Como víctimas del conflicto armado de la violencia socio-política que padece Colombia y de la violencia ambiental ejercida por Hidroituango, habitantes de las subregiones del norte, occidente y bajo cauca del departamento de Antioquia, que decidimos articularnos en el Movimiento Ríos Vivos aclaramos ante la opinión pública:
- Es falso afirmar que todas las demandas a Empresa Públicas de Medellín (EPM) son por razones económicas. El Movimiento ha instaurado varias sin pretensiones en este sentido incluida la denuncia penal ambiental, para la que contrataron al abogado de Uribe “que no es cualquier cosa”, y la demanda de nulidad de la licencia ambiental. Señor alcalde, por las cientos de masacres que hemos padecido en la zona, al conocer que EPM contrató en nuestra contra al abogado de Uribe sentimos temor y desprecio. Desprecio porque esos miles de millones que se gastan en ese abogado deberían ser para reparar los daños sociales y ambientales que tanto sufrimiento nos han ocasionado y que fueron el motivo de nuestra denuncia.
- No está bien que se especule con las demandas que presentamos las víctimas, así como la presión ejercida por la empresa hoy para que las víctimas no demandemos, pues si usted tuvo derecho a acudir a la justicia nosotros también. Usted lo hace por plata nosotros por justicia y en eso hay una gran diferencia. Presentamos la actualización de demandas en contra de EPM por Hidroituango por valor de $ 73.578.507.642 en el que no se incluye nuestra demanda de reparación (la única con pretensiones económicas por parte de Ríos Vivos) que está aún en solicitud de conciliación ante la Procuraduría.
El anterior asunto no es menor ya que en los últimos meses hemos recibido amenazas en las que paramilitares han buscado a los líderes de Ríos Vivos para expresar “Quihubo ¿Muy contenta con esos millones que le quitaron a EPM? ojo que tanta plata hace daño” así que por favor cuide sus palabras y asuma sus responsabilidades en materia de protección.
- Nosotros como víctimas iniciamos el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la JEP, en conjunto con el MOVICE, desde hace más de 10 años lo hicimos ante la Fiscalía General y hemos acudido mediante audiencias a la CIDH entre otras instancias, en todas ellas buscando justicia. No es la JEP la que ha iniciado un proceso a EPM somos las victimas que acudimos ante este mecanismo, que es un medio entre muchos otros, en búsqueda de la verdad ante un crimen de lesa humanidad.
- Es cierto que nosotros solicitamos el desembalse o reducción del embalse para que fuera posible la búsqueda y rescate de cuerpos que EPM decidió inundar, lo hicimos en el marco de la Audiencia Pública realizada los días 8 y 9 de octubre de 2019. Lamentamos que la JEP afirme no haber considerado nuestra petición y esperamos que el avance del proceso permita que no sólo sea considerada y que conlleve a la toma de una decisión que devuelva la dignidad a las víctimas de desaparición y devele la verdad oculta por Hidroituango.
- Es necesario que nos demuestren que nuestra vida no corre riesgos, por lo que solicitamos que su equipo de ingenieros se reúna con los técnicos que nos acompañan de manera solidaria, pues no tiene usted argumentos certeros, hasta ahora, para afirmar que el proyecto hay que llevarlo hasta el final. Nos preguntamos ¿Cuál es ese final? ¿Una tragedia? sigue usted la misma senda que sus antecesores sin atender a las víctimas y jugando con nuestra vida.
Habla de develar la verdad, pero miente cuando afirma que todo está bien ¿Cuánto vale la obstinación de continuar con un proyecto inviable técnica, económica, social y ambientalmente? Esta obra es un cumulo de errores en todos los sentidos incluido el ingenieril.