Las medidas cautelares no dan espera
Este 8 y 9 de octubre de 2019 se realizó la audiencia de ampliación de la información sobre la solicitud de medidas cautelares para el caso Hidroituango presentada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y el Movimiento Ríos Vivos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición (SIVJRNR), derivado del Acuerdo de Paz.
En dicha audiencia, las organizaciones de víctimas ilustramos ampliamente la necesidad de una inmediata decisión por parte de la JEP en relación con esta solicitud de medidas de prevención y protección de sitios donde están enterradas miles de personas.
Según lo expuso el Movimiento Ríos Vivos, que agrupa a 15 organizaciones de campesinos y campesinas, barequeros y barequeras del cañón del río Cauca afectados por la represa Hidroituango, si bien las medidas se solicitaron sobre muchos más municipios la JEP ha decidido priorizar inicialmente seis, buscamos la protección de los lugares de enterramiento, cementerios y fosas comunes de toda el área de influencia del megaproyecto, es decir, 27 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre, donde podría haber, según cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio, más de 3.000 víctimas de desaparición forzada que representan el 3.22% del total nacional considerados por la Fiscalía hasta el 29 de agosto de 2019 en 96.195 víctimas de este flagelo.
De los municipios afectados, uno de los que ha tenido índices más altos de violencia es Tarazá donde ocurrieron al menos 10 masacres y se encuentran desaparecidas según el mismo registro de la Fiscalía 494 casos, este municipio fue el de mayor influencia del Bloque Mineros un grupo paramilitar reconocido por sus atrocidades y por tener políticas criminales directamente relacionadas con el río Cauca como las prácticas de desaparición por inmersión en río cuerpos enteros y desmembrados, así como de fosas comunes en la zona, algunas al nivel del río. Es de destacar que EPM–Hidroituango tuvo conocimiento todo el tiempo de la violencia de estos grupos en la zona e incluso usó el conflicto armado como excusa para justificar los problemas para participación de las comunidades en el conocimiento de los impactos de la obra, pero el mismo conflicto y las víctimas que iba dejando a su paso no fueron razón para detener la obra, a pesar de las súplicas de las comunidades por parar la obra para proteger los sitios.
El Movimiento Ríos Vivos solicitó a la JEP revisar las versiones libres rendidas por al menos 12 integrantes de esta estructura que aseguraron haber usado el río como sitio de enterramiento. La represa Hidroituango sigue siendo un riesgo grave para la búsqueda e identificación de los cuerpos, no sólo por la inundación sino por derrumbes y las reiterativas contingencias de la obra, así como megaproyectos mineros en Antioquia y de hidrocarburos en la Mojana que también avanzan en la zona de interés para la búsqueda. Los riesgos de avanzar en obras de infraestructura y megaproyectos minero energéticos en esta zona son tanto para los vivos como para los muertos.
Por su parte, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ubicó los hechos en el contexto de la violencia sociopolítica vivida en el departamento de Antioquia que dejó cerca de 2 millones de víctimas, según diferentes estadísticas. En relación con la desaparición forzada, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas hay más de once mil personas dadas por desaparecidas en Antioquia, mientras que el Observatorio de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH del Centro Nacional de Memoria Histórica establece que son 17.214 víctimas directas, y que se presentaron en el departamento 1.252 masacres que dejaron alrededor de 3.068 personas asesinadas, muchas arrojadas a los ríos o inhumadas en fosas y cementerios sin que sus familias pudieran sepultarlas dignamente.
El Movice insistió en que no se trató de hechos aislados y que desde los años noventa en el marco de la estrategia de planeación “Antioquia Siglo 21, la mejor esquina de América”, se definió construcción de la represa hoy conocida como el macroproyecto Hidroituango, acompañada de la militarización de los territorios y la persecución a sus opositores. Paralelamente llegó el paramilitarismo que, curiosamente, cumplió un papel de favorecimiento de los intereses de los empresarios mediante una dinámica de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado de familias y comunidades que habitaban el territorio de influencia de la represa.
Ante este panorama presentado por las organizaciones, las respuestas de las instituciones estatales y otras relacionadas con el proyecto resultaron insólitas y revictimizantes, a tal punto de causar perplejidad en los magistrados de la JEP.
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior referenció visitas a cementerios legales y capacitación de sepultureros como la principal intervención en relación con esta tragedia humanitaria. La encargada de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia se limitó a citar espacios de participación dinamizados por la voluntad de las organizaciones sociales, no pudo precisar una cifra de víctimas de desaparición forzada a nivel departamental ni tampoco en el área de influencia del proyecto pese a existir una mesa técnica sobre desapariciones forzadas de Hidroituango.
Cabe recordar aquí que en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de mayo de 2018 previamente al llenado precipitado de la represa, la Fiscalía afirmó que no había cuerpos en el área de llenado del embalse que correspondía al 1% de la zona de impacto del proyecto pero que sí se habían recuperado cerca de 200 cuerpos en trabajo conjunto con la Fiscalía. Esta cifra fue reiterada en la audiencia ante la JEP donde la Fiscalía reconoció que según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica puede haber un total de cerca de 664 cuerpos en los seis municipios priorizados hasta el momento para las medidas cautelares.
