La muerte de Nelson Giraldo y las amenazas a decenas de afectados por Hidroituango se habrían evitado si no existiera decidida en la actuación gubernamental
Más de seis meses llevan esperando los cientos de personas desplazadas por los desalojos forzados y las actuaciones irregulares de EPM, la fuerza pública y administraciones municipales, cuya responsabilidad recae en la Gobernación de Antioquia como accionista mayoritario de Hidroituango; sin embargo, a pesar del interés manifestado por los delegados de la Gobernación la solución de las problemáticas está supeditada a las decisiones empresariales y con fines de lucro que defiende EPM.
En las mesas de diálogo sostenidas entre Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Gobernación de Antioquia e integrantes del Movimiento Ríos Vivos, son múltiples las propuestas que ha hecho el Movimiento y NO ha habido soluciones por parte de las otras entidades para el sin número de afectaciones que ha generado el megaproyecto más grande de Colombia, sentimos que en gran medida esto se debe a que EPM determina las decisiones y la Gobernación las acepta sin cuestionamiento alguno, a pesar de tener más del 52% de las acciones del Megaproyecto.
La Gobernación de Antioquia doblegada ante Empresas Públicas de Medellín (EPM)
En el mes de agosto de 2012 se presentan las primeras movilizaciones que reúnen a afectados por Hidroituango de los distintos municipios del norte y occidente de Antioquia, en ese momento el Secretario de Gobierno del Departamento llega al acuerdo con Ríos Vivos de instalar una Mesa de Diálogo, a la primera reunión EPM no asistió y dejó plantadas no sólo a las comunidades sino a la Gobernación. Este comportamiento se repitió en el mes de diciembre cuando ante la ausencia de nuevos encuentros y avances en el proceso el Movimiento se reunió con el Secretario de Gobierno Santiago Londoño para preguntar si estas entidades se habían levantado de la Mesa de Diálogos sin informar al Movimiento, el secretario Santiago Londoño ASEGURÓ que NO, sin embargo se suspendieron los diálogos sin hasta ahora conocer las razones. Por este motivo, el Movimiento inicia nuevas protestas en el mes de febrero de 2013 con una única petición retomar los diálogos para avanzar en las soluciones.
Las reclamaciones han tenido como uno de sus principales sustentos los desalojos forzosos y la ausencia de medidas para la restitución de las actividades productivas de las y los afectados, desde la llegada a Medellín la tensión entre lo que propone EPM y la Gobernación ha sido evidente, los primeros no tienen ningún interés en diálogo alguno y menos en propuestas de solución y los segundos tratan de mitigar el impacto político con algunas medidas paliativas que no solucionan el problema de fondo. Es por esto, que a pesar de la mediación de la Defensoría del Pueblo, ambos se negaron a reinstalar la Mesa de Diálogo.
Las preguntas que quedan son ¿Quién controla a Empresas Públicas de Medellín (EPM) en lo relacionado con Hidroituango? ¿Puede más el orgullo empresarial de EPM que reconocer los derechos de todos y cada uno de los afectados?
El discurso de Empresas Públicas de Medellín (EPM)
Esta empresa ha sustentado sus negativas al diálogo en el temor a que se vea impactado económicamente el megaproyecto pues se aumentarían las reclamaciones y esto tendría serios costos sobre el mismo, así lo entendemos cuando se desconoce la condición de afectados bajo el eufemismo de que quienes reclaman son avivatos. Bajo esta premisa, a la cual se han sumado mandatarios municipales, ha insistido, usando un discurso de doble juego, en los supuestos “infiltrados” o “avivatos” que quieren salir “beneficiados” sin ser afectados. El uso de la expresión “infiltrados” evidentemente hacen alusión al contexto de la región utilizando el conflicto armado como excusa, y el de “avivatos” tratando de enarbolar la defensa del dinero público al que se deben los ciudadanos de bien. Este discurso logra al tiempo crear varios tipos de enemigos para las y los afectados, pero también expone de esta manera su principal interés: el lucro a pesar de las violaciones a los derechos humanos.
