el Estado en Colombia, por ejemplo a muchas de las familias que les fueron inundadas o destruidas sus viviendas no les han otorgado una reposición, el río ya no provee las fuentes de alimentación como la pesca y de trabajo con el barequeo (minería ancestral y artesanal), con la migración de especies los agricultores también se han visto perjudicados sin que nadie atienda la situación. Además de no tener fuentes de sustento la obra ha generado aumento del costo de vida en los municipios y veredas causado por, entre muchos otros factores, la inundación y destrucción de puentes, perdida de la vocación productiva que ha llevado a la desestabilización de las economías locales.
Como si lo anterior fuera poco las víctimas del conflicto armado, que somos la mayoría de afectados, seguimos exigiendo se busquen a los miles de desaparecidos que tenemos en la zona y se rescaten los cuerpos de las fosas y cementerios que fueron inundados por la represa.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) denunció por fraude a EPM aumentando la desconfianza hacia esta empresa que nos ha mentido de manera reiterativa. No obstante, EPM es la única en Colombia que arroja datos sobre la estabilidad o no de la obra, ninguna otra entidad del Estado nos asegura que nuestra vida no corre riesgo con Hidroituango. Hasta ahora la obra sigue suspendida, nadie sabe si es viable o no, siguen prendidas las alarmas, aun no se cumplen las medidas cautelares otorgadas por un juez de la república a favor de las víctimas en el sentido de proteger nuestros derechos y determinar, de manera independiente, si el macizo rocoso es estable o no y si la obra debe continuar. Para nosotros la sola incertidumbre es motivo suficiente para que se desmantele de manera controlada la represa ya que implica un gran riesgo para miles de personas.
Pese a lo anterior EPM insiste en avanzar (incumpliendo las ordenes de autoridades en Colombia) y eso sólo es posible con los recursos de la Banca internacional, por lo que como víctimas solicitamos que se retire el financiamiento otorgado a esta nefasta obra, lo que demostraría un interés real en materia de protección de los derechos humanos y de los ecosistemas. De igual manera es preciso señalar que al ser nosotros opositores a la obra lo somos también a las inversiones de la banca internacional, por lo tanto son responsables del riesgo que corre nuestra vida e integridad física y moral por las denuncias y reclamos que hemos realizado y que han ocasionado decenas de amenazas, casos de tortura, uso del derecho penal en nuestra contra con capturas ilegales, desplazamientos, intentos de desaparición forzada de líderes y asesinatos, entre muchos otros hechos; nuestra seguridad también es responsabilidad de los financiadores de Hidroituango, su responsabilidad extraterritorial no puede quedarse en entregar prestamos que les generan dividendos sin saber el daño que ocasionan con los mismos, solicitamos conocer el detalle de la inversión si ha sido usada en seguridad, en los convenios militares con Policía y Ejército Nacional que tiene EPM o en los gastos de desalojos forzosos que en contra nuestra han realizado. La comunidad internacional debe conocer la violencia que generan los préstamos a empresas que no respetan los derechos humanos como en el caso de EPM. Haga pública la información sobre las ganancias generadas con los préstamos, pues las mismas han sido mal habidas y a costa del sufrimiento y dolor de nuestro territorio.
¡Aguas si, represas NO!