Las direcciones de asuntos indígenas y consulta previa no se presentaron, lo que llevó a los jueces a iniciar un incidente de desacato contra estos funcionarios. La audiencia se quedó sin conocer por qué EPM–Hidroituango hizo la consulta previa siete años después de haberse dado inicio a las obras o por qué se desconoció la existencia del pueblo Nutabe en varios estudios para las licencias ambientales de la obra y sus modificaciones. Este desaire es solo un ejemplo de lo que las comunidades del río Cauca y las víctimas de Crímenes de Estado han afrontado en la búsqueda de sus desaparecidas y desaparecidos.
Pero quizás la intervención más reveladora del manejo que le ha dado la empresa EPM y su socio Hidroituango S.A. a la tragedia humanitaria de la desaparición forzada en la zona fue de la investigadora de la Universidad de Antioquia Timisay Monsalve quien expuso que en el marco de un contrato suscrito por EPM con la firma Integral y la participación del grupo de Investigación sobre formación y antropología pedagógica e histórica de la Universidad de Antioquia del cual hace parte, se trasladaron tres cementerios en Peque, Sabanalarga y Buriticá en los cuales se exhumaron 349 cuerpos y hasta ahora se han identificado sólo 22 el resto reposa en los laboratorios de la Universidad, pero además se lavaron sus ropas y no existe forma de garantizar que no hay víctimas del delito de desaparición forzada u otro tipo de violencia.
De igual manera, el contrato suscrito con la Fundación Socya puso de presente que EPM–Hidroituango realizó labores de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos de manera indebida, en el marco de un convenio que no tenía tal fin, como lo reconoció la misma Fundación. Esto aumentó el riesgo para las comunidades y para la verdad histórica de lo ocurrido en la zona, ya que la mencionada firma descartó la existencia de cuerpos en varios puntos señalados por las comunidades ribereñas.
Las víctimas asistentes a la audiencia expresaron que tanto EPM, como la Fiscalía y la Fundación Socya mintieron en la Audiencia sobre varios aspectos de la realidad concreta de la desaparición forzada, las fosas comunes y sobre todo la mayor indignación fue escuchar mentiras sobre el territorio, las presuntas dinámicas del río que le adjudicaron desde su desconocimiento y sobre todo la infame observación sobre la imposibilidad de que existan cuerpos en el territorio.
Saludamos, en este sentido, la decisión de la JEP de decretar una inspección judicial a los laboratorios de la Universidad de Antioquia donde reposan cientos de cuerpos. También las órdenes impartidas a la Fiscalía y la Gobernación sobre información concreta y actualizada sobre personas dadas por desaparecidas en la zona, así como la solicitud de un cronograma y plan de búsqueda al partido FARC para la identificación y entrega digna de cerca de 20 personas dadas por desaparecidas cuya información entregó en el marco de la audiencia.
En vista de todo lo anterior, ante la gravedad y la urgencia de la situación reiteramos nuestra solicitud de que la JEP decrete las medidas cautelares solicitadas sobre los sitios de enterramiento del cañón del río Cauca ubicados en los municipios de Peque, Ituango, Valdivia, Briceño, Sabanalarga y Toledo, y que dichas medidas deben extenderse a toda la zona afectada por el megaproyecto tanto aguas arriba como aguas abajo.
Solicitamos también dentro de dichas medidas declarar sitios sagrados de memoria y duelo a lugares como puente Pescadero (entre Ituango y Toledo), La Garrucha (Entre Sabanalarga y Peque) y Puente Viejo (en Puerto Valdivia), las playas, los remansos, las rocas gigantes y los cementerios entre otros.
La protección de los sitios de enterramiento supone también la suspensión de la obra como ya lo ha decretado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el desagüe regulado y controlado junto con la labor de arqueología marina necesaria para el hallazgo de los sitios de enterramiento aguas arriba. Aguas abajo, las medidas deben ser el control de descargue de aguas, la siembra de bosques de galerías que controlen los procesos erosivos de la ribera del río y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, proceso que debe hacerse de forma participativa, con plenas garantías y protección de las víctimas y sus comunidades y con quienes han preservado la memoria, no solo de los sitios de enterramiento sino de la verdad de lo ocurrido en décadas de guerra.
También solicitamos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), priorizar la zona de influencia del megaproyecto y elaborar un plan de búsqueda interinstitucional cuyo objetivo sea encontrar a las personas con vida o entregar sus cuerpos a sus seres queridos.
Emprender la búsqueda ya de las desaparecidas y los desaparecidos del cañón del río Cauca puede ser una oportunidad para que el departamento y el país reconozcan la magnitud de la violencia y el conflicto armado que hemos vivido. como garantía de no repetición. Para poner por encima de los intereses económicos las consideraciones humanitarias, la memoria y la verdad de las víctimas.
