El Movimiento Ríos Vivos Colombia presentará informe ante la Corte Constitucional sobre el incumplimiento de las medidas de protección ordenadas por Juez de la República en favor de las y los integrantes de nuestra organización
Este jueves 28 de abril de 2022 se realizará la audiencia pública virtual convocada por la Corte Constitucional en seguimiento al cumplimiento de la decisión del Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá que ordena amparar el derecho fundamental a la defensa de los derechos humanos de diversos liderazgos y movimientos sociales a nivel nacional, en el caso específico del Movimiento Ríos Vivos obliga a los diferentes entes territoriales responsables de su cumplimiento a implementar medidas de prevención del riesgo y protección integral a los líderes y lideresas de nuestra organización en su labor como defensores de derechos humanos y ambientales en los territorios en donde nos encontremos. Dicha audiencia será transmitida a través de la página web de la Corte y tiene como objetivo actualizar el estado de cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a los líderes y organizaciones accionantes, esto con el fin de valorar la situación actual de la política estatal en materia de protección a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Desde el año 2020 el Movimiento Ríos Vivos ha elevado múltiples solicitudes e insistencias a cada uno de los entes territoriales exigiendo el cumplimiento a la decisión judicial, esto incluye tanto a las administraciones de los municipios donde tiene presencia el Movimiento (Sabanalarga, San Andrés, Toledo, Briceño, Ituango, Valdivia, Caucasia, Tarazá, Yarumal, Medellín, entre otros) como a la Gobernación de Antioquia y Presidencia de la República; así mismo hemos realizado acciones de incidencia para que estos hagan seguimiento al incumplimiento de la decisión judicial ante los entes de control y organismos internacionales, hemos llevado a cabo movilizaciones y manifestaciones pacíficas en el territorio, exigiendo garantías para el ejercicio de nuestra labor como líderes y lideresas sociales y defensores del territorio, los derechos humanos y de la naturaleza.
Sin embargo, la mayoría de administraciones municipales han decidido no acatar las órdenes judiciales, incluso abiertamente desconocerlas, escudándose en argumentos vagos como ausencia de responsabilidad en la materia, supuesta falta de puntualización del Juzgado sobre las entidades encargadas del cumplimiento de las órdenes de tutela y pocos han aceptado reunirse con nuestra organización para abordar el tema del cumplimiento de la tutela sin mostrar una voluntad real de protección y prevención de ataques en contra de un movimiento social como el nuestro y dar cumplimiento a la tutela de manera integral.
Cuidar la vida en Colombia, proclamarse defensores de los derechos humanos y ambientales para las comunidades es una labor riesgosa, sobre todo en un territorio donde, aunado al daño socio-ambiental generado por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, nuestras comunidades sufren la presencia de grupos armados que desplazan, amenazan y extorsionan, existe una amplia presencia militar y de grupos al margen de la ley que contrasta con la fragilidad de las instituciones para cumplir sus obligaciones de protección y garantía de derechos, factores que generan un escenario de alto riesgo personal y organizativo. La obligación del Estado representado en los distintos entes territoriales de velar por nuestra seguridad para que sigamos ejerciendo el legítimo derecho a defender los derechos de nuestras comunidades y nuestros territorios se ve incumplida con la gravedad de la situación que vivimos y mucho más con la negativa al cumplimiento de una orden judicial.