La pregunta que queda es: ¿Es un negocio o una necesidad la energía en Colombia?
EPM juega todo el tiempo con este doble discurso buscando posicionar ambas necesidades, para enmascarar las afectaciones que genera en los campos colombianos y ahora latinoamericanos. Es por eso su molestia con un Movimiento conformado por afectados que reivindican no sólo sus derechos con la restitución de las actividades económicas impactadas, sino un proceso serio que va más allá del tema económico e implica todo un análisis de lo que es un territorio.
El negocio de la energía no está en la generación de la misma, sino en lograr máximas ganancias a partir de desconocer los derechos de todos los afectados y del despojo de pueblos y culturas de sus territorios, costumbres y tradiciones, en el caso de Hidroituango esto se refleja en el inminente etnocidio de la cultura cañonera, con actividades productivas ancestrales, como el barequeo, en el Cañón del Río Cauca. Las externalidades ambientales, sociales y culturales no están contabilizadas claramente en Hidroituango por eso es el proyecto que aspira a tener la mejor tasa de rentabilidad de Colombia, favoreciéndose de la historia de dolor, muerte y desolación de esta región.
Las estrategias para deslegitimar o desvirtuar al Movimiento Ríos Vivos
Derechos de los niños y las niñas: La Gobernación de Antioquia y EPM buscan evadir las responsabilidades que tienen al no reconocer los derechos de las familias afectadas por Hidroituango compuestas por adultos, jóvenes, niños y niñas y desvían la atención al hacer suponer a la opinión pública que son las familias desplazadas las que atentan contra sus derechos fundamentales esta ha sido una de las estrategias más ruines que estas entidades han usado contra el Movimiento, olvidan que cuando se afecta a un padre o madre se afecta toda su familia, y que en este caso, son afectados por un proyecto de la Gobernación de Antioquia y de la empresa pública EPM. Al respecto, el juzgado cuarto civil de Medellín falló una tutela a favor de la restitución de los derechos de los niños y niñas y reafirmó la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Todo este drama y dolor de la población se pudo haber evitado si esta represa antes de imponerse se hubiera concertado con TODAS las comunidades afectadas, no es posible que en el actual grado de avance de las obras, aún existan comunidades que no tienen pleno conocimiento de las maneras en que el proyecto les afectará directa o indirectamente sus formas de vida.
El siguiente video presenta el testimonio de la hija del líder asesinado, sus opiniones antes de la muerte de su padre, sobre lo que ocurre con Hidroituango esto, sin lugar a dudas, desmiente la vil acusación de que Nelson Giraldo había llegado a la zona en el último año, Nelson era Barequero al igual que su familia pero también era agricultor, no olvidemos que los afectados son barequeros, pero también son campesinos, pescadores, arrieros, cocineras, docentes, estudiantes, comerciantes, entre otros.
Judicialización y estigmatización dos estrategias que van de la mano: A las capturas masivas e ilegales le han sucedido denuncias y la pretensión de EPM de declararse víctima de las y los afectados por Hidroituango; en paralelo y desde las primeras protestas masivas, el Gobernador de Antioquia y los Altos mandos militares usaron como principal estrategia para invisibilizar las reclamaciones sobre el megaproyecto, la estigmatización, aduciendo que éstas eran impulsadas e “infiltradas” por grupos al margen de la ley, no obstante, esta estrategia de la cual hacen eco los medios de comunicación, no ha cesado y aumenta nuestro riesgo al ejercer el derecho constitucional que tienen todos los colombianos a la protesta social en los términos que lo demanda la ley.
Al día siguiente del asesinato del líder del Movimiento Nelson Giraldo, con asombro escuchamos las declaraciones irresponsables de un desmovilizado, las cuales aumentan el riesgo y nuestras condiciones de inseguridad para la protesta social. Rechazamos con vehemencia el testimonio en mención, dado que pone en riesgo a TODOS los que se consideran afectados por el Megaproyecto y que hacen uso de su derecho constitucional a la protesta y a la oposición; el Movimiento Ríos Vivos, no es el único proceso social que articula a los afectados por Hidroituango, y por ende, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que garanticen la integridad y los derechos de todas estas organizaciones y que son puestas en riesgo bajo este testimonio malintencionado.
