A raíz de la emergencia provocada por Hidroituango en el mes de abril de 2018 decenas de familias se vieron forzadas a huir de las riberas del río Cauca en jurisdicción de los municipios de Sabanalarga, Ituango, Liborina, Buritica, Toledo, Briceño, Peque, Valdivia, Tarazá y Caceres. Muchas de estas familias perdieron sus medios de subsistencia en razón, según investigaciones en curso por la Fiscalía General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, de la indebida actuación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) a través de sus funcionarios quienes taparon con concreto y sin licencia los túneles de desviación del río Cauca ocasionando aguas arriba del muro un represamiento ilegal y aguas abajo una creciente súbita que destruyó puentes y viviendas de cientos de personas.
Esta situación afectó a los ciudadanos del municipio de Sabanalarga que se quedaron sin medios de vida y con la pérdida de sus enseres. Las denuncias respectivas se realizaron ante el señor personero municipal quien además acompañó el rescate y la huida de cientos de personas. Diferentes organismos de control como la Defensoría del Pueblo han solicitado atención urgente de la situación, en particular la necesidad de albergues para la población. El Coordinador de gestión del riesgo municipal realizó el censo de población damnificada y lo remitió a las autoridades departamentales quienes negaron la atención de emergencia. En vista de la ausencia de respuestas de EPM que generó la emergencia, de la imposibilidad de acceder a alimentos y retornar al río las comunidades percibieron que lo que ocurría era un desplazamiento forzado por Hidroituango y realizaron la respectiva declaración de desplazamiento colectivo, trámite que se encuentra en curso por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Es importante resaltar que la población damnificada y desplazada por el megaproyecto también es víctima del conflicto armado. Así mismo acudieron a las oficinas de EPM en Sabanalarga para obtener salidas a la crisis sin obtener respuestas de esta empresa causante de la emergencia, las comunidades siguen esperando en estas oficinas en donde se encuentran refugiados pues no tienen otro lugar al cual acudir.
El 22 de junio notificaron a dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia de una presunta perturbación de la propiedad privada y en la audiencia realizada el 3 de julio de 2018 se impidió que otras personas participaran, el derecho a la legitima defensa, se acosó a los presuntos responsables de la perturbación sin prueba alguna para que dijeran quienes eran los que estaban en las oficinas y el Secretario de Gobierno ordenó un desalojo forzoso sin el cumplimiento de los requisitos legales para el mismo sobre todo si se trata de población vulnerable como es el caso.
Desde el 14 hasta el 18 de agosto notificaron a ocho integrantes del Movimiento de una nueva querella policiva por las mismas razones de la anterior pero en contra de otras personas, en el escrito realizado por Socya una empresa contratada por EPM para “la prestaciónde servicios […] implementación de los programas, proyectos, estrategias y/o actividades que componen el plan de gestión social en la etapa de construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango” se acusa a la comunidad damnificada y afectada entre otras cosas de ser un “grupo invasor”, desconociendo abiertamente que son comunidad, e incumpliendo su objeto contractual que les obliga a la atención de los ciudadanos. El mismo escrito contienen múltiples problemas en la identificación apellidos y nombres que no corresponden y 17 personas no identificadas, incluso con alias que violan el derecho al buen nombre de los ciudadanos, se enumeran una serie de hechos que desconocen el contexto, la vulnerabilidad de las comunidades a las que se hace referencia y que de manera abierta miente sobre lo acontecido, pese a lo anterior, la administración municipal según Auto 165 admitió la querella el mismo día de radicada sin verificación o análisis alguno citando a audiencia el día 21 de agosto. Es evidente para este caso la tensión de derechos que se presenta porque están en juego los derechos de comunidades vulnerables y el derecho a la propiedad privada alegada por Socya, por lo que solicitamos que en la audiencia y todo lo relacionado con esta situación se de un seguimiento especial del Ministerio Público y la ANLA para que este escenario no se constituya en un nuevo hecho victimizante y con ello se viole el derecho a la no repetición.
Como es de conocimiento público el primer respondiente es la administración municipal en cabeza del alcalde en casos de emergencia como el generado por Hidroituango y declarado por la gobernación de Antioquia. En la presente situación a pesar de la superior jerarquía de la gobernación el alcalde municipal de Sabanalarga negó dicha emergencia en el municipio y con ello desconoció los derechos a la atención de la población damnificada. Lo anterior demuestra el conflicto de intereses que hace que el alcalde deba declararse impedido para avanzar como administración en procedimientos policivos pues se trata de asuntos relacionados con su competencia los que han generado la situación aludida por el quejoso a los querellados.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos:
- Se aplace la audiencia hasta que no se verifique el contexto de la situación, se cuente con la presencia del Ministerio Público y la ANLA.
- Se agoten las vías del dialogo antes de un desalojo forzoso respetando las sentencias de la honorable corte en este sentido para población víctima.
- Se brinde de inmediato albergue, alimentación y soluciones a las familias que lo han perdido todo con la emergencia generada por Hidroituango.
- Que la administración municipal se declare impedida para acciones de policía al tratarse de las situaciones relacionadas con la emergencia ocasionada por Hidroituango.