Desvío del río Cauca, tala indiscriminada de bosques, hechos de corrupción, destrucción de las economías campesinas de la región y revictimización de poblaciones afectadas por el conflicto armado y la violencia sociopolítica, son los principales argumentos de la solicitud
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia, y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” interpondrán ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad de la licencia ambiental otorgada al megaproyecto Hidroituango expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a través de la Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009, referida tanto a la falta de participación efectiva de las comunidades afectadas, como a las irregularidades que se han presentado en todo el procedimiento ambiental.
Estas irregularidades incluyen al menos 16 modificaciones que han causado desalojos, contaminación y el desvío el cañón del río Cauca, junto con otras violaciones a los derechos humanos de estas comunidades, víctimas del conflicto armado y del megaproyecto. Cabe señalar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha suspendido provisionalmente la licencia ambiental a Hidroituango en tres ocasiones.
Este megaproyecto afecta a los municipios de Antioquia como Briceño, Buriticá, Cáceres, Caucasia, Ebéjico, Ituango, Liborina, Nechí, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santafé de Antioquia, Tarazá, Toledo, Valdivia y Yarumal, a municipios de Bolívar como Achí, Gurandá y Magangué y al municipio de San Jacinto del Cauca del Departamento de Sucre, todos de vocación agrícola, pesquera y barequera.
Hidroituango se perfila como la hidroeléctrica más grande del país, y sus obras son ejecutadas por el Grupo EPM conformado por Empresas Públicas de Medellín – EPM e Hidroituango S.A. E.S.P. La mayoría accionaria del Grupo es de la Gobernación de Antioquia.
Dentro de sus obras de adecuación, se desarrolla la construcción de un muro de 225 metros, el cual creará un embalse cuya extensión alcanzará 79 kilómetros a lo largo de Cañón del Río Cauca, que ya ha comenzado a desviar su curso generado desplazamientos ambientales humanos y no humanos sin precedentes, en las 26mil hectáreas que se ven afectadas por esta megaobra, un impacto más grave aún que el generado por violencia sociopolítica y el conflicto armado desde finales de los años 90 en la región.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia está integrado por 14 asociaciones de campesinas y campesinos afectados, quienes también exigen que se anule la licencia ambiental por la tala indiscriminada de más de 4.000 hectáreas de bosque seco tropical del Cañón del Río Cauca, ecosistema especialmente protegido por tratados internacionales y normatividad interna.
La construcción de las obras de la represa Hidroituango también involucra los recientes escándalos de corrupción. El pasado 22 de marzo en el Concejo Municipal de Medellín se llevó a cabo debate de control político al megaproyecto en el que se denunció que Camargo y Correa (firma brasileña involucrada en sobornos e incumplimientos dentro del llamado escándalo Odebrecht) junto con Conconcreto y Coninsa Ramón H, conforman el Consorcio CCC encargado de la construcción de la vía Puerto Valdivia a Zona de Presa que hace parte del megaproyecto. En el debate, se denunció que el contrato del Consorcio CCC cuenta con 23 actas de modificación que han tenido adiciones por un valor de $663.807 millones que equivalen al 35% del valor inicial y prórrogas derivadas de incumplimientos en la licencia ambiental.
El desarrollo del megaproyecto Hidroituango tampoco ha sido ajeno a los hechos de violencia socio-política presentada en la región y de forma selectiva contra el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, víctima de desplazamiento, detenciones arbitrarias, asesinatos de dos de sus líderes, persecución y señalamientos. Dentro de los argumentos presentados en la solicitud de nulidad, se destaca la coincidencia territorial del área de influencia del megaproyecto con la ocurrencia de 54 masacres, múltiples homicidios selectivos, torturas, despojos, desplazamientos y desapariciones, entre otros hechos violentos perpetrados por grupos paramilitares pertenecientes a las AUC, Bloque Mineros y Bloque Noroccidental desde finales de los 90. Cabe recordar que El Estado colombiano fue condenado por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en esta zona, y que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó que se investigara la relación que existe entre estos crímenes y el desarrollo del proyecto Hidroituango.