Estas declaraciones han generado temor e indignación, pues además de aumentar nuestro riesgo y minar las posibilidades de hallar prontas soluciones a nuestra problemáticas, no respeta el momento por el cual estamos pasando dado el dolor, el vacío y la desesperación que sentimos por la pérdida un líder y compañero; también sentimos violado nuestro derecho al duelo por parte de la administración municipal de Ituango al impedir que un grupo personas pertenecientes al Movimiento asistiera al sepelio de Nelson Giraldo aduciendo que el cuerpo estaba descompuesto y no podía esperar la llegada de los representantes hasta Ituango, esto fue desmentido por la Policía Nacional, además la administración municipal de Ituango también le mintió a la Gobernación y viene liderando junto con la administración de San Andrés de Cuerquia cada vez más afirmaciones y hechos que ponen en riesgo a las y los afectados por Hidroituango.
A la apuesta de desprestigio se han sumado muchos de los medios de comunicación locales, pero el principal ha sido TELEANTIOQUIA, medio de comunicación de la Gobernación de Antioquia, al presentar las notas de tal manera que sirvan a la intensión de desvirtuar y estigmatizar al Movimiento Ríos Vivos, sólo por poner un ejemplo después de la nota sobre el asesinato de Nelson Giraldo sugestivamente ubicaron las declaraciones de alias el Negro, y esta manera irresponsable de hacer periodismo también aumenta nuestro riesgo, por ende, lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
La muerte del líder de Ituango Nelson Giraldo
En una queja colectiva realizada ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de Medellín y en la misma declaración de desplazamiento forzado por Hidroituango, este líder víctima en varias ocasiones del delito de desplazamiento decide realizar serias denuncias contra supuestos paramilitares que están llegando a la zona, específicamente a la playa Sardinas del municipio de Ituango, la misma en donde fue asesinado. Los hechos ocurrieron en el marco de la convocatoria a la Segunda Audiencia Popular Ambiental citada por el Movimiento para el 20 de enero de 2013 en el corrimiento El Valle municipio de Toledo, la noche anterior, denunció Nelson, entraron más o menos 12 hombres fuertemente armados y dijeron “Nosotros en un tiempo nos titulábamos como Autodefensas Campesinas, resulta y sucede que el gobierno nos engañó con la desmovilización y ahora estamos conformados en un grupo que se llama los Urabeños y venimos a recuperar este territorio”. En este hecho, otros líderes y miembros del Movimiento fueron atacados, dos estuvieron amarrados por más de 12 horas, los desconocidos consultaron los datos de las más de 100 personas que estaban en la playa, además robaron sus enseres y los maltrataron, estamos a la espera de los resultados de las investigaciones pues entre otros hechos, para las comunidades es indignante que los supuestos paramilitares portaran objetos con logotipos de EPM, vistieran prendas de obreros y dijeran a las víctimas del suceso que eran pescadores de la zona.
El Movimiento Ríos Vivos desconoce quiénes han sido los autores materiales e intelectuales y los móviles de este asesinato, de las amenazas que han recibido más de 21 integrantes, pero conoce muy bien a los autores de las capturas ilegales, de las judicializaciones injustificadas, de la estigmatización creciente, de la ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos en la zona. Para todas estas violaciones a los derechos de los pueblos exige verdad, justicia y reparación.
Exigimos a las autoridades competentes tomar las acciones respectivas para garantizar la integridad de todas las comunidades que hacen parte del Movimiento Ríos Vivos, así como debatir abiertamente y a profundidad la situación de los afectados por Hidroituango, los impactos de Hidroituango y dar celeridad al seguimiento y estudio de la situación de los derechos humanos en el área de influencia del Megaproyecto.