Desde el 28 de abril, los colombianos salimos a las calles para protestar contra la repugnante propuesta de reforma tributaria del gobierno, una reforma que sería particularmente desastrosa para las comunidades cuyo sustento ya se había visto comprometido por la construcción de la represa de Hidroituango y ahora lo están aún más vulnerables por la pandemia y sus dificultades económicas, sociales, culturales y ambientales.
Sin embargo, la protesta pacífica se han enfrentado con brutalidad y violaciones de derechos humanos tanto por parte de las fuerzas del orden (principalmente la Policía y el Escuadron Movil Antidisturbios ESMAD) como de los grupos paramilitares ilegales. Hay informes de más de 37 homicidios cometidos por las fuerzas del orden, 831 detenciones arbitrarias, 379 personas desaparecidas, 110 disparos efectuados por la policía con armas de fuego y 222 víctimas de violencia física. Lo que inicialmente fue un paro nacional hoy se ha convertido en una revuelta popular que no tiene dirigencias, en la actualidad no hay posiblidad de negociar un descontento de la magnitud del que se presenta en Colombia, ningún partido politico, sindicato o comité hoy representa a quienes realmente estan en las calles, es por esto que sabemos que sólo los procesos de base lograran conjurar la contunidad o no de las manifestaciones y, de otro lado, reales transforaciones (no negociaciones) que dificilmente llegarán. Hemos constatado como en Colombia hoy no hay autoridades civiles que protejan los derechos de la población, por el contrario estas estan subordinadas a las autoridades militares. En el desespero algunos alcaldes han convocado la creación de frentes comunes entre empresarios y fuerzas de seguridad privada para enfrentar la revuelta, lo que no tiene otro nombre que paramilitarismo ya muy bien conocido por todo el pueblo colombiano. Otros gobernadores y congresistas han reivindicado el derecho a la propiedad por encima del derecho a la vida y mucho más del derecho a participar de las decisiones que nos afectan.
El Movimiento Ríos Vivos insta a la comunidad internacional, los gobiernos y la prensa a presionar al gobierno colombiano para que cumpla con las leyes internacionales de derechos humanos y respete la constitución del país. Este terrorismo de Estado DEBE DETENERSE. La presión internacional y la suspensión de las relaciones diplomáticas son cruciales para asegurar las garantías democráticas y la participación en el estado de derecho en nuestro país.
También hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) (@OAS_official) y a la ONU (@UNHumanRights) para que envíen misiones para monitorear las innumerables violaciones que están ocurriendo en Colombia.
El Movimiento Ríos Vivos se movilizará en el campo, en la región de Antioquia, desde el día 10 mayo. ¡Síganos y monitorea nuestras redes sociales para apoyar la resistencia democrática de base!
“Si un pueblo protesta y marcha en el medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que el virus”
Since April 28th, we Colombians have taken to the streets to protest against the government’s revolting proposal of tax reform, a reform that would be particularly disastrous for the communities whose livelihood had already been compromised by the construction of the Hidroituango dam and are now even more vulnerable from the pandemic and its economic, social, cultural, and environmental hardship.
Peaceful protest has been met, however, with brutality and human rights violations from both law enforcement (particularly the police and the Mobile Anti-disturbance Squad – Escuadron Movil Antidisturbios ESMAD) and illegal paramilitary groups. There are reports of over 37 killings by law enforcement, 831 arbitrary detentions, 379 missing persons, 110 shots fired by the police using firearms, and 222 victims of physical violence.
What was initially a national strike, today has become a popular revolt with no leaders. There is currently no possibility of negotiating a discontent of the magnitude that occurs in Colombia. No political party, union or committee today represents those who are really in the streets. This is why we know that only grassroots processes will determine the continuity or not of the demonstrations and, on the other hand, bring the real transformations (not negotiations) that may hardly come.
We have verified that in Colombia today there are no civil authorities that protect the rights of the population. On the contrary, they are subordinate to the military authorities. In desperation, some mayors have called for the creation of alliances between businessmen and private security forces to confront the revolt, which has no other name than paramilitarism, a practice well known to the entire Colombian people. Other governors and congressmen have claimed the right to property above the right to life, and even further above our right to participate in the decisions that affect us.
Movimiento Ríos Vivos urges the international community, governments, and the press to pressure the Colombian government to comply with international human rights laws and respect the country’s constitution. This State terrorism MUST STOP. International pressure and the suspension of diplomatic relations are crucial in ensuring democratic guarantees and participation under rule of law in our country.
We also appeal to the Organization of American States (OAS) (@OAS_official) and the UN (@UNHumanRights) to send missions to monitor the countless violations happening in Colombia.
Movimiento Ríos Vivos will be mobilizing in the countryside, in the region of Antioquia, from May 10. Please follow us and monitor our social media to support grassroots democratic resistance